Un rey golpe a golpe (42 page)

El juez Garzón estaba fuera de control. En 1996, con su habitual falta de discreción, el monarca, con Julio Anguita y delante de una botella de vino de Moriles, expresó como si nada su opinión de que el instructor del principal sumario de los GAL era «un fantasma», con demasiadas ansias de protagonismo y notoriedad. Más adelante su comentario trascendió y Garzón, muy ofendido, comenzó a decir a diestro y siniestro: «¡Parece mentira! ¡Con los favores que yo le he hecho…!»

Inmediatamente, Juan Carlos telefoneó a Garzón para «aclarar» las cosas, pedirle disculpas, y certificarle lo mucho que se le quería en La Zarzuela… para que, al menos, las cosas no empeoraran.

Como preparación del juicio, en el que estaban encausados el ex-ministro de Interior José Barrionuevo y el ex-secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, hubo de todo. Entre otras cosas, la denuncia de una tercera conspiración para derrocar al Gobierno y la monarquía, esta vez centrada en transmitir la idea de que el tema GAL había sido una maquinación periodística. Para ello contaron con la ayuda inestimable de Luis María Ansón, por lo que el episodio fue bautizado popularmente como «la ansonada». En enero de 1998, Ansón concedió una entrevista a un presunto periodista, hermano del ex-ministro Juan Alberto Belloch, que se publicó en el semanario Tiempo.

Relataba que Felipe González había sido víctima de una conspiración para poner fin al Gobierno que presidía, en la cual él mismo había participado junto con un grupo de periodistas de varios medios de comunicación (entre los cuales figuraban Pedro J. Ramírez, Antonio Herrero, Pablo Sebastián, Manuel Martín Ferrand y otros). Siguiendo la tradición de los dos intentos de chantaje denunciados anteriormente a la prensa, incluyó también a un personaje de carácter. Si antes los protagonistas habían sido Mario Conde y Javier de la Rosa, esta vez le tocó el turno a Antonio García Trevijano. Y, desde luego, también en la línea de las anteriores conjuras contra el Gobierno, aseguró que el anhelo último era derrocar a la monarquía. Se tenía que destacar tantas veces como hiciera falta que los destinos de Felipe González y el rey Juan Carlos estaban indefectiblemente unidos. Esto en concreto daba un toque un poco surrealista a la historia, viniendo de un monárquico redomado como Luis María Ansón; pero el director de
ABC
no ahorró detalles, hasta fijar el escenario de las reuniones en su propio despacho, para dar verosimilitud al relato.

Más tarde se supo que «la ansonada», una epopeya que casi nadie se llegó a creer nunca, había sido en realidad urdida durante un ágape en el restaurante El Cenador de Salvador, al cual asistieron Ansón, Vera, Barrionuevo y Corcuera, poco antes de la publicación de la entrevista. Por lo menos hacía un año que los antiguos dirigentes de los GAL presionaban por todos lados para conseguir un trato favorable en el juicio que tenían pendiente, chantajeando a varios personajes públicos con vídeos sexuales y otras pruebas documentales que tenían contra ellos. Según varias fuentes (que constan en un sumario instruido por el juez Garzón en 1998), entre estas personas estaba incluso el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Aunque, sin duda, el caso más conocido fue el de Pedro J. Ramírez, porque parece que no se dejó chantajear y el famoso vídeo del corsé rojo acabó saliendo a la luz. El vídeo del director de
El Mundo
, filmado unos meses antes, se había distribuido por correspondencia en octubre de 1997 y después circularon copias de mano en mano por toda España.

Pero también aparecieron fotos en el diario
Ya
, entonces dirigido por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni, entrevistador del falso Anglés, víctima de un intento de asesinato por encargo de su propia esposa y gran amigo de Rafael Vera, a quien se ha visto en fiestas en su chalé junto al adivino Rappel y a Jorge Argote (abogado del Ministerio del Interior), entre otros especímenes del zoológico privado de don Emilio.

Nunca se ha sabido con qué argumentos fue presionado Luis María Ansón para colaborar con Vera y Barrionuevo. Ni se sabrá, como es lógico suponer, tras el alto precio en prestigio personal que el periodista tuvo que pagar. Para los artífices del invento, la peripecia tuvo su pequeña compensación cuando la teoría de la conspiración salió a la luz durante el juicio en el Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey. En su declaración como testigo, Narcís Serra, ex-ministro de Defensa, dijo: «Luis María Ansón me advirtió que iba a comenzar una campaña para obligar a González a dejar el Gobierno y con la monarquía como objetivo final». Pero tampoco sirvió de mucho.

Consciente de que aún estaba todo en el aire, Felipe González redobló sus esfuerzos los meses previos a la vista de la causa, enviando múltiples mensajes al monarca por diversos conductos. Y todavía continuó infatigablemente durante el juicio, que se celebró a lo largo de los meses de junio y julio de 1998.

En la vista, Vera y Barrionuevo no perdieron los papeles y dejaron a sus superiores fuera de todo el asunto. Al margen de esto, fue un verdadero circo en el que no faltó de nada. Fuera de la sala del Tribunal Supremo también se sucedían las comparecencias de unos y otros, en más de una docena de entrevistas de dos en dos, en diversos escenarios: entre González y Sabino Fernández Campo (uno de los canales que utilizó el ex-presidente por encargo del rey); entre Aznar y el rey; entre González y el rey; entre Aznar y la ministra de Justicia… Todas orientadas a ver cómo se solucionaba todo aquello. El compromiso definitivo lo sellaron Juan Carlos y José María Aznar, una vez finalizado el juicio, en agosto, en lo que se conoció como el «pacto de Marivent». El gran defensor del respeto a las decisiones judiciales, Aznar, acudió a un despacho oficial en Mallorca con el árbitro y moderador del buen funcionamiento de las instituciones, Juan Carlos, y al parecer, el encuentro fue un poco tenso. Aun así, acabaron llegando a un acuerdo.

La sentencia se conoció el 10 de septiembre. Rafael Vera y José Barrionuevo habían sido condenados a 10 años de prisión cada uno, y Felipe González los despidió a la puerta de la prisión de Guadalajara pocos días después. Pero ni el ex-secretario de Estado para la Seguridad ni el ex-ministro de Interior se quedaron demasiado tiempo haciendo footing en el patio del módulo que tenían para ellos solos. No había acabado el año 1999 cuando les llegó el indulto.

EL CASO KIO, UN EXPEDIENTE ABIERTO

En la actualidad, una de las preocupaciones más grandes que intranquilizan el ánimo del rey Juan Carlos es el expediente abierto del caso KIO. Ya era una inquietud por lo menos desde 1993, debido a la implicación en el caso de su querido amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal. Sosteniéndose por un hilo como se sostenía la cabeza de su querido Manolo, era lógico pensar que el rey se preocupara por sí mismo, sobre todo teniendo en cuenta que al ex-embajador real los problemas con la justicia le llegan en un momento delicado de salud. Al final, los tribunales quieren amargarle los últimos momentos. Esto a un amigo de verdad le tiene que doler en el alma, tanto como si el afectado fuera él mismo. Sin embargo, por ahora, la cosa está bastante peor desde que Javier de la Rosa, el 26 de octubre del año 2000, presentara en la Audiencia Nacional una declaración en la que involucraba directamente al monarca. El caso KIO fue la obra máxima del sistema de corrupción imperante en el Estado español durante la etapa de Gobierno del PSOE. Las cifras que se manejaron no tenían ni punto de comparación con las de otros casos famosos. Ni tampoco la categoría de los personajes involucrados. Aquí es imposible hablar de inculpados de «última fila». No hay sicarios ejecutores que puedan pagar el pato por sus superiores. Como una pieza clave en un rompecabezas misterioso e invisible, el caso KIO los va reuniendo a todos, aunque algunos sólo estén relacionados de una manera marginal o sólo participen como «enterados» de lujo: Manuel Prado, De la Rosa, Sarasola, Felipe González, Juan Carlos de Borbón, Ruiz Mateos, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, Luis María Ansón… Quienes acusan, los perjudicados, no están bajo el control de las instituciones del Estado español, son extranjeros. Es necesario recordar, una vez más y antes de empezar a narrar los hechos, que el rey es inmune. Javier de la Rosa ha acusado formalmente a Juan Carlos de haber hecho de intermediario en el pago de 100 millones de dólares de KIO (unos 15.000 millones de pesetas entregados a Manuel Prado y Colón de Carvajal, entre 1990 y 1992). Para ello ha presentado un voluminoso escrito de 68 folios ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en el que la jueza Teresa Palacios investiga el caso Torras-KIO. Antes, en mayo de 1997, Manuel Prado ya había reconocido el cobro ante los tribunales. El dinero, como aclaró la investigación judicial, había sido depositado en dos cuentas de la SGA (Sociedad General Alsaciense) en Suiza, donde Prado tiene fijada su residencia oficial desde 1985. Lo que no se acabó de explicar fue por qué, qué se pretendía pagar con una suma tan elevada. Prado pretendió justificarlo como pago por sus dictámenes y trabajos de asesoría realizados para el catalán, pero nadie le ha creído y las investigaciones siguen adelante cada vez más enmarañadas.

Hacía unos cuántos años que Javier de la Rosa se quería aproximar a La Zarzuela, cuando tuvieron lugar estos hechos. En 1988, se unió a un grupo de empresarios catalanes para regalar al rey un Porsche Carrera de 24 millones para su aniversario. Pero las relaciones empezaron a ser más próximas y personales desde que hizo negocios con Prado, en 1990. Entre otras cosas, Prado llegó a ser vicepresidente de Gran Tibidabo, el gran proyecto de De la Rosa para Cataluña. Y fue Prado quien introdujo a De la Rosa en palacio. El financiero catalán, gracias a él, fue recibido en privado con su mujer y sus hijos por el rey, que les invitó a comer. Uno de los hijos de De la Rosa hizo fotos como recuerdo. Y después De la Rosa presumió mucho en todas partes de su gran amistad con el monarca, cosa que aprovechó para sus negocios. En fechas próximas a las de las peripecias relacionadas con el cobro de los 100 millones de dólares, Sabino Fernández Campo, cuando todavía era secretario de la Casa Real, a petición del monarca acudió un día al piso que Javier de la Rosa solía utilizar durante sus estancias en Madrid, en el Paseo de la Castellana, para transmitirle un mensaje: «Dile que, de parte del rey, todo está arreglado y que muchas gracias». Esta entrevista fue confirmada por el mismo Sabino, después de que lo publicaran varios medios, cuando el ex-secretario fue llamado a declarar, aunque se limitó a decir que había ido por motivos personales. De la Rosa también asegura que tiene un vídeo, filmado en el Hotel Claridge de Londres, en el que don Juan Carlos le da las gracias en privado por los dineros de KIO. Que se vieron en ese hotel está confirmado, aunque el vídeo no lo vio nunca nadie. Claro está que, en un cacheo a Javier de la Rosa después de que ingresara en prisión por el caso Tibidabo, se le encontró mucha «documentación comprometedora», que el juez Joaquín Aguirre ordenó destruir y es posible que, si alguna vez existió, ya no exista.

El caso KIO tuvo su origen en la invasión de Kuwait por el ejército de Saddam Hussein (agosto de 1990), que motivó la intervención norteamericana y británica para expulsar a los iraquíes. El interés de las grandes potencias en el conflicto no era altruista. Kuwait suministraba el 6% del petróleo que se consumía en Occidente. Aquel mismo mes de agosto, De la Rosa habló con Enrique Sarasola (el amigo de Felipe González) y con Carlos Solchaga (entonces ministro de Economía) para poder desbloquear las cuentas de KIO y operar con sus fondos, puesto que el grupo quería colaborar en los gastos de la guerra de su país (para comprar armamento, contratar mercenarios…). Y, desde luego, obtuvo carta blanca. A muchos se les pusieron los ojos como platos pensando en el enorme pastel que había para repartir. Las guerras suelen resultar muy rentables para unos cuantos. Y ésta no iba a ser menos. Pero, del dinero que manejaba De la Rosa, se le perdió el rastro a una suma considerable. Tras el conflicto armado en el Golfo, a los de KIO no les cuadraban las cuentas.

Descubrieron que habían desaparecido unos 60.000 millones de pesetas de las cuentas que la Kuwait Investment Office (KIO) tenía en su filial española, el grupo Torras.

En octubre de 1992 empezaron las querellas en Londres y Madrid contra los responsables de KIO en Kuwait, y contra De la Rosa en España. Aparte de todos los detalles sobre dónde había ido a parar el dinero, querían que éste les fuera devuelto. Uno de los beneficiados había sido Manuel Prado y Colón de Carvajal. Sus negocios con De la Rosa habían empezado poco antes, con el proyecto del Castillo de los Gracianos (un negocio ruinoso para el que Prado necesitaba financiación; un complejo urbanístico de 200 hectáreas con campo de golf, chalés y un hotel en Jerez de la Frontera). A comienzos de 1990, Prado se había hecho socio de Javier de la Rosa, con quien firmó un acuerdo a través de Prima Inmobiliaria (que formaba parte del imperio de KIO). En la versión que ahora ha presentado a la Audiencia Nacional, el financiero catalán dice que Prado le había pedido que hiciera un favor al «patrón» (en referencia al rey), adquiriendo una finca en Jerez por 1.500 millones de pesetas, un valor muy superior al del mercado. Tras la guerra del Golfo, en 1992, las deudas de Prima Inmobiliaria acabaron siendo superiores a los 45.000 millones. Pero el pago de KIO propiamente dicho, lo que ahora investigan los tribunales, se corresponde con una nueva petición que Prado le hizo en 1990, ya iniciada la guerra, cuando la élite del poder económico se puso a hacer cuentas para ver qué podrían sacar de los kuwaitíes aprovechando la ocasión, con la ayuda de De la Rosa. Según la reciente versión que el financiero catalán ha dado en los juzgados, Prado le pidió que tramitara una petición a KIO de 100 millones de dólares «como pago por sus servicios». El dinero estaría destinado a liquidar el famoso crédito del rey Fahd, concedido por la familia real saudí 10 años antes. KIO parece que rechazó la petición, y entonces intervino directamente el rey. Según De la Rosa, en agosto de 1990 recibió una llamada telefónica de Juan Carlos desde Marivent, en la que lo citaba para cenar en Londres al día siguiente. La supuesta cena tuvo lugar en el Hotel Claridge, y en el transcurso de la misma el rey le pidió personalmente que hiciera de intermediario en la petición de dinero a KIO. De la Rosa contó más tarde en los juzgados de Londres que la desaparición de fondos de la caja del grupo Torras (la filial de KIO en España) se justificó ante los kuwaitíes diciéndoles que se había utilizado, en buena parte, para el pago de favores políticos realizados en pro de la liberación del emirato. Según el financiero catalán, para que la aviación norteamericana pudiera disponer como quisiera de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón, había hecho falta «untar» a los políticos y Javier de la Rosa se había encargado de hacerlo. Una parte del dinero, según sus declaraciones a los tribunales británicos, fue a parar precisamente a Sarasola, el amigo de Felipe González. Otra parte, a Manuel Prado.