Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos (29 page)

—Tampoco cobra por las labores de gerencia, pero sí por los servicios prestados a través de la empresa de la que es administrador, llamada Aizoon. Lo que desconozco es la cifra que ha facturado —mintió a la vez que medía sus palabras y desinflaba sus emolumentos.

Había resultado por lo tanto mucho más sencillo de lo que parecía. Castro y Horrach confirmaban también, de una sola tacada, que el marido de la infanta Cristina había metido la mano en la caja de Nóos. Con estos elementos, el asunto adquiría ya un tinte mucho más grave. Torres se comenzó a liar, se ofreció para aportar todos los justificantes que le fueran requeridos y reiteró que había dado cuenta de los gastos en los que había incurrido al Gobierno balear. Que era verdad que no había aportado un solo justificante, pero que lo había comunicado de manera «verbal» a los altos cargos de Matas. Cuanto más hablaba, más enredaba el asunto, dejando meridianamente claro que habían cobrado de las arcas públicas mucho más de lo que gastaron en los eventos y que el duque de Palma y él se habían repartido los fondos.

La comparecencia se saldó con una batería de preguntas de su letrado, González Peeters, parapetado tras unas gruesas gafas de ver en las que asomaban unos ojos saltones de preocupación, que zanjaron un encuentro que dejó un regusto amargo. Lo que parecía un incómodo trámite tenía los visos de convertirse en un auténtico problema. Existía verdadero interés por parte del juez y del fiscal en meter la nariz en este asunto y no les quedaba más remedio que presentar en el plazo de unos días una remesa de facturas para intentar amortiguar el golpe. De la inquietud inicial Torres pasó directamente a la preocupación. El contenido de su declaración se filtró entre los mentideros judiciales con la frase de que aquello no había por dónde cogerlo. No obstante, la íntima convicción de Torres y de Urdangarin seguía siendo que aquello no podía pasar a mayores. Era imposible e impensable.

El fiscal Horrach solicitó a la Agencia Tributaria el modelo 347 de Nóos, que es así como técnicamente se denomina la relación de pagos y cobros declarados e imputados superiores a 3.000 euros en un solo ejercicio. Con un simple golpe de vista vio que el dinero había salido en dirección a un conglomerado de empresas instrumentales controladas por Urdangarin y Torres. Pero no solo por ellos. Un rápido chequeo al accionariado de Aizoon revelaba que en la empresa se encontraba también como accionista y secretaria del consejo de administración la mismísima infanta Cristina.

El caluroso mes de julio de 2011 transcurrió sin novedades judiciales de relumbrón en Baleares, pero comenzó a gestarse un intenso mar de fondo. La Fiscalía Anticorrupción caviló y tomó la decisión de seguir adelante con el asunto. Con todas las consecuencias. Calculó las fechas adecuadas para mantener en el máximo sigilo las pesquisas y Horrach esperó estratégicamente al 1 de agosto. Solo así evitaría las filtraciones a los medios de comunicación y, lo que es peor, las consiguientes presiones para dar carpetazo a la investigación antes incluso de ponerla en marcha.

Es la época en la que los funcionarios se van de vacaciones, los juzgados echan el cierre y no hay posibilidad alguna de que trascienda un solo dato. Era el momento adecuado, pues, de lanzar la bomba atómica. Horrach presentó un detallado escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 que albergaba una potencia explosiva de incalculables dimensiones.

Constataba en él que el yerno del rey se había quedado con el dinero público percibido por su instituto del Gobierno de Matas, solicitaba el secreto de las actuaciones y requería una batería de pruebas. Era el plan perfecto para que el escándalo echara a andar y ya no tuviera marcha atrás.

«Del contenido del convenio entre el Instituto Nóos y el Gobierno balear para la celebración de la cumbre Illes Balears Forum resulta evidente que la prestación encargada debería haber sido sometida, como prestación de servicios que es, a la normativa contenida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, por tanto, exigía la celebración del oportuno procedimiento administrativo de concurso», comenzaba exponiendo el fiscal anticorrupción. Sentado el trato de favor dispensado por el ejecutivo balear al yerno del rey al otorgarle el dinero a dedo, proseguía: «No hay ni una sola factura o documento que justifique o acredite que el Instituto Nóos ha destinado los 1,2 millones de euros a realizar el objeto del convenio. Al respecto —añadía— hay que tener en cuenta la inexcusable obligación por parte de quien recibe los fondos públicos de justificar ante la Administración el destino de los mismos, como la obligación de la Administración, antes de abonar cualquier factura, de comprobar que se ha realizado el servicio objeto en este caso del convenio».

Torres y Urdangarin se pusieron, pues, manos a la obra y recopilaron una montaña de justificantes con la que intentar cumplimentar el requerimiento del juez. Se convencieron de que bastaría con inundar al magistrado y al fiscal con una montaña de papeles para que desistieran, de una vez por todas, de seguir husmeando en la celebración de los foros de Baleares. Lo mejor, vista la predisposición de Castro y Horrach, era dejar los deberes hechos antes de irse de vacaciones, y así lo hicieron. Al Juzgado de Instrucción llegó de pronto un fajo de facturas de todo tipo junto a las que el abogado de Torres adjuntó un documento en el que avanzaba que con esta documentación quedaba debidamente acreditado el destino del dinero público.

Para curarse en salud, a sabiendas de que lo que presentaba no encajaba con el presupuesto que aportó inicialmente Nóos, precisó que había habido variaciones con respecto a lo dispuesto en un principio. Pero insistía en que ahí estaba todo perfectamente explicado y detallado y que no cabía otra opción que archivar las actuaciones.

Totalmente confiados en que aquel aluvión de papel sepultara para siempre el interés de los instructores, el duque de Palma y su socio se marcharon de veraneo, cada uno por su cuenta, aparcando al fin en lo más recóndito de su memoria este asunto, que quedó diluido por la brisa marina de Mallorca y las olas que golpean con fuerza los acantilados de Marivent.

El duque de Palma lucía su mejor rostro navegando por la bahía de Palma con unas gafas de sol Oakley con la montura blanca, en compañía de sus hijos, riendo a carcajadas junto a la infanta Elena y su prima María Zurita, bromeando en la cena conmemorativa del trigésimo aniversario de la Copa del Rey de Vela y departiendo amistosamente con los políticos locales en la tradicional cena con las autoridades, ajeno por completo a que él solo, sin ayuda de nadie, se había colocado cuidadosamente la soga al cuello, y que aquel verano iba a ser el último en el que iba a sonreír.

Los registros.

La impunidad psicológica.

Desde la Casa son tajantes: «Que se joda».

Los papeles estaban encima de la tele.

Adláteres, abogados y demás señores Lobo.

Iñaki Urdangarin y Diego Torres dejaron hechos sus deberes antes de irse de vacaciones en el verano de 2011, pero el fiscal anticorrupción, al que imaginaban espantado por el alud de documentos, también. Tan pronto como llegó al juzgado la montaña de facturas y se precipitaron los documentos sobre la mesa del despacho de Pedro Horrach, este se sumergió en ellas. Su rostro, recortado por unas facciones muy marcadas y presidido por unos ojos enrojecidos que delatan una viveza innata, no podía dar crédito a lo que estaba viendo.

El fiscal dio una calada prolongada al Marlboro que siempre le acompaña allá donde va para concienciarse de lo que tenía delante. Cuando la ceniza devoraba la colilla, abrió de par en par aquel mamotreto. Aparecieron a la primera facturas de la empresa Aizoon de los duques de Palma cobrando al Instituto Nóos y decenas de recibos de la entidad Nóos Consultoría Estratégica, propiedad de Urdangarin y Torres, haciendo lo propio. Las pupilas comenzaron a brillarle. Segundos después, a este fiscal nacido en el seno de una familia de respetados hoteleros, le brotó una sonrisa pícara.

Las cantidades eran mucho más importantes que las declaradas por Torres en el juzgado y aquello se antojaba un saqueo de dimensiones mucho mayores que las previstas. A medida que pasaba las páginas, como si tuviera entre las manos una novela negra, aparecían más y más sorpresas. Entre los justificantes de las millonarias charlas de Baleares habían sido colados gastos de los eventos celebrados en Valencia bajo la denominación de Valencia Summit. Es decir, que el Gobierno balear había pagado fondos públicos a Urdangarin que habían sido cobrados con justificantes de eventos que no tenían nada que ver. El duque de Palma y su socio se habían embuchado el dinero sin justificación alguna. Lo cual, visto lo visto, era una novedad que aquilataba la vertiente penal del escándalo.

Ya no se encontraban Castro y Horrach ante un pago muy importante en el que se había eludido el preceptivo concurso público, que también. O ante el desfalco masivo de la institución con sociedades instrumentales creadas ad hoc. El viscoso plano administrativo, en el que ambos podían escurrirse con cierta facilidad, daba paso a un robo que asomaba con una crudeza inusitada. Urdangarin y Torres habían cogido el dinero, habían utilizado las primeras facturas que tenían a mano para cubrir el expediente y habían echado literalmente a correr.

Allí se encontraban, frente a los curiosos ojos de Horrach, las pruebas que estaba buscando, puestas a su disposición ingenuamente —o no tan ingenuamente, vaya usted a saber— por el socio del duque de Palma. Miraba una y otra vez aquella documentación y seguía sin poder terminar de creérselo. Era como si un criminal hubiera entregado voluntariamente en plena investigación a la policía la pistola humeante con la que acaba de perpetrar un crimen. Resultaba increíble que Torres o su abogado González Peeters, o los dos juntos en connivencia con el duque de Palma o sin ella, hubieran incurrido en semejante error. A este fiscal anticorrupción pocas veces, por no decir ninguna, le habían puesto las cosas tan fáciles.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la celebración de los eventos y la petición formulada por el juez Castro, la defensa de Torres bien podía haber alegado que no conservaba el grueso de la documentación requerida al no tener obligación legal de preservarla. Albergaba la posibilidad de haber contestado que no obraba en su poder y punto. Se habría quitado el problema de encima y no habría facilitado el trabajo a los investigadores.

El fiscal y los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica habrían detectado las salidas de dinero de Nóos a las empresas instrumentales de la pareja, pero se las habrían visto y deseado para identificar los falsos conceptos que las encabezaban. Era todo tan torpe y burdo que hasta parecía un suicidio intencionado. Que, conviene insistir en la tesis, tal vez lo fue. Servir en bandeja las pruebas del saqueo de fondos públicos con pelos y señales era de una temeridad desconocida y delataba el nivel de impunidad psicológica con el que operaba la pareja, que se creía ahora que con el mero hecho de presentar miles de documentos iba a esquivar el problema por ser quienes eran.

Torres entregó una interminable lista de supuestos trabajos realizados al Instituto Nóos que repetían continuamente la palabra «asesoría». Podía determinarse fácilmente que las facturas eran falsas de toda falsedad. Era, en definitiva, como si Urdangarin se hubiera asesorado continuamente a sí mismo y se hubiera pagado, también a sí mismo, por sus valiosos consejos. Se mirara como se mirase, aquello no tenía un pase. Las coartadas empleadas para echar mano del dinero no podían haber sido más rudimentarias.

«Teniendo en cuenta que el Instituto Nóos recibió la cantidad de 1,2 millones de euros de las arcas públicas, se derivan las siguientes conclusiones», comenzó a escribir el fiscal anticorrupción en su informe en relación al primero de los foros celebrados en Baleares. «El Instituto Nóos ha presentado facturas por un importe global de 879.030,87 euros». Bien, pues ni tan siquiera los recibos cubrían el total del dinero recibido. «Queda una cantidad de 320.969,13 euros sin justificar documentalmente». Y eso solo en el Illes Balears Forum celebrado en noviembre de 2005.

Identificado el agujero sin soporte documental alguno, Horrach pasó a profundizar en el contenido de los recibos aportados. «De las facturas presentadas debe excluirse la cantidad global de 135.356,87 euros que se corresponden a facturas cuyo concepto nada tiene que ver con el objeto del convenio de colaboración que nos ocupa […]. Por ejemplo —agregaba— facturas relativas al evento realizado por Nóos en Valencia». Cazado el más grosero de los engaños de todos los que urdieron, el fiscal prosiguió con su análisis.

Pasó a desglosar los desvíos de los responsables de la entidad. «D. Diego Torres, gerente del Instituto Nóos, a través de una mercantil de su propiedad denominada Nóos Consultoría Estratégica, S.L., facturó al Instituto Nóos por “dirección y diseño del proyecto” la cantidad de 145.000 euros». O lo que es lo mismo, utilizando como salvoconducto la idea de montar unas charlas sobre turismo y deporte en Baleares, Torres se reservó para sí mismo y para el duque de Palma esta cantidad. Como si tuvieran registrada una patente al respecto. Pero las irregularidades no quedaban ahí.

«D. Iñaki Urdangarin, presidente del Instituto Nóos, a través de una entidad mercantil de su propiedad denominada Aizoon, S.L., facturó al Instituto Nóos por “gestión de la logística del IB Forum” la cantidad de 116.000 euros». Estos trabajos no los llevó a cabo de manera efectiva Urdangarin sino los empleados del propio Instituto Nóos, por lo que el concepto empleado para quedarse con el dinero volvía a ser ficticio. Era el enésimo pretexto para apropiarse de los fondos públicos al más puro estilo de un país bananero. En este caso, con el agravante especial de que la entidad que lo urdía estaba compartida por el duque de Palma y la mismísima infanta Cristina. «Por D. Iñaki Urdangarin y su cónyuge», como explicitaba con sutileza el fiscal en su informe.

«Si sumamos la cantidad no justificada, más las facturas presentadas no imputables al objeto del convenio, más las cantidades cobradas por D. Diego Torres y D. Iñaki Urdangarin por este evento, la suma global presuntamente desviada de los fondos públicos es de 717.326 euros». Esta era la primera estimación de la primera de las dos ediciones de las cumbres celebradas en Mallorca. Faltaba todavía calcular el siguiente evento.