La Casta (4 page)

Algunos parlamentos autonómicos, como los de Madrid o Andalucía, disfrutan también de los mismos privilegios, vetados al resto de los españoles. En la mayoría de los hemiciclos autonómicos es la cámara la que abona las cuotas sociales de los cargos electos, que ven su nómina mermada sólo con el 4,7 por ciento como base de su cotización. Ellos destinan unos 150 euros cada mes de sus nóminas a pagar impuestos, mientras que la media para el resto de españoles está en 880 euros.

Así que la diferencia entre la plebe y la élite de la Casta es que los ayuntamientos tributan por los primeros para que puedan cobrar el paro, mientras que el Congreso y el Senado sufragan las indemnizaciones de sus miembros cuando cesan en el cargo. Además la ley contempla el pago del subsidio de desempleo también para los concejales que dejen su escaño de forma involuntaria. Un absurdo legal. Cualquier edil tiene derecho a seguir recibiendo dinero público al ser cesado tras un escándalo de corrupción política. Todo sea por la Casta.

En la biblioteca del Congreso de los Diputados hay un silencio sepulcral. Con un poco de calma se puede escuchar el susurro que dejan las hojas al pasarles los dedos mientras están fuera de las estanterías. Estanterías de cedro y caoba que dan a la sala un aspecto solemne. Una suerte de pupitres se apila a los lados del espacio, mientras en el centro una mesa para diez personas se ilumina con la luz cálida de tres lámparas bajas con tulipas verdes. La sala de lectura ocupa cuatro plantas en la zona más al norte del palacio, junto a las calles de Zorrilla y Fernanflor. Y allí, en una esquina del edificio proyectado por el arquitecto Arturo Mélida en 1885 se guardan los fondos documentales que la cámara atesora desde hace siglos. Bajo un techo decorado con una alegoría de las leyes se custodian dos códices del siglo XV, ocho incunables y medio centenar de manuscritos de los siglos XVI y XVII. Además, la biblioteca guarda todos los documentos oficiales que pasan por la cámara desde 1943 y un completo fondo de legislación, historia, derecho y cuestiones parlamentarias y constitucionales.

Eran las nueve menos cuarto de la mañana cuando el diputado popular Ramón Aguirre entró en la sala y comenzó a buscar información. El objetivo de su consulta era muy concreto: buscaba con ahínco en la prensa de aquel día,29 de octubre de 2008, un dato sobre el paro ofrecido por el ministro de Trabajo, el socialista Celestino Corbacho. Era miércoles y había sesión de control al Gobierno. Cada semana el ejecutivo da cuentas de su gestión contestando a las preguntas de la oposición. Tradicionalmente el pleno más importante de la semana se celebraba los miércoles por la tarde. Los diputados comían en los aledaños del Congreso y acudían tras café, copa y puro al hemiciclo. Sin embargo, el socialista José Bono cambió el horario a las nueve de la mañana del miércoles pese a las quejas de los diputados, que ahora tenían que madrugar para acudir a la cámara. En este tipo de plenos, como norma general, no se producen votaciones, por lo que no es necesaria la presencia de los diputados. Así que entre el horario y la falta de control sobre su asistencia, las sesiones de control al Gobierno se han convertido en la ocasión preferida por los diputados para practicar el absentismo laboral.

Aquella mañana la segunda pregunta del día era para el ministro de Economía, Pedro Solbes, y corría a cargo del Partido Popular. El presidente de la cámara, José Bono, dio la palabra de forma protocolaria: «Pregunta ahora para el señor vicepresidente segundo del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Ramón Aguirre». En ese momento reinó en la sala un extraño silencio, roto únicamente por algunos cuchicheos. José Bono preguntó de nuevo: «¿Don Ramón Aguirre, por favor?». Tras una nueva pausa, el presidente del Congreso sentenció entre rumores: «Se da por retirada la pregunta».

Mientras el presidente de la cámara preguntaba por él, el diputado Ramón Aguirre seguía en la biblioteca, en busca del dato perdido. Minutos después se excusó ante los periodistas, pensando que su intervención llegaría más tarde. En cualquier caso, el ministro de Economía se libró aquel día de responder a la oposición sobre los datos del paro. Y la escena puso en evidencia un secreto a voces: que el Congreso padece un evidente problema de absentismo laboral. En aquel momento no sólo Ramón Aguirre faltaba en su escaño, sino que quedaban vacías otras ciento ochenta y nueve sillas del hemiciclo. En algunos momentos de la sesión, sólo una veintena de parlamentarios ocupaba la sala.

En España no hay datos oficiales sobre el absentismo laboral de los parlamentarios, o no se han hecho públicos.

El presidente de la cámara ha amenazado a los diputados en varias ocasiones con publicar los nombres de los parlamentarios que más faltan para que lo sepa la ciudadanía, tal y como sucede por ejemplo en Inglaterra. Sin embargo, nunca ha dado ese paso. La única forma de conocer la frecuencia con la que acuden los parlamentarios al trabajo es analizar una por una su presencia en las votaciones de los plenos.

Basta con hacer la media en un año y medio de legislatura para saber que un 10 por ciento de los ciento cincuenta y cuatro diputados del Partido Popular falta en el momento de las votaciones. En el PSOE el número de ausentes es algo menor. En cualquier caso, las ausencias laborales de los diputados están bastante por encima de las del resto de los trabajadores españoles, cifradas en un 3 por ciento. Y eso que sólo es posible contabilizar el momento de las votaciones. Mientras los ponentes hablan en la tribuna es habitual que el hemiciclo esté semivacío y que muchos diputados ocupen sus asientos momentos antes de la votación.

«¿Tú cómo crees que servimos mejor a los ciudadanos? ¿Trabajando en el despacho o sentados en la silla escuchando durante horas?». La reflexión llega por boca de un cargo electo del Congreso, quien concluye: «Que no crea la gente que cuando el hemiciclo está vacío es que estamos en casa sin hacer nada». Como norma general los diputados excusan sus ausencias con un sencillo razonamiento: es imposible conocer el contenido de todas las leyes. Así que ellos votan a favor o en contra según la disciplina de partido. Un reducido equipo de trabajo es el que se encarga de estudiar el cuerpo de una normativa determinada, bien sea la aprobación de la Ley de Dependencia, una reforma de la Ley de Extranjería o una normativa sobre el Régimen Interno de la Guardia Civil. Los diputados se reparten las materias por especialidades. Y, a puerta cerrada, consideran una pérdida de tiempo asistir a plenos sobre legislaciones que no son de su competencia. Sin embargo, acuden en el último momento y votan en la dirección que les indican sus jefes de grupo. En la mayoría de los casos ni siquiera saben el contenido de lo que votan.

La Asociación de Periodistas Parlamentarios entrega cada año un galardón simbólico al diputado desconocido, aquel al que los periodistas consideran menos trabajador, el que más falta a las sesiones parlamentarias. En 2008 el controvertido título fue para el ex ministro y ex secretario del Partido Popular, Ángel Acebes, seguido de cerca en las votaciones por el socialista Jesús Caldera.

La ausencia manifiesta de diputados abrió en otoño de 2008 un cruce de acusaciones entre los distintos grupos de la cámara. El 12 de noviembre la ministra de Defensa, Carme Chacón, acudió al Congreso para debatir los presupuestos de su departamento, pero antes tenía otra cosa más importante que decir. Cuando subió a la tribuna, Chacón informó sobre el atentado que tres días antes había costado la vida a dos militares españoles en Afganistán. En aquel momento, sólo 70 de los 350 diputados que componen el hemiciclo se preocuparon por escuchar las causas que motivaron el ataque suicida de la insurgencia talibán que segó la vida de Rubén Alonso Ríos y Juan Andrés Suárez, miembros de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT), con sede en la localidad pontevedresa de Figueirido.

Ante las continuas faltas de asistencia de los cargos electos, la portavoz del Partido Popular, Soraya Sáenz de SantaMaría, recordó públicamente a sus diputados que «quien no quiera participar, que renuncie a su escaño». Por supuesto, nadie lo hizo. En aquel momento, los grupos mayoritarios anunciaron sanciones para los diputados que faltaran al trabajo sin causa justificada, pero todos los partidos guardan bajo llave los datos reales sobre las sanciones que imponen.

El pleno del martes 18 de abril de 2009 trajo una amarga sorpresa para los socialistas en el Parlamento. Y ahondó todavía más en la herida. El PSOE controlaba en solitario la cámara desde hacía trece meses, tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las últimas elecciones, pero para su sorpresa el Gobierno perdió su primera votación en esta legislatura. La cámara debatía una propuesta del PNV para eliminar al menos un ministerio en 2010, sin más precisiones. El partido nacionalista comenzaba así una oposición feroz contra el PSOE después de perder su feudo tradicional frente a la candidatura del socialista Patxi López, tras más de treinta años al frente del gobierno vasco. La campaña de hostigamiento fue apoyada por toda la oposición, deseosa de minar al ejecutivo. Fue una alianza sin motivación política, ligada con la esperanza de dañar al enemigo común. Una pelea de la Casta. Aun así, el PSOE estaba tranquilo. Es imposible perder en política cuando tienes la mayoría absoluta.

Sin embargo, no lo es si tus hombres no están en su escaño. Aquel día nueve diputados socialistas se encontraban fuera del Congreso y su partido perdió por tres votos frente al resto del hemiciclo. Mientras el secretario general del grupo, el vasco Eduardo Madina, asistía al nacimiento de su primer hijo, el PNV sacó adelante su propuesta de eliminar un ministerio como muestra de austeridad y de la modernización del Estado. Aunque no era vinculante, aquello dejó por completo en evidencia al Gobierno, y por lo tanto le hizo mucho más daño frente al electorado. Objetivo cumplido.

Entre los ausentes corrieron las excusas. Las sillas vacías del presidente del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se justificaban por un viaje oficial. Tampoco acudió a la votación el candidato a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, que, como Madina, avisó con anterioridad a la dirección de grupo de su falta. La diputada Fátima Aburto publicó al día siguiente en su blog personal que se encontraba de viaje oficial en Estrasburgo con permiso del PSOE. La lista de ausentes se completaba con la diputada madrileña Delia Blanco, la vasca Elvira Cortajarena y los ex ministros Mariano Fernández Bermejo y Bernat Soria.

Todos los grupos de la cámara tienen un régimen interno que sanciona las deserciones a la hora de votar o las faltas injustificadas de sus miembros. Sin embargo, rara vez se utiliza. En esta ocasión el PSOE anunció de nuevo una investigación interna. Papel mojado. Tal es la falta de interés sobre este tema que los datos que manejan algunos asesores del PSOE datan de 1996. La multa socialista por faltar a una votación importante se fijó aquel año en 150 euros y se actualiza de forma periódica. El dinero recaudado por este concepto —que se resta de las nóminas de los diputados cuando son ingresadas en la cuenta bancaria del partido— sirve cada año para sufragar la fiesta de Navidad de los trabajadores adscritos al PSOE en el Congreso.

EUROPARLAMENTO: LOS EMBAJADORES DE LA CASTA EN EUROPA

Cómo los partidos colocan a dedo a sus allegados a sueldo de 375 millones de electores

L
a sala plenaria del edificio Louise Weiss estaba prácticamente repleta. Era imposible escuchar el ruido del agua al pasar por los canales aledaños. Ni el sonido de las voces jugando en los parques cercanos tras los cristales. Impolutos cristales. Allí, junto a la rivera de la ciudad francesa de Estrasburgo, se celebran las sesiones plenarias del Parlamento Europeo. Aquel día, 22 de abril de 2008, más de seiscientos eurodiputados escuchaban con atención las palabras del español José Javier Pomés Ruiz.

Una semana al mes los embajadores de la Casta en Europa se reúnen allí para marcar los designios del continente. Son legión: 751 parlamentarios representan a 375 millones de personas, y realizan cuantiosos viajes, contrataciones y gastos sin control a costa del erario público. Pese a que sobre el papel esta institución es el principal órgano legislativo de la Unión e interviene en el 70 por ciento de las leyes que se promulgan en España, en la práctica los hemiciclos nacionales mantienen todavía la mayor parte del poder.

Aparte de esto, los jefes de Estado se reúnen en el Consejo de la Unión Europea, el órgano ejecutivo compuesto por ministros de todos los países miembros de la Unión. Esto ha convertido al Parlamento Europeo en un cajón de sastre donde caben exiliados de la política, enchufados, vetustos miembros de la Casta que molestan en sus países de origen y jóvenes promesas que utilizan el padrinazgo de los partidos para dar el salto a la política de alto nivel. Y de mejor sueldo.

La institución es un hemiciclo que cuesta 1.320 millones de euros al año y un lugar donde la picaresca se ha convertido en norma para lucrar los bolsillos de muchos parlamentarios. Tanto que la manifiesta falta de control en las dietas y contrataciones de sus señorías se expresa hasta la saciedad en todas las auditorías que pasa cada año el organismo.

El oscurantismo sobre los gastos es tal que llega al absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude, llamada OLAF por sus siglas en inglés. Sin embargo, sus informes son confidenciales y su contenido completo sólo es conocido por los parlamentarios. Los votantes pueden obtener información sobre las buenas acciones de los políticos europeos y sus decisiones propagandísticas, pero sólo la Casta tiene acceso a los datos sobre el fraude.

La OLAF se creó en 1999, tras la caída de la Comisión Europea presidida por el luxemburgués Jacques Santer, de la cual formaba parte como vicepresidente el socialista español Manuel Marín. Su dimisión en bloque fue el mayor escándalo desde la creación de la Unión Europea en 1993, y vino propiciada por la publicación de varios escándalos relacionados con el uso fraudulento de fondos públicos. En aquellas fechas se conoció que la comisaria europea de Educación, Investigación y Cultura, Edith Cresson, burló la legislación para contratar a un amigo personal en su gabinete con un abultado sueldo. En 2006 la que fue ministra francesa con el gobierno de François Mitterrand fue declarada culpable de favoritismo por el Tribunal de la UE al contratar a René Berthelot, un dentista de su pueblo natal, para ocupar el cargo de asesor científico con un sueldo de 4.500 euros al mes. Berthelot estuvo varios años cobrando del bolsillo de todos los europeos, pero no realizó ni un solo trabajo significativo. En una sentencia incomprensible, el Tribunal de la Unión Europea reconoce la culpabilidad de la europarlamentaria socialista, la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en Francia en 1991. Edith Cresson enchufó a su amigo a costa de los electores. Y le salió gratis. El máximo tribunal europeo consideró que llamarla «culpable» era suficiente escarnio para Cresson. Ni siquiera le impuso una multa o solicitó que el beneficiado por sus favores devolviera el dinero. Y mucho menos retiró la pensión de 3.600 euros mensuales que Cresson todavía cobra de la Comisión Europea, tal y como solicitó la Fiscalía y la propia institución.