La Casta (24 page)

El juego de las diferencias se aplica constantemente en las campañas electorales, y en todos los procesos que tienen que ver con la Casta, con un oscuro resultado: la sociedad española se ha polarizado y dividido en dos frentes: izquierdas y derechas, PSOE y PP, nacionalistas y no nacionalistas, buenos y malos, los tuyos y los míos, conservadores y progresistas… Lo peor de todo es que la presión de ambos grupos hace que todo el mundo se vea obligado a posicionarse, a tomar partido. Hay que estar a favor o en contra de la tesis oficial sobre el 11-M, de un lado o del otro en la negociación contra ETA, arriba o abajo en el tema de los trasvases entre cuencas. No hay sitio para medias tintas. No hay escala de grises. Sólo hay militancia. Una militancia que redunda en beneficio de los principales partidos.

En junio de 2006 el nombre de Antonio Sola volvió a aparecer en los medios de comunicación. Esta vez el consultor español asesoraba al PAN, el partido conservador del presidente mexicano Felipe Calderón. Y allí, a miles de kilómetros de la calle de Génova, el asesor electoral del Partido Popular fue acusado de copiar al enemigo. El partido de Felipe Calderón realizó un vídeo para su candidato en el estado mexicano de Nuevo León prácticamente calcado de uno de los anuncios que el PSOE elaboró para José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales españolas de 2008.

Ambos vídeos —el del PSOE y el del PAN— mostraban a dos jóvenes que se levantaban de la cama por primera vez para ir a votar. En ambos, una hilera de parientes y amigos les empuja a pensar que todos los políticos son iguales, pero ellos se convencen de lo contrario. En la versión española la opción correcta es el progresista Rodríguez Zapatero. En la mexicana el político elegido es el conservador Fernando Elizondo. Dos caras de una misma moneda. Mientras Antonio Sola asesoraba a los conservadores mexicanos para las elecciones del 5 de julio de 2009, el equipo que ayudó a Zapatero a revalidar su presidencia en 2008 se encargaba de la campaña electoral del PRI, el partido mayoritario en México. Y fueron ellos quienes hicieron notar el sospechoso parecido entre los dos anuncios electorales.

En cualquier caso, la conclusión es reveladora: un mismo mensaje sirve para promocionar ideologías totalmente contrarias. Así que poco importa ya el trasfondo político. Lo importante es que el candidato venda. Como las lavadoras.

El presidente de la Generalitat Valenciana, francisco Camps, se dirigió solemne al patio gótico del Palau de la Generalitat, la sede del gobierno de la Comunidad Valenciana. Allí, en un edificio con más de quinientos años de historia, fue donde el líder de los populares valencianos dio sus explicaciones a los medios sobre los trajes que recibió de la red del empresario Francisco Correa. El vídeo grabado por Camps fue difundido al momento por las principales cadenas de televisión. Unas horas antes, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido archivar la causa contra él por cohecho.

La versión de Camps llegó a toda la ciudadanía con una particularidad: nunca hubo periodistas delante. Nadie pudo preguntar al presidente del Gobierno autonómico sobre las dádivas o sobre la decisión de la Fiscalía de recurrir el cierre de las investigaciones. Sólo salió al aire la versión diseñada por los asesores de comunicación de Camps. Ese día no había ruedas de prensa importantes en Valencia. Bastaba con una llamada para que representantes de todos los medios acudieran en manada. Pero no lo hicieron. Nunca hubo opción a réplica, debate o preguntas incómodas.

La técnica de Camps no es ni mucho menos nueva.

De un tiempo a esta parte los miembros de la Casta han aprendido una lección: los periodistas sueltos, cuanto más lejos mejor. El tapón informativo comenzó con la moda de las ruedas de prensa en las que no se permiten preguntas. El político de turno llega, da su versión y se va.

Así no hay opción para meter dedos en la llaga. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, utilizó este procedimiento el 29 de junio de 2006 para explicar su postura ante las negociaciones del gobierno socialista y ETA. Poco después, Zapatero hizo lo mismo. El 25 de octubre de 2006 el presidente del Gobierno prohibió a los periodistas hacer preguntas en la presentación de Miguel Sebastián como candidato a la Asamblea de Madrid. Este método es el utilizado siempre por los portavoces de Batasuna y su entorno.

¿Cómo puede un político prohibir a la prensa hacer preguntas y justificarlo por el bien de la democracia? El 19 de abril de 2009 el ex ministro de Defensa Federico Trillo compareció ante los medios de comunicación. Y desde la sede nacional del Partido Popular, el actual responsable de Justicia del PP criticó la sentencia que condenaba a treinta y dos militares españoles —que en el momento de los hechos se encontraban bajo su responsabilidad— por los errores en la identificación de los cadáveres del Yakovlev-42 que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003, cuando transportaba a sesenta y dos soldados. Tras la publicación de la sentencia, Trillo tenía muchas preguntas que contestar, pero no lo hizo. Llegó, dio su opinión sobre los hechos y se fue.
Veni,
vidi
, vici
, que diría Julio César. Lo mismo hizo su compañero de partido Alfredo Prada unos meses antes para explicar el espionaje político al que fue sometido.

La moda de las ruedas de prensa sin preguntas ha generado el rechazo frontal de las asociaciones de periodistas e incluso la creación de un movimiento en contra en la red social Facebook. En tres días, cinco mil españoles se sumaron a la petición del periodista Carlos Hernández Echevarría para que los reporteros desertaran de convocatorias de este tipo. En abril de 2008 los directores de los principales medios de comunicación firmaron un comunicado a instancias del Col·legi de Periodistes de Catalunya y la Asociación de la Prensa de Madrid. El objetivo era frenar este tipo de prácticas tras su utilización por los principales partidos en la campaña electoral de las generales. El texto fue rubricado por los directores de
ABC
,
El País
,
El Mundo
,
El Periódico de Catalunya
,
La Vanguardia
,
La Razón
o
Público.
En este manifiesto se indica que las declaraciones sin preguntas «no merecen la comparecencia de periodistas. Sobra con la distribución de las mismas en los soportes posibles». Los miembros de la Casta se lo tomaron al pie de la letra. Y eso hicieron.

El vídeo grabado por Francisco Camps tras su absolución judicial emula la estética de las ruedas de prensa, pero es sencillamente una declaración enlatada. A su intervención se sumó al día siguiente otra grabación similar, esta vez protagonizada por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. La secretaria de organización del PP arremetió contra el Gobierno. El vídeo fue grabado en Marbella y mientras De Cospedal hablaba nadie le pudo solicitar pruebas de sus acusaciones. Nadie pudo preguntar absolutamente nada. No hubo opción.

Dos días después fue el ministro de Fomento, José Blanco, quien anunció la decisión del PSOE de no negociar con su antagonista varios cargos de designación. Era la respuesta al boicot que el Partido Popular hacía a la toma de posesión de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta vez la declaración llegó de nuevo enlatada. Tampoco hubo preguntas.

El afán de la clase política por controlar la información que difunden los medios ha llenado el sector público de asesores de prensa. Prácticamente cada departamento tiene el suyo. De forma oficial, su trabajo se basa en facilitar las relaciones entre la Casta y los medios de comunicación. En realidad, los jefes de prensa de la administración ejercen en muchos casos como filtros y tapones informativos.

Su función es más la de orientar el trabajo de los periodistas hacia un punto determinado y dilatar en la medida de lo posible la publicación de informaciones perjudiciales. Basta con solicitar datos oficiales, como los gastos de viaje del presidente del Gobierno o las sanciones impuestas por el Consejo de Ministros a los cargos de la administración que incumplen el
Código de buen gobierno
, para darse cuenta del proceso. Sólo hay que pedirlos y esperar sentado. Y esperar. Y esperar…

El 28 de julio de 2009 un periodista de Televisión Española fue duramente reprendido por el director de Comunicación del Ministerio de Trabajo, Manel Fran i Trenchs. Era martes y el titular de la cartera, Celestino Corbacho, acababa de terminar una rueda de prensa. Tras la intervención, el periodista abordó al ministro. El presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, acababa de instar al Gobierno a abrir de nuevo la mesa de negociaciones sobre la reforma del mercado laboral. Días antes Zapatero dio por rotas las negociaciones tras una guerra mediática con los empresarios. El periodista se acercó a preguntar al ministro una cuestión incómoda: ¿qué le parecían a Corbacho las declaraciones del jefe de la patronal? Tras la pregunta se produjo la siguiente conversación, grabada por las cámaras de Televisión Española:

Manel Fran—: Hemos tenido una rueda de prensa de una hora.

Periodista—: Ya, pero es que la noticia es ahora mismo.

M—: No, la noticia no es ahora mismo.

P—: La noticia es ahora mismo. Díaz Ferrán acaba de hablar hace diez minutos.

M—: Lo pides antes y lo gestionamos bien. Voy a quejarme, ¿eh?

P—: Bueno.

M—: No. Voy a quejarme y lo has hecho mal. Muy mal. Es más: voy a pedir quién eres para evitar que vengas a este ministerio en la medida de lo posible.

Así que el reportero de Televisión Española, en lugar de preguntar directamente al ministro, que estaba a escasos metros de él, tendría que haber llamado al Gabinete de Prensa y esperar a que le dieran autorización para hacer una sencilla pregunta. Surge entonces una duda: ¿y si el gabinete de prensa no da el visto bueno? El incumplimiento llevó explícita una amenaza de veto que captaron las cámaras de televisión. Una frase lo resume todo: me he quedado con tu cara. Al día siguiente, el ministro de Trabajo pidió disculpas públicamente al periodista y aseguró que tenía las puertas abiertas de su ministerio. Queda por conocer si la postura oficial habría sido la misma si la amenaza no hubiera sido grabada ante las cámaras.

Los telegramas confidenciales estaban reproducidos a todo color en la página 14 del diario
ABC
. No había duda: alguien había filtrado documentos secretos al periodista Luis Ayllón, que los publicaba en exclusiva en la edición del 25 de marzo. De arriba abajo, los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores pudieron ver en el diario varios telegramas cifrados, enviados por el embajador de España en la OTAN, Carlos Miranda. Cinco días antes el diplomático español se puso en contacto con la cúpula de Asuntos Exteriores. En sus misivas confidenciales el embajador explicaba la irritación de Estados Unidos y del secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, tras la decisión de España de retirar las tropas de Kosovo. El 19 de marzo de 2009 el gobierno del PSOE anunció de forma unilateral su decisión de retirar el contingente español destacado en la zona balcánica. En total, seiscientos veintitrés soldados volverían a casa antes del verano.

Un mes después el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, compareció ante el Congreso. Y allí explicó que su gobierno había abierto una investigación para detectar al topo que filtró los documentos: «Produce rechazo, total rechazo, que telegramas cifrados sean publicados en la prensa nacional. Por lo tanto, tanto el Gobierno como el ministerio están tomando las medidas necesarias».

Hay una cuestión fundamental: ¿por qué tanto revuelo? ¿Acaso los españoles no tienen derecho a conocer las consecuencias diplomáticas de las decisiones del Gobierno? ¿No está bien que los votantes sepan que Estados Unidos se ha molestado con España o que hay malestar dentro de la OTAN? En realidad, aquellos telegramas desvelaban otra cortina de humo de la Casta. El 20 de marzo de ese año, un día después de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunciara la retirada de las tropas españolas de Kosovo, compareció en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno. Desde Madrid, María Teresa Fernández De la Vega aseguró que la decisión se había tomado «en el marco de la normalidad de las relaciones de España en el seno de la OTAN». La comparecencia de la número dos del Gobierno terminó con otra frase vacía de cara a la galería: «A partir de aquí, España seguirá estando donde se la necesite a favor de la paz, de las instituciones democráticas y de la solución pacífica y multilateral de los conflictos».

Ese día el gobierno español ya conocía el ferviente malestar que su decisión generó en varios países de la OTAN, y especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, no consideró necesario comunicarlo al electorado. Era mejor vender una falsa imagen de cordialidad democrática. Una imagen rota únicamente por las filtraciones.

El acceso de la Casta a información confidencial hace que, en ocasiones, datos que son imposibles de obtener para los ciudadanos se hagan públicos con fines partidistas.

El 2 de junio de 2009 el ministro de Fomento, José Blanco, acudió a un mitin electoral en Barcelona. La campaña de las elecciones europeas estaba en su recta final y todavía sonaban ecos del cañonazo lanzado por el PP al acusar a Zapatero de utilizar aviones del Estado para acudir a los actos electorales del PSOE. En contrapartida, José Blanco habló. Y frente a quinientos simpatizantes reveló que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, tenía asignados medio centenar de escoltas para garantizar su seguridad. Un gasto demasiado elevado, estimó: «Cincuenta sueldos nos cuesta el ex presidente».

¿Qué pasaría si un ciudadano normal llamara al Ministerio del Interior para interesarse por el dato? No se lo darían bajo ningún concepto. Así de sencillo. Sin embargo, si Blanco revela en plena campaña la cantidad de escoltas de Aznar, será porque es información de acceso público. ¿O no? Parece lógico que esos datos sean confidenciales, aunque sólo sea por cuestiones de seguridad, pero nadie ha sancionado o reprendido en forma alguna al alto cargo socialista. Días después, el político gallego aseguró que aquellas no eran cifras oficiales, sino un cálculo personal. Qué casualidad. Tiene buen ojo el ministro, porque lo clavó. Tampoco reveló José Blanco que al líder del PP le escolta exactamente la misma cantidad de agentes que al ex presidente de su partido, Felipe González.