El Ultimo Narco: Chapo (30 page)

Columbus y el condado que lo rodea, Luna, estaban muy conscientes del problema. Con una gran carretera interestatal que une El Paso con Tucson, Arizona, el condado de Luna ha sido desde hace mucho una ruta por donde transitan los cargamentos de drogas. Ellos comprenden a sus vecinos de Puerto Palomas. «El problema de México es el problema del alguacil Cobos —dijo Raymond Cobos, alguacil del condado de Luna—. No hay duda de ello». Aun así, era difícil que los cárteles operaran abiertamente; «tienen que actuar muy, muy clandestinamente».

La opinión generalizada desde hace mucho ha sido que la corrupción a lo largo de la frontera es un problema mexicano, no estadounidense. Es México el que tiene los policías corruptos e indisciplinados, mientras que en los poblados fronterizos de Estados Unidos únicamente los ciudadanos más destacados pueden portar la insignia.

El caso de Rey Guerra, un alguacil del condado Starr, en Texas, prueba lo contrario. En 2009 Guerra fue acusado y sentenciado por trabajar con sus contrapartes del lado mexicano de la frontera en Miguel Alemán, Tamaulipas. Reconoció haber filtrado información y entorpecido investigaciones a cambio de miles de dólares y otros regalos.

Los residentes del condado de Starr estaban impactados: su alguacil había vivido en una espléndida casa decorada de manera muy similar a una narco-mansión mexicana, pero por alguna razón realmente no se les ocurrió que podía ser tan corrupto; sin embargo, a los encargados de aplicar la ley en el área sí. Ralph G. Diaz, un agente especial destacado en San Antonio, Texas, dijo que la implicación de Guerra era bastante normal. «Es casi cultural. A lo largo de toda su vida, esta gente ha visto realizar esa clase de actividad en sus comunidades básicamente sin impedimento. Llegan a aceptarlo».

Los traficantes de drogas «sienten que pueden comprar a los encargados de hacer cumplir la ley», agregó Tim Johnson, el procurador de Estados Unidos para el sur de Texas, al confirmar lo que muchos han sospechado pero rara vez pueden probar. «Y a veces pueden».

Más vergüenzas habrían de pasar durante el primer año del mandato de Obama. En septiembre de 2009, por ejemplo, Richard Padilla Cramer, un ex agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) fue arrestado presumiblemente por haber filtrado información de bases de datos judiciales confidenciales a los cárteles mexicanos de las drogas. En algún momento destacado en Guadalajara, Padilla Cramer supuestamente también ayudó a un cártel no identificado a introducir casi 300 kilos de cocaína a Estados Unidos para enviarlos a España.

Cuando se dieron a conocer las supuestas infracciones de Padilla Cramer, varios ex colegas suyos salieron en su defensa. «De la gente con la que trabajé durante mi carrera, él es uno de los cuatro o cinco a los que yo les confiaría mi vida», le dijo Terry Kirkpatrick, ex supervisor del ICE, a Los Angeles Times. «A menos que alguien diga `Aquí está una videocinta' —declaró Kirkpatrick—. Si resulta ser verdad, nunca volveré a confiar en nadie».

Finalmente Padilla Cramer llegó a un trato: se le acusaría de obstrucción de la justicia, no de tráfico de drogas. Más casos de supuesta corrupción saldrían a la luz en el primer año del gobierno de Obama, y resultaba imposible que Washington hiciera caso omiso de la influencia de los cárteles al norte de la frontera. De acuerdo con el Centro de Inteligencia Nacional contra la Drogas del Departamento de justicia, para principios de 2009 el tráfico en 230 ciudades de Estados Unidos —de 45 estados— estaba bajo el control de los cárteles mexicanos y sus afiliados. Los cárteles mexicanos, advirtió el senador Dirk Durbin, son «el nuevo rostro del crimen».

El gobierno de Calderón se puso a la defensiva. Yo pasé la primera parte de 2009 refutando las declaraciones de que México era un Estado fallido. «Decir que México es un Estado fallido es absolutamente falso», dijo el Presidente mexicano. «No he perdido ninguna parte —ni una sola parte—, del territorio mexicano».

Algunas fuentes gubernamentales de Estados Unidos salieron en defensa de México, diciendo que Calderón estaba de hecho destruyendo lo que había sido un Estado fallido bajo el Partido Revolucionario Institucional, un sistema en el cual el crimen organizado medró. Pero quizá el papel del Estado en el tráfico de drogas durante la era del Pxi haya sido crucial para mantener la paz. El Estado había sido «el árbitro», dijo un experto en temas gubernamentales mexicanos, y una vez que se desmoronó los traficantes tuvieron que resolver sus problemas ellos mismos. Desafortunadamente se inclinaban más a resolverlos a balazos que hablando.

El presidente Obama estaba tomando todo eso en cuenta. En abril de 2009, durante una visita a Guadalajara, el nuevo presidente dejó clara su postura. «No se puede pelear esta guerra con una sola mano. No se puede tener a México haciendo un esfuerzo y a Estados Unidos no haciendo un esfuerzo… Vamos a estar enfrentando no sólo con la prohibición de drogas en dirección al norte, sino también trabajando en ayudar a frenar el flujo de efectivo y armas hacia el sur».

Durante su campaña electoral, Obama había prometido tratar de restablecer una prohibición federal de armas de asalto en Estados Unidos, pero en Guadalajara de hecho admitió que había renunciado a tal pretensión. Sin embargo, incrementaría las leyes contra el traslado de tales armas al otro lado de la frontera. Reconoció abiertamente que el flujo de armas ilegales hacia México era un problema de Estados Unidos; México respiró aliviado.

El mercado estadounidense de drogas siempre ha sido el más insaciable del mundo. De acuerdo con cálculos de Naciones Unidas, 12.3 por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos de entre 15 y 64 años de edad usaron marihuana o cannabis el año pasado. En Inglaterra y Gales, en comparación, esa cifra fue de 7.4 por ciento; en Alemania fue más baja, 4.7 por ciento, igual que en Holanda, donde se situó en 5.4 por ciento. Con respecto a la cocaína, la heroína y las metanfetaminas, los ciudadanos estadounidenses una vez más alcanzaron el nivel más alto o estuvieron muy cerca.

La DEA calcula que en Estados Unidos se gastan 65 mil millones de dólares en drogas ilegales al año, y RAND Corporation estima que dicha cifra se distribuye de la siguiente manera: 36 mil millones de dólares en cocaína, 11 mil millones en heroína, 10 mil millones en marihuana, 5 mil 800 millones en metanfetaminas y 2 mil 600 millones de dólares en el resto de las drogas ilegales en conjunto.

Estados Unidos calcula que los cárteles mexicanos de la droga ganan entre 18 mil millones y 40 mil millones de dólares al año por la venta de drogas en Estados Unidos, que luego se llevan de contrabando de regreso a su país para lavarlo.

Armas del norte

En años recientes México ha empezado a ver el papel de Estados Unidos en su guerra contra las drogas de manera más insidiosa, debido al flujo de armas ilegales hacia el país. Hasta 90 por ciento de las armas que usan los cárteles de México proviene de Estados Unidos. Esta cantidad es discutible, puesto que nadie ha seguido con precisión el rastro de las armas, pero no hay duda de que buena parte del arsenal de los cárteles se adquiere al norte de la frontera.

Es un arsenal gigantesco. Desde que Calderón lanzó su ofensiva contra las drogas, el Ejército se ha incautado de 40,838 armas de integrantes de los cárteles. (La PGR y la Policía Federal no han publicado sus propios datos). Entre esas armas había rifles de asalto AK-47 y escopetas, revólveres, granadas, lanzagranadas y municiones capaces de penetrar chalecos antibalas, de las conocidas como

En una sola incursión en una casa en Reynosa, Tamaulipas, el Ejército descubrió 540 rifles, 165 granadas, 500 mil cartuchos y 14 cartuchos de dinamita. Las autoridades hicieron notar con sequedad que los cárteles estaban expandiendo sus arsenales.

«Los cárteles están usando armamento básico de infantería para enfrentar a las fuerzas gubernamentales», dijo un enviado de Estados Unidos en México a principios de 2009. «Encontrar criminales con esta clase de armamento es la misma gata, pero revolcada. Tienen todo el equipamiento de una escuadra de infantería o de combate a la guerrilla».

Sabiendo perfectamente que los cárteles superaban en armamento a sus contrapartes mexicanas, las autoridades de Estados Unidos lanzaron el Proyecto Traficante de Armas en un intento de frenar el flujo de armas rumbo al sur. La Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) desplegó cerca de 100 agentes especiales y 25 investigadores al suroeste de la frontera de Estados Unidos y puso en marcha su capacidad de rastrear armas de fuego, buscando el origen de las armas usadas en crímenes cometidos en México. Los resultados fueron impresionantes: en 2008, por ejemplo, a 656 armas utilizadas en crímenes mexicanos se les siguió el rastro hasta McAllen, Texas, al otro lado de la frontera con Reynosa.

Sabiendo que la mayoría de las armas criminales mexicanas rastreadas hasta Estados Unidos habían sido adquiridas en Texas, la ATF concentró sus operaciones en ese estado sureño. También hubo más cooperación internacional: en 2008 México pidió a Estados Unidos que rastreara cerca de 12 mil armas, en comparación con las escasas 3 mil del año anterior.

Otros advirtieron acerca de la complicidad estadounidense en una forma distinta: sus pandillas. El cártel de Sinaloa operaba mediante células ubicadas en ciudades como Chicago y Nueva York. Éstas eran estadounidenses, miembros de las pandillas locales, que traficaban drogas. Un día podrían explotar. El procurador general Medina Mora se refirió a los miembros de pandillas —aproximadamente un millón— que trafican drogas en Estados Unidos como a «un monstruo que duerme en el sótano de Estados Unidos».

Si las instancias gubernamentales de Estados Unidos estaban pensando seriamente en perseguir a estos pandilleros —como México ha hecho dentro de los límites de sus fronteras—, convertirían a Estados Unidos en un «auténtico infierno», predijo el ex asesor de Medina Mora. «Ellos [las pandillas] contestarán el fuego con armas estadounidenses que puedan comprar como quien compra hotcakes».

Ya se había presentado evidencia potencial del «monstruo durmiente». El Chapo y los hermanos Beltrán Leyva habían ido a la guerra en parte a causa de las disputas acerca de una célula supuestamente encabezada por Pedro y Margarito Flores, dos hermanos asentados en Chicago. De acuerdo con las acusaciones de Estados Unidos, ellos ayudaron a dirigir una red que iba de Los Angeles a otras ciudades a través del medio oeste; supuestamente habían transportado dos toneladas de cocaína al mes en hasta bodegas en Chicago, desde donde serían distribuidas. Luego, se enviaba el efectivo de regreso al cártel de Sinaloa. Supuestamente el padre de los hermanos Flores traficaba con drogas en Sinaloa; más adelante se mudaron a Chicago, donde se asimilaron en barrios predominantemente mexicanos, como Pilsen.

Pero ser mexicano en Chicago no basta para comerciar con drogas tranquilamente; la ciudad es el hogar de varias pandillas, todas las cuales compiten por el territorio rival. Todos los grandes cárteles operan en Chicago, de acuerdo con la justicia estadounidense. Esto hace de la ciudad un potencial punto candente.

De acuerdo con el Departamento de justicia de Estados Unidos, los hermanos Flores ya habían causado algunos problemas a causa de sus operaciones en Chicago. Habían estado trabajando tanto con El Chapo como con los hermanos Beltrán Leyva, más que con la organización de Sinaloa completa. Una de las principales razones por las que El Chapo y los hermanos Beltrán Leyva entraron en guerra fue, según se aseguró, la lealtad de los hermanos Flores.

El jefe de Inteligencia de la DEA, Anthony Plácido, le dijo al Washington Post que debido a la presión de la justicia, los cárteles mexicanos ahora estaban usando apoderados inexpertos, como los hermanos Flores, lo que implicaba el riesgo de que se desatara la violencia. Desde hace mucho ha habido apoderados de Estados Unidos que trabajan para los cárteles mexicanos, pero "solían ser dioses y controlaban un área por años. Ahora con frecuencia duran sólo unos meses antes de que los arresten o los asesinen. Lo que eso crea son oportunidades para un [joven] de 28 años al que… no le preocupa

Bajo el régimen de Obama la DEA también comenzó a trabajar para expandir sus operaciones dentro de México. Desde hace mucho la mayor parte de la presencia internacional de la DEA ha estado en México, con oficinas en la capital, Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez, Guadalajara, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Matamoros y Nuevo Laredo. Esta autorizó el despliegue de mil 203 agentes especiales -23 por ciento de su plantilla mundial de agentes de ese rango, hacia el suroeste de la frontera de Estados Unidos.

El Chapo observaba. En marzo de 2009, él y sus asociados se reunieron por tres días en Sonoíta, Sonora. Ahí le habló a su cohorte del incremento de medidas domésticas enérgicas en Estados Unidos. El Chapo no iba sucumbir sin pelear y ordenó a sus contrabandistas hacia Estados Unidos que usaran «sus armas para defender sus cargamentos a cualquier precio».

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AS AUTORIDADES DE
Estados Unidos creyeron, y desearon, que El Chapo estuviera actuando por desesperación.

El mes anterior a la reunión en Sonoíta, el señor de las drogas había sufrido un duro revés. La Operación Xcellerator, una investigación multinacional encabezada por la DEA, había llevado al arresto de 750 supuestos miembros del cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Fue un «golpe aplastante» para El Chapo, declaró la jefa de la DEA, Michele M. Leonhart. «Descansen con la seguridad de que, si bien esta es la operación más grande de la DEA contra el cártel de Sinaloa y sus redes hasta la echa, no será la última».

En efecto, la Operación Xcellerator había sido un éxito digno de mención. Había comenzado en el condado Imperial, en California. Empezó con un decomiso de droga; la DEA se las había arreglado para rastrear 70 células pertenecientes al cártel de Sinaloa en pueblos y ciudades de 26 estados de Estados Unidos, desde la costa Este hasta la costa Oeste. Algunos de los agentes eran distribuidores en áreas metropolitanas como Nueva York y Los Angeles. Otros estaban trabajando en sitios poco conocidos, como Brockton, Massachusetts, o Stow, Ohio.

Stow es un pequeño poblado del medio oeste de aproximadamente 35 mil habitantes, pero en años recientes El Chapo y su gente lo han transformado. De acuerdo con la DEA, habían estado transportando desde California por aire docenas de kilos de cocaína a través del minúsculo aeropuerto de Stow. De ahí se distribuía a las grandes ciudades de Ohio, como Cleveland y Columbus. También se vendía en los campus de las escuelas del área. Los residentes de Stow no tenían idea de lo que estaba ocurriendo justo bajo su nariz.