La Casta (30 page)

En 2005 el entonces presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, apostó incluso por retirar la financiación pública a los partidos políticos al considerar que no se encontraban dentro del sector público y que respondían a sus propios intereses. Nieto definió a la perfección en un foro económico los problemas de subvencionar a los partidos: «Donde hay financiación pública hay jerarquía, hay burocracia y hay falta de participación».

Al final, la clase política española tardó seis años en alcanzar un acuerdo y prohibir las donaciones imposibles de rastrear. La medida se incluyó en la ley sobre financiación aprobada en 2007. Desde entonces, todos los regalos de dinero que se hacen a los partidos tienen que ir identificados por el nombre o la empresa donante, y los datos tienen que quedar certificados oficialmente por una entidad bancaria. Todavía no se conocen oficialmente los efectos de esta medida sobre la contabilidad de los partidos, ya que el Tribunal de Cuentas aún tiene por delante la fiscalización de los años 2006 y 2007.

Los ayuntamientos suponen la mayor fuente de financiación de los partidos políticos. Son ellos quienes aportan el 78 por ciento del dinero público que reciben los partidos, y por eso es tan importante controlarlos. La regla es sencilla: cuantos más ayuntamientos controles, más dinero recibes. Llama la atención que sea esa parte de la contabilidad —la que explica los gastos y atribuciones de las asociaciones locales— la que se omita de forma sistemática al Tribunal de Cuentas, cuando es la que más dinero mueve. Ésa es la primera línea de fuego, ya que los ayuntamientos son las instituciones que están más cerca del ciudadano. Sus decisiones afectan de forma directa a los votantes. Cualquier obra, cualquier subida de impuestos, cualquier mejora en infraestructuras o cualquier gasto en las fiestas patronales sirve para modificar la imagen de un partido frente a aquellos que tienen que darles su confianza cada cuatro años en las elecciones.

En la mayoría de los casos el dinero que los partidos reciben de los ayuntamientos es tan importante que supera ampliamente las subvenciones estatales. Y no hay un baremo para repartirlo. El Ayuntamiento de Madrid, el municipio más poblado de España, destina 587.000 euros a pagar el funcionamiento de sus partidos políticos. Pero Jaén, con muchos menos habitantes, gasta casi lo mismo: 532.000 euros. El Ayuntamiento de Barcelona se lleva la palma y gasta más de 2 millones de euros en financiar a la Casta. No hay nadie que invierta tanto y no hay manera de ponerle freno, ya que cada consistorio es independiente a la hora de fijar sus presupuestos. ¿Cómo puede ser que los partidos de Madrid necesiten cuatro veces menos dinero que los de Barcelona para ejercer su actividad? Recordemos además que ese dinero es para mantener el trabajo municipal, no para que los partidos lo destinen a trabajos fuera del ayuntamiento. Parece claro que no se utiliza para tal fin, sino para garantizar una presencia potente en otros ámbitos de la vida pública.

La financiación hinchada de ciertos partidos se da también en las asambleas regionales y los parlamentos autonómicos, que donan 56 millones de euros al año. El Parlament de Catalunya es la entidad que más dinero aporta, con 15 millones de euros que se reparten todos los partidos políticos con representación en su hemiciclo. La cifra es cinco veces superior al dinero que entrega la Comunidad de Madrid, algo más de 3 millones de euros. El Parlamento de Andalucía, el segundo en esta lista, aporta a sus partidos políticos más de 9 millones; y 3 millones el Parlamento Vasco, que también cuenta entre sus filas con formaciones de marcado carácter nacionalista, pero se mantiene en la media del Estado.

La gestión que la Casta ha realizado de los ayuntamientos los ha convertido en las instituciones públicas más endeudadas del país, lo cual tiene una causa partidista. Cuando un partido político llega a la alcaldía comienza un proyecto de cuatro años que suele contener obras faraónicas, obras que comprometen el presupuesto municipal durante varios años: el palacio de Congresos de Vigo, el velódromo de Palma de Mallorca o el soterramiento de la M-30 en Madrid son algunos ejemplos.

El problema viene cuando, con las elecciones, llega un nuevo equipo a la alcaldía y ese equipo pone en marcha su propio proyecto, con nuevas obras megalómanas que mejoren la ciudad y ensalcen al partido frente al electorado. Como el presupuesto municipal es limitado y además suele estar comprometido por obras anteriores, el partido entrante suele optar por la única fuente de financiación directa y efectiva con que cuentan las corporaciones locales: los convenios con constructores.

La ley establece que los ayuntamientos tienen derecho al 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo de cada terreno que se recalifica. Y eso es mucho, mucho dinero. Basta con mirar por encima la recalificación del viejo estadio del Valencia para entenderlo. El ayuntamiento de la ciudad del Turia recibirá unos terrenos valorados en 70 millones de euros sólo por autorizar la construcción de viviendas donde ahora está el campo de fútbol de Mestalla, que ocupa un par de manzanas en el centro de la ciudad. La misma regla se puede aplicar en cualquier otro proyecto urbanístico para entender la lluvia de millones que riega los ayuntamientos. O los regaba, hasta la llegada de la crisis en el sector del ladrillo.

La capacidad de los ayuntamientos para recaudar dinero con las recalificaciones ha sido un arma de doble filo. Por un lado, los ha convertido en pieza clave de las inversiones públicas y en grandes generadores de empleo. Pero, por otro, las corporaciones locales han protagonizado constantes y cuantiosos escándalos. El ejemplo de Marbella es el más evidente. Allí el ayuntamiento tuvo que ser intervenido por el Estado en marzo de 2006, con el inicio de la Operación Malaya. En los casos más modestos, los gobiernos locales se han acostumbrado a manejar un presupuesto muy por encima de los fondos que les asigna el Estado. Y claro, cuando la gallina de los huevos de oro muere, el consistorio queda estrangulado.

El frenazo de la construcción ha dejado a muchas corporaciones locales en quiebra técnica y sin posibilidades de pagar siquiera las nóminas de sus trabajadores. El endeudamiento de los ayuntamientos es tan grande que cada español debe, sin saberlo, 566 euros a los bancos por la falta de liquidez de estos organismos. A la cabeza del gasto municipal se encuentra Madrid, con 7.000 millones de deuda según datos del Ministerio de Economía. La capital del país debe más dinero que Barcelona, valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla juntas.

A la luz de todo lo que hemos dicho hasta el momento, en este mundo de intereses encontrados, de pasiones encendidas y de dinero ajeno gastado con ligereza, es normal que Mariano Rajoy se quedara en blanco cuando aquella pensionista navarra le interpeló sobre su abultado sueldo en el programa
Tengo una pregunta para usted
. La cuestión era sencilla, pero la respuesta era complicada, muy complicada. Como todo lo que atañe a la Casta.