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Authors: Manuel Montero

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Historia Del País Vasco (15 page)

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Los generales Maroto y Espartero.

Las Diputaciones se adhirieron después a la sublevación moderada de octubre de 1841, cuyo principal escenario fueron las provincias forales. Iniciada en Pamplona, se sumó la guarnición de Vitoria, donde Manuel Montes de Oca, antiguo ministro de Mª Cristina, se puso al frente del levantamiento, que fracasó. Casi sin apoyo fuera del País Vasco, incluso las adhesiones locales habían sido escasas. Montes de Oca fue ejecutado en Vitoria.

Tras su triunfo Espartero abolió los Fueros, con el Decreto de 29 de octubre de 1841. Vulneraba la ley de 1839: no era decisión de las Cortes, ni se había oído a las provincias forales. Y es que el liberalismo progresista quería eliminar un foco propicio para ulteriores levantamientos. El Jefe Político (similar al actual gobernador civil) se haría cargo del orden publico; diputaciones y ayuntamientos dejarían de organizarse según uso y costumbre y se aplicaban los nuevos sistemas electorales; desaparecían las Juntas Generales; subsistía el Derecho Civil foral, pero no las peculiaridades de la organización judicial, al dividirse el territorio en partidos; desaparecía el pase foral; las aduanas se trasladaban a la costa y frontera.

Nada decía el Decreto sobre la exención fiscal y militar, pero anunciaba que se aplicarían sin trabas las leyes generales de la monarquía. Así, la medida se entendió como el ocaso de las libertades vascas. Espartero, consciente de que seria mal recibida, disolvió el Ejército del Norte, para reconstituirlo personalmente y evitar nuevas sublevaciones, por influencia de los moderados locales. Para atraerse a las Vascongadas, pedía una relación de los daños de la guerra, con vistas a futuras indemnizaciones.

Espartero perdió el poder en mayo de 1843, tras un pronunciamiento en el que participaron las guarniciones locales. Y entre 1844 y 1854, la
década moderada,
retuvieron el Gobierno los moderados. Ante la cuestión vasca adoptaron una actitud diferente a la progresista. Primero, por oportunidad política: si los fueros habían sucumbido como castigo a una sublevación
moderada, era
lógico que ahora los restaurasen. En segundo lugar, por razones ideológicas: frente al dogmatismo progresista preferían el pragmatismo; el concepto de soberanía nacional no era para ellos principio radical, pues defendían la adecuación a las realidades históricas.

El
Decreto de 4 de julio de 1844
restituyó parte de los fueros. Volvían las Juntas Generales y las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos recuperaban sus competencias tradicionales. Sin embargo, no se restablecía el pase foral, ni se retocaban las aduanas ni los procedimientos electorales liberales, la organización judicial y las competencias de orden público del jefe político, ahora llamado
corregidor político,
que presidiría las Juntas.

Se gestaba así un nuevo sistema político, que engarzaba con la tradición foral, pero que tenía nuevos componentes. De ello es buen reflejo el régimen de doble diputación. Subsistían las Diputaciones Provinciales, si bien con reducidas competencias: tutelaban las elecciones y controlaban la libertad de prensa. Las Diputaciones Forales, designadas por las Juntas, concentraban, con estas excepciones, sus competencias tradicionales y las de las diputaciones constitucionales.

Después, los moderados incrementaron el autogobierno de las Vascongadas. La
Real Orden de 6 de marzo de 1849
del Ministerio de Gobernación concedió a la Diputación de Álava la facultad de entender sobre los presupuestos municipales, tradicionalmente en manos del poder central. La medida amplió notablemente las atribuciones de la diputación alavesa, pese a su escaso rango jurídico. En 1853 se extendió similar capacidad a las Diputaciones vizcaína y gipuzkoana. Por vez primera en la historia foral las tres provincias se configuraron como marcos administrativos autónomos.

Así, durante la última etapa foral las Vascongadas siguieron una evolución contradictoria. Desaparecieron competencias políticas, como el
pase foral,
pero se amplió la autonomía administrativa y económica, aun sin engarzarse en el sistema constitucional. Pese a la indefinición jurídica, a la burguesía vasca le resultaban satisfactorias las exenciones, la autonomía y, también, la aplicación de las más características medidas liberales.

Y es que se introducían los cambios propugnados por la revolución burguesa, pues el liberalismo no se reducía a las transformaciones del régimen foral. Se generalizaban nuevos conceptos, gestados en torno al individualismo burgués. Se liberalizaba la propiedad de las minas y se desarrollaba la desamortización eclesiástica, regulada por las leyes de Mendizábal de 1835 y 1836, el mejor ejemplo del triunfo de los esquemas burgueses: tras el Convenio de Bergara se emprendió en el País Vasco la venta de los bienes de la Iglesia. Aunque éstos sólo en Navarra y en Álava alcanzaban cierta envergadura, la desamortización tenía hondo significado, por el poder ideológico de la Iglesia y su animadversión al liberalismo.

La desamortización suscitó resistencias sociales, alentadas por el tradicionalismo, que desanimó a eventuales compradores. Aún así, entre 1841 y 1844, durante el período progresista, alcanzó rápido ritmo. Se interrumpió en 1844, con los moderados. Contra lo pretendido, los campesinos apenas participaron, por su debilidad económica, por no ofertarse las tierras en condiciones adecuadas, o por la hostilidad a unas ventas que condenaba la Iglesia. Por lo común, los compradores residían en los núcleos urbanos. Pese a las trabas tradicionalistas, se aplicó también la desamortización de Madoz, a partir de 1855, con menos dificultades.

Pese a los vaivenes del período (en el que rigieron tres constituciones, las de 1837, 1845 y 1869) y las luchas políticas entre moderados y progresistas, el nuevo régimen, que podría calificarse como una adaptación foral del liberalismo, propició unos años de relativa estabilidad. La mayor autonomía administrativa y económica compensó, desde la perspectiva burguesa, los déficits de legitimidad que tenía el nuevo sistema de autogobierno, así como la pérdida de algunos derechos forales.

Los comienzos de la modernización económica

En los años cuarenta, tras el traslado aduanero, diversas iniciativas burguesas comenzaron a modernizar la economía, cuyas bases tradicionales (las ferrerías, el tráfico de lana…) se habían hundido.

El trigo, que desde 1841 exportó España durante unos 40 años, se convirtió en la base del comercio vasco. La burguesía mercantil mantuvo así sus negocios y pudo afrontar empresas innovadoras, como las que querían mejorar las comunicaciones.

La burguesía bilbaína intentó promover un ferrocarril en 1845, para situar a la villa en un punto estratégico dentro de los enlaces de la meseta con Francia y el Cantábrico y hacer frente al proyecto de una línea Avilés-Madrid, con la que peligraba su participación en el comercio castellano. Se formó la
Compañía del Ferrocarril Madrid Irún por Bilbao,
con sede en París y colaboración madrileña y extranjera, pero la línea no se construyó, al no desembolsarse el capital por la crisis financiera de 1846.

La construcción de maquinaria fue uno de los sectores que se desarrolló en Bizkaia en el primer tercio del siglo XX.

Otras iniciativas consiguieron transformar algunas ferrerías en modernas metalurgias. Así, en Gipuzkoa funcionaban en 1860 varias fábricas de hierro colado, fundiciones y de armas, nacidas de esta reconversión. Similar renovación se producía en las ferrerías alavesas de Araya. Y en varias localidades vizcaínas (Valmaseda, Durango, Amorebieta, Galdácano, Begoña, Ortuella) se reconvirtieron antiguas instalaciones, como sucedió con la
Santa Ana de Bolueta,
creada en 1841 por unos comerciantes que importaron técnicas europeas. Resultaron decisivas las iniciativas de los mineros y comerciantes Ibarra Hermanos. En 1846 formaron la
Fábrica de Nuestra Señora de la Merced
para explotar unas instalaciones de Guriezo. Estaba mal comunicada, por lo que en 1855 los Ybarra fundaron en Baracaldo la
Fábrica de Nuestra Señora del Carmen,
pionera en la industrialización del Nervión. Construyó hacia 1872 el primer alto horno de carbón mineral del País Vasco.

«La ria es una de las cosas mas sugestivas de España. no creo que nada exista en la Península que dé una impresión de fuerza, de trabajo y de energía como esos catorce o quince kilómetros de via fluvial»,
escribió Pío Baroja.

De índole modernizadora fue también la creación de papeleras en el valle del Oria, iniciada en 1841 por
La Esperanza,
de los comerciantes donostiarras
Brunet, Tantonat y Guardamino,
a la que siguieron las fábricas de Irura (1843), Txarama (1856), Amaroz (1858)…

Los intereses prioritarios de la burguesía vasca seguían siendo los mercantiles, pero algunas iniciativas de los comerciantes resultaron decisivas, como las del Ferrocarril Tudela-Bilbao y del Banco de Bilbao. La burguesía bilbaína vivía críticas circunstancias. En 1855 un grupo francés fundó la
Compañía de los Caminos de Hierro de! Norte de España,
para construir el Madrid-Irún a través de Miranda de Ebro, Vitoria y Alsasua. Bizkaia se quedaba al margen de la principal conexión de la meseta con el norte. Los comerciantes locales decidieron entonces promover una línea desde Bilbao al interior; y crear el Banco de Bilbao, para dotarle de una base financiera. Los dos primeros ferrocarriles que cruzaron el País Vasco fueron así el del Norte, que unía Irún y Miranda del Ebro en 1864, y el Tudela-Bilbao, que funcionó desde 1863, conectaba con el anterior en Miranda y lo financiaron en lo fundamental capitales de las comarcas afectadas.

La modernización económica del País Vasco llevó a la aparición de muy diversos sectores productivos. La fábrica
Chocolates Bilbainos
(Chobil) se constituyó en 1920. La fotografía corresponde a 1960.

La
Compañía del Ferrocarril Tudela-Bilbao
fue absorbida por la del Norte en 1878, pero había conseguido su objetivo de conectar a Bilbao con el mercado interior. El Banco de Bilbao, también de 1857, sobrevivió, como un banco comercial que hasta 1874 tuvo la capacidad de emitir papel moneda.

El desarrollo de la desamortización de Madoz, que afectó desde 855 a los bienes comunales, además de a los eclesiásticos, fue otro éxito del liberalismo burgués. En el País Vasco no tuvo gran importancia económica, pero sí política: simbolizaba el triunfo de la idea burguesa de la propiedad.

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