La Casta (2 page)

Han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que además su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas, aunque sí se inducían de ellas.

El documento emplea palabras tan manidas como objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad o transparencia para dignificar la labor política. Sin embargo, en sus puntos nucleares este manual del buen político no se cumple. Según el código deontológico, los cargos de la Administración General del Estado deben abstenerse de participar en la dirección de partidos políticos de ámbito autonómico o estatal, con excepción del presidente, los miembros del Gobierno y los secretarios de Estado. Por lo tanto, Zapatero, principal mandatario del país, tiene tiempo para ser secretario general del PSOE y patrono de varias fundaciones. Y lo mismo sucede con sus primeros espadas, aquellos que más responsabilidad tienen al frente de la administración. Ellos tienen tiempo para compatibilizar. Pero sus subalternos están demasiado ocupados como para figurar en cualquier otro organigrama. ¿Y qué pasa con los cargos electos?

No pensó quien redactó el texto en el diputado popular Miguel Ángel Cortés Martín, que ejerce doce actividades extraparlamentarias (desde administrar la sociedad Bajoz Mercantil hasta ser miembro del Comité de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York). Tampoco tuvo en cuenta a la ex ministra socialista María Antonia Trujillo, que compatibiliza su labor política con sus clases en la universidad, o a Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, miembro de la Junta de Gobierno del Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, presidenta de una fundación, presidenta del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, presidenta de Adacafesa, presidenta de la Fundación 1884 Casa Museo del Carnaval de Cádiz y vicepresidenta del Consorcio Tecnológico de Cádiz. Además de todo eso, teófila Martínez saca tiempo para ser diputada.

Los políticos españoles deben además evitar cualquier manifestación externa inapropiada u ostentosa, y no aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada. Así pues, no deberían acudir a actos públicos en coches valorados en más de 80.000 euros ni utilizar, por ejemplo, los helicópteros de rescate para desplazamientos personales. Pero claro, eso es sobre el papel. Además, el manual del buen político recuerda a la Casta que está prohibido aceptar regalos y que sus actividades económicas tienen que ser públicas y transparentes.

Nada más lejos de la realidad. En el Congreso de los Diputados, los miembros del Parlamento votan cada año la lista de incompatibilidades de sus señorías, pero lo hacen sin saber siquiera lo que votan. El contenido de los informes es secreto y se revela únicamente a los portavoces de cada partido con representación en el hemiciclo. Sólo ellos conocen las actividades privadas de cada miembro del Congreso. El 27 de marzo de 2009 la extraña ceremonia se repitió de nuevo: «Por acuerdo de todos los portavoces, nadie hará uso de la palabra». Las palabras del presidente de la cámara, José Bono, fueron las únicas que se escucharon tras mandar a los ujieres del Congreso que vaciaran las tribunas de público y cerraran los grandes portones de madera que dan acceso al hemiciclo. Incluso las cámaras de televisión del canal parlamentario, que cubren por completo la celebración de los plenos, dejaron de grabar. Aquello parecía más una logia masónica que un parlamento. Incluso algunos diputados se sentían extraños. A primera hora de la mañana 336 parlamentarios votaron el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado que permitía actividades al margen de la política a 307 miembros de la sala. Los allí presentes dieron su opinión en secreto sin saber absolutamente nada de lo que aprobaban.

A fin de cuentas, ya lo han hecho otras veces: «Es imposible leerse todas las leyes y las cuestiones que se presentan —estas palabras fluyen de la boca de un diputado ante el humo de un café—, así que en muchas ocasiones votamos según nos indican los especialistas en cada materia». Así lo explica un alto responsable socialista. Es lo que se llama «disciplina de partido», pero esta vez ni siquiera los entendidos saben lo que está en juego. Tampoco importa. La inmensa mayoría de los parlamentarios ha declarado actividades paralelas al Congreso: tertulias en radio, conferencias, actividades empresariales e incluso la gestión de un club de baloncesto. Al final, sólo treinta y tres cargos electos se dedican a su labor política en exclusiva. Y entre bomberos todo el mundo entiende la cortesía profesional de no pisarse la manguera. La clase política se protege, se blinda. Ésa es otra de las características de la Casta.

El 21 de abril de 2009 el Congreso de los Diputados entró en razón y modificó sus estatutos para que las actividades extraparlamentarias de sus señorías fueran públicas. Terminó con los secretismos a la hora de votar el informe anual de actividades extraparlamentarias y aseguró que la medida entrará en vigor durante esa misma legislatura. Este anuncio tendría una apariencia limpia y legítima si no fuera porque la lista con todos los trabajos extra de los diputados ya se había filtrado previamente a la prensa nacional. No había secreto que salvaguardar. Era público, por ejemplo, que el ex director de RTVE y diputado Fernando López Amor quedaba autorizado para ser consejero de la sociedad Grupo Santa Monica Sports, que gestiona los derechos de diez equipos de fútbol de primera división; que el ex ministro Ángel Acebes es consejero de una firma de inversión relacionada con Caja Madrid; o que el socialista Manuel Ceferino Díaz asesora a la firma de ingeniería Eptisa en Galicia. Particular es el caso de María Remedios Elías Cordón. La diputada socialista hizo constar en su declaración de actividades, textualmente, lo siguiente:

En estos momentos no participa en ninguna tertulia, pero si lo hiciera en el futuro no cobraría ninguna retribución, ya que considera que es parte de su trabajo el trasladar a los ciudadanos la información y las ideas referentes a cualquiera de los temas a tratar en los distintos programas.

La diputada electa por La Rioja se niega a cobrar por acudir a las televisiones y radios. Una postura poco común entre sus iguales. Considera que esa presencia pública forma parte de su cargo. Sin embargo, no lo ven así los compañeros de su propio partido. En total, más de 40 diputados socialistas (43 en el momento de escribir estas líneas) participan de forma periódica en tertulias remuneradas de radio y televisión. Y otros 58 del PP pasan también por la caja mediática. Una legión de oradores, voceros y líderes de opinión que utiliza los medios de comunicación como púlpito. Y además cobran por ello. Incluso el presidente del Congreso, José Bono, se ha subido a ese carro. Además de ser el miembro mejor pagado de la cámara, se reserva el derecho a cobrar como conferenciante, literato, opinador y escritor de artículos en prensa.

La Casta, en España, es un grupo depredador, codicioso, que guarda sus secretos con un evasivo recelo. Un velo informativo vestido de transparencia envuelve muchos de sus actos.

Es imposible conocer sin filtraciones cuánto gastan sus señorías en cuestiones como el teléfono móvil o las dietas parlamentarias. Nadie sabe cuánto le cuesta al Estado la gasolina de sus desplazamientos, sus regalos oficiales o mantener sus despachos. No hay un recuento global de coches oficiales. Sencillamente porque esos datos no son públicos, pese a que el dinero sale del bolsillo de todos los españoles.

El reglamento del Congreso de los Diputados estipula que los trescientos cincuenta cargos que lo componen recibirán una asignación económica que les posibilite «cumplir eficaz y dignamente su función», aunque los sueldos reales permiten hacer mucho más que eso. Como ya indicamos, el salario base para cada diputado es de 3.126 euros al mes. A eso hay que sumar complementos superiores a los 1.000 euros en gastos de representación para portavoces de comisión, vicepresidentes y presidentes de comisión, portavoces adjuntos, portavoces de grupos parlamentarios y secretarios. Los dos últimos grupos tienen asignados además 769 y 1.052 euros mensuales en gastos de libre disposición.

En la punta del escalafón se encuentra el socialista José Bono, que como presidente de la cámara cobra, aparte de su sueldo, 3.605 euros mensuales como complemento, 3.915 euros en gastos de representación y 3.210 euros en gastos de libre disposición (es decir, administrados a su antojo). En total, Bono recibe 13.856 euros al mes, sin contar las indemnizaciones previstas por la ley para sufragar «gastos que sean indispensables para el ejercicio de su función».

Y la lluvia de dinero no para. Todos los cargos electos del Congreso que no sean vecinos de Madrid reciben otros 1.823 euros para gastos de alojamiento y manutención en la capital. Los cuarenta diputados locales cuentan con 870 euros para cubrir sus gastos. Y tanto unos como otros están libres de impuestos, ya que se supone que son para cubrir gastos. La cuantía de estos
sencillos
complementos es superior al sueldo de doce millones de personas en España.

—¿No le parece exagerado el sueldo que cobra? —La pregunta resonó en un despacho blanco prefabricado de la parte alta del Congreso.

—Sinceramente, no. —La contestación llegó por boca de uno de los diputados—. Si no fuera así, a la política sólo podrían dedicarse los ricos, como sucede en Estados Unidos. Yo creo que nuestro sueldo está acorde con el de cualquier cargo medio de una empresa. Ya no te hablo de cargos de responsabilidad como el que tenemos nosotros.

—Pero si tienen ustedes unas dietas de casi 1.000 euros para gastos, aun siendo residentes en Madrid.

—Yo creo que eso no es así. Mire, aquí tiene una de mis nóminas. —Saca una nómina con membrete de un pequeño cajón. Bajo el sueldo base aparece un nuevo epígrafe.

—Ve, lo pone aquí. Estos 860 euros por «indemnización».

—Ah sí… Bueno, no me había fijado. No sé muy bien por qué están ahí. Los de fuera cobran todavía más. Pero eso no es en realidad lo que yo cobro. A eso hay que restar 300 euros para el partido. El PSOE nos quita a cada diputado 300 euros de esa nómina. De hecho, el dinero se ingresa en la cuenta del grupo parlamentario y después del descuento se pasa a la mía.

Ésta es la explicación que nos da un parlamentario. La política es una rueda donde todos reciben: el diputado atesora su sueldo, además de las dietas, los gastos, la posibilidad de hacer otras labores fuera del hemiciclo y los numerosos beneficios del cargo. Y el partido se lleva su porcentaje. Se convierte así en una empresa de trabajo temporal que oferta cuatro años de cargo a cambio de un leve porcentaje. Un peaje que los diputados y senadores pagan, a pesar de que los partidos políticos ya reciben millones de euros en subvenciones desde las distintas administraciones. Nunca es suficiente.

Entre la clase política, lejos de levantar ampollas, el volumen de sus sueldos se considera, como poco, merecido. Es un debate que nunca acaba. El filósofo Aristóteles ya solicitaba en la antigua Grecia la reducción del
misthon
, el sueldo que percibían los asistentes a la asamblea de Atenas. Casi dos mil años después el problema persiste. La Casta sufre de males endémicos sustentados con el bolsillo del contribuyente.

Y esto no es patrimonio único de España. En Italia —con su actual presidente Silvio Berlusconi cuestionado por sus fiestas con jóvenes meretrices—, los continuos abusos de la clase política fueron recogidos por los periodistas del
Corriere della Sera
Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella. El trabajo, titulado también
La Casta
, es el pilar en el que se basa este libro y relata, por ejemplo, cómo los ciudadanos mantienen con sus impuestos a un peluquero para cada ocho diputados, y cómo algunos partidos ingresan ciento ochenta veces más en subvenciones de lo que gastan en campaña. Buen negocio.

El 11 de abril de 2009 el jefe del Gobierno británico, el laborista Gordon Brown, tuvo que pedir públicamente disculpas en nombre de todas las formaciones políticas por los abusos flagrantes que cometen los diputados del país en sus compensaciones económicas. El caso estalló cuando los datos fueron filtrados a la prensa. Hasta entonces se mantenían en secreto. Así se supo, por ejemplo, cómo el portavoz conservador de la Cámara de los Comunes, alan Duncan, reclamó más de 4.000 euros por trabajos de jardinería. Su compañero Andrew Lansley reformó por completo su casa con el dinero de los contribuyentes antes de ponerla a la venta. La responsable
tory
de Gales, Cheryl Gillan, consiguió que la cámara le abonara la comida para sus perros según las informaciones de la prensa inglesa. Sobran los comentarios.

En España el sistema de retribuciones es distinto y los diputados y senadores reciben un fijo en concepto de indemnización cada mes en lugar de presentar gastos. Y por supuesto nadie ha pedido nunca disculpas por la abultada cuantía de las nóminas, que superan los 4.500 euros mensuales en todos los casos. Más bien al contrario. Es imposible conocer al detalle cuánto gastan sus señorías en teléfono móvil, aunque el presupuesto del Senado para este servicio asciende a 1,7 millones de euros. Tampoco se puede saber cuánto reciben las compañías aéreas por los viajes completamente subvencionados de diputados y senadores, aunque la dotación del Congreso en esta partida sea de 5 millones de euros. Y por supuesto no hay datos sobre cómo se gastan sus señorías el dinero de libre disposición. Cuando se habla de números concretos, aquí nadie sabe nada. Existen los datos, pero no son públicos. Los españoles pueden saber cuánto se gastan sus representantes en términos generales, pero no
cómo
lo hacen. Un curioso ejemplo de transparencia para una clase política que nunca tiene nada que ocultar. Así, el mantenimiento del Congreso y el Senado cuesta cada año 159 millones de euros a los bolsillos de los españoles. De este dinero, 40 millones se emplean para los sueldos de diputados y senadores, y otros 37 millones están destinados a la partida de «material, suministros y otros». Bajo este epígrafe tan socorrido se enmarcan los gastos generados por sus transportes, sus viajes gratis en avión, sus dietas y teléfonos móviles y su consumo de material de oficina. Demasiados millones de euros, por muchos clips y bolígrafos que usen.

La comodidad de sus señorías para hacer su trabajo es tal que el Congreso concede a los que no tienen coche propio una tarjeta personalizada con un saldo de 250 euros mensuales para que viajen en taxi por la ciudad de Madrid. Además, claro está, de un ordenador portátil y un teléfono móvil para cada señoría. En total, 614 ordenadores y otros tantos teléfonos móviles a discreción. Que no falte de nada: el Senado se gastó 600.000 euros en portátiles para sus miembros a comienzos de la legislatura. Con cada viaje al extranjero, un diputado factura 150 euros de dietas, cada día, a las arcas estatales;
sólo
120 euros si su viaje es dentro de España. Así, un cargo electo de Cuenca cobra un fijo en concepto de dietas por desplazarse a Madrid para los plenos, pero además cobra de nuevo si en lugar de asistir al Congreso se marcha en viaje oficial a su misma provincia. Un reguero de pequeños y grandes privilegios que hacen de esta clase de política un negocio rentable.