La Casta (19 page)

El ilustre Salón de Columnas fue testigo en 1977 de la firma de los Pactos de La Moncloa. Allí, bajo doce columnas procedentes del claustro del palacio arzobispal de Arcos de la Llana, en el valle burgalés del río Cavia, se firmaron los acuerdos que sentaron las bases para la transición española. El presidente Adolfo Suárez —el primero en elegir el palacio como residencia oficial— reunió en aquella sala, que era en realidad el patio del edificio primigenio, a los representantes de los principales partidos políticos, organizaciones empresariales y al sindicato Comisiones Obreras para lograr un pacto que garantizara el buen curso democrático, estabilizara la economía y contuviera la inflación, cifrada en el 47 por ciento.

En aquel Salón de Columnas, recién techado por orden de Suárez, se prohibió el 25 de octubre de 1977 la censura previa en España, se modificó la legislación sobre secretos oficiales para que la oposición pudiera ejercer su actividad parlamentaria, se aprobaron los derechos de libertad de expresión y asociación política, se despenalizó el adulterio, se creó el delito de torturas y se reconoció el derecho de todos los detenidos a ser asistidos por un abogado.

En sus trescientos cincuenta años de historia el edificio ha sido destruido, reformado, ha pasado de mano en mano y ha servido de escenario para episodios centrales de la historia de España. Sin embargo, la reforma más radical del palacio de La Moncloa en democracia llegó de la mano del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y más concretamente por obra de su mujer, Sonsoles Espinosa, que descontenta con los muebles que habían servido con anterioridad a otros cuatro jefes de Estado, consultó a varios interioristas para cambiar la estética de la residencia oficial. Durante los seis años que Zapatero lleva en La Moncloa ha invertido más de 10 millones de euros en modernizar las instalaciones y reformar los jardines del complejo. En muchos casos eran obras necesarias, pero la modernidad llegó al absurdo cuando el Gobierno aprobó la compra de retretes inteligentes para la residencia oficial.

El 22 de diciembre de 2008, mientras la atención mediática se centraba en el interés del grupo energético ruso Lukoil por entrar en el accionariado de Repsol, la Administración General del Estado publicó en el
BOE
una adjudicación definitiva. Era una más entre la marea de contratos que concede la administración cada jornada. Aquel día la empresa Hygolet Madrid S.L. se llevó el contrato de alquiler de «equipos automáticos de tazas de WC y urinarios de diversas dependencias de la Presidencia del Gobierno, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia».

Durante 2009 el Estado pagará 44.225 euros para alquilar urinarios inteligentes. Según el muestrario de la empresa, sus inodoros cuentan, entre otras prestaciones, con un sensor que dispensa una funda transparente para el asiento cada vez que el usuario pasa la mano por el dispositivo.

Las comodidades pretendidas por el máximo responsable del país y sus colaboradores contrastan, por ejemplo, con la memoria de calidades de las viviendas construidas con dinero público en España. La inmensa mayoría de las 60.000 viviendas que se construyen al año con apoyo de la administración está dotada de tazas «de porcelana esmaltada en blanco», sin extras.

Pese a que el presidente del Gobierno ha reiterado en repetidas ocasiones su intención de contener el gasto en época de crisis, los números no le acompañan. Su departamento cuenta con una partida de 59.400 euros destinada a vestuario, 10.590 euros más para productos farmacéuticos y otros 20.480 para alimentación durante 2009. Según los presupuestos del Ministerio de Presidencia para este año, los desplazamientos del jefe del Estado costarán 2,4 millones de euros en dietas para el personal que le acompaña. En total, se prevé que los gastos del presidente Zapatero y su círculo de colaboradores sean de 14 millones de euros.

Mientras los gastos personales son más criticados entre la clase política, las inversiones mobiliarias en edificios públicos resultan menos controvertidas.

Al fin y al cabo, el dinero se invierte en mejorar un bien de todos los españoles, aunque los beneficios reviertan únicamente en aquellos que disfrutan del inmueble. Muchas veces las reformas son necesarias. Las oficinas están viejas, los muebles rotos y los edificios tienen goteras. Pero en otros casos las obras dejan entrever una creciente pretensión al lujo.

El 21 y 22 de marzo de 2005 la entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se marchó en viaje oficial a Finlandia. A su vuelta, la responsable socialista anunció públicamente que estaba pensando en modificar la legislación española para poder construir pisos más pequeños de lo que estipula la ley para las viviendas de protección oficial, tal y como había visto en el país escandinavo. En concreto, las casas pensadas por la ministra tendrían entre 25 y 30 metros cuadrados, frente a los 50 metros que marcaba entonces la normativa en varias comunidades autónomas. En muchas partes de España no es legal hacer casas tan pequeñas.

Aun así, los minipisos de la ministra Trujillo fueron definidos por el Gobierno como una «solución habitacional digna». Aquello no hizo más que evidenciar una constante cuando se trata de la Casta: lo que es suficiente para el pueblo no lo es para algunos políticos. Un mes después del anuncio, un reportaje en la revista
Época
desvelaba que la propia ministra socialista era propietaria de una vivienda de 300 metros cuadrados en una exclusiva urbanización extremeña. Sólo en su casa cabían diez pisos como los que pensaba construir. Además, la ministra Trujillo autorizó una reforma en su despacho del Ministerio de Vivienda y lo amplió hasta los 77 metros cuadrados. Tras la polémica, Trujillo matizó sus intenciones y aseguró que las microviviendas se construirían únicamente para jóvenes y personas solteras en régimen de alquiler. Poco sabía la ministra que su vivienda oficial sería noticia también cuando ella dejara la cartera.

Mientras residía en Madrid, María Antonia Trujillo ocupaba un ático de 220 metros cuadrados, propiedad del Estado y ubicado en pleno centro de la capital. En octubre de 2007, con su compañera de partido fuera ya del Ministerio de Vivienda, el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, pasó a ocupar ese mismo inmueble. Dos meses antes de las elecciones su ministerio habilitó un gasto cercano a los 250.000 euros para reformar varias dependencias del ático. El desembolso se justificó por supuestas medidas de seguridad, pese a que el dinero se invirtió en reformar la terraza, cambiar varias tapicerías, renovar el mobiliario del cuarto de baño y comprar suministros de jardinería. Cuando los medios de comunicación dieron cuenta de la obra, el Ministerio de Justicia aseguró que la vivienda se encontraba en unas condiciones de habitabilidad muy deficientes tras haber sido utilizado por la ministra Trujillo.

La diputada cacereña se defendió y aseguró que entregó la vivienda a su compañero de partido en perfecto estado. Ni entre ellos se pusieron de acuerdo. Sólo hay una cosa segura: no queda constancia en el distrito de Moncloa de que Mariano Fernández Bermejo, el Ministerio de Justicia o cualquier responsable estatal solicitara licencia de obras para realizar las reformas.

En octubre de 2008, con la crisis económica adquiriendo dimensiones peligrosas, llegó el anuncio de una partida de 63.000 euros para mobiliario destinado al departamento de Vicepresidencia. Un coste similar tuvieron también los muebles encargados por la ministra de Igualdad, la gaditana Bibiana Aído, a la diseñadora Claudia Stilianopoulos. Aído solicitó incluso la construcción de un jardín de estilo oriental en la sede del nuevo ministerio, ubicada en pleno centro de Madrid, entre la plaza de Cibeles y la calle de Alcalá.

La dudosa necesidad o conveniencia de algunas obras aprobadas por los más altos miembros de la Casta se pone de manifiesto cuando seguimos sus decisiones en el tiempo. El 6 de abril de 2009 el número dos del PSOE fue nombrado ministro de Fomento. Y sólo veinte días después, José Blanco, mano derecha del presidente Zapatero al frente del partido, anuló una remodelación de despachos valorada en 734.000 euros. La obra había sido aprobada un mes antes con el beneplácito de la entonces ministra del ramo, Magdalena Álvarez, que autorizó en marzo una remodelación de veintisiete despachos ubicados en la séptima planta de la sede central que Fomento tiene en Madrid. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no.

Sin embargo, fue el ex presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, quien más llamó la atención de oposición y votantes con el acondicionamiento de su residencia y lugar de trabajo. No faltó de nada. En octubre de 2008 el PP de Galicia acusó al entonces líder del gobierno gallego de invertir 2 millones de euros sólo en su despacho. Las elecciones estaban cerca y había que disparar pólvora electoral, aunque estuviera usada. Las obras del despacho de Touriño se acometieron en 2006 y ya habían sido denunciadas entonces por el PP en una pregunta parlamentaria. La reforma costó en realidad 1,7 millones de euros, pero no afectó únicamente al despacho del presidente de la Xunta, sino a tres plantas del palacio de San Caetano, su residencia oficial. En las oficinas modernizadas trabajan unas cincuenta personas.

Sin embargo, esto no deja a la administración de Touriño libre de pecado cuando se trata de gastos superfluos. En julio de 2007 el ejecutivo socialista proyectó una nueva reforma de tres salas de la Xunta por valor de 4 millones de euros. Las obras fueron encargadas a la empresa Ferrovial y se finalizaron en diciembre de 2008. La principal modificación fue la de la sala que alberga las reuniones semanales de los catorce miembros del ejecutivo autonómico. Sólo la mesa costó 26.284 euros. Para sus posaderas, touriño y los suyos optaron por unas sillas modelo Oxford de la reconocida marca danesa Fritz Hansen, tapizadas en piel y con un valor de 2.269 euros. Es decir, la silla de cada consejero cuesta cuatro veces el salario mínimo de un gallego. Y la usan por lo general una vez a la semana. Basta con comparar el precio de este mobiliario con las sillas que el ejecutivo adquirió en la misma partida para los guardias de seguridad que vigilan esa planta de San Caetano. El gobierno gallego adquirió seis sillas para los vigilantes por un valor de 465 euros la unidad, aunque posiblemente este personal pase muchas más horas sentado en ellas que los consejeros.

En febrero de 2009 el diario
ABC
reveló un nuevo dato sobre la cómoda sala que alberga las reuniones de los consejeros de la Xunta de Galicia. El ejecutivo autonómico aprobó esta vez cristales de última tecnología con un precio de 170.000 euros. Pero no se trata, como cabría esperar, de vidrio blindado para garantizar la seguridad de los allí reunidos, sino de un cristal inteligente que se hace opaco por medio de unos dispositivos eléctricos y se oscurece para evitar la entrada de luz natural. La Xunta ha gastado 170.000 euros en una moderna tecnología que aportará mucha estética a la sala, pero que al fin y al cabo hace la misma función que unas cortinas. Con la salvedad de que, en su punto más opaco, el ventanal comprado por el gobierno gallego se puede utilizar como pantalla de proyección. En fin, un artilugio de estética indudable, pero de utilidad cuestionable cuando se paga con dinero público.

La Gran Vía de Madrid es una de las arterias más transitadas de la capital. Allí, entre cafeterías y establecimientos comerciales, abrieron a principios del siglo pasado las primeras salas de cine de Madrid. Cuando cae el sol, las luces de neones y farolas alumbran con intensidad los grandes carteles pintados a mano, mientras las bocinas de los coches ponen la banda sonora a la escena. Todo cobra un tono anaranjado. La ciudad late. Era marzo de 2009 cuando el rostro de Clint Eastwood lucía sobre las balconadas. El cartel de la película
Gran Torino
rivalizaba en tamaño y atención con el de la actriz estadounidense Naomi Watts, que estrenaba en Europa un
thriller
de acción llamado
Agente internacional
.

La cartelera estaba todavía convulsa por el estreno en España de las películas nominadas a los Oscar, los principales premios de la industria del cine estadounidense, que se fallan siempre en febrero. Con ese panorama pasó de puntillas por la Gran Vía una producción española llamada
La casa de mi padre
. Dirigida por el cineasta Gorka Merchán y rodada un año antes, la cinta narra el regreso al País Vasco de una familia de empresarios amenazados por ETA. Entre los grandes estrenos de Hollywood, una película modesta encontró acomodo en la cartelera del palacio de la Prensa.

Fue en 1929 cuando el palacio de la Prensa abrió por primera vez sus puertas. Habían pasado cuatro años desde que el 11 de julio de 1925 el rey Alfonso XIII colocara la primera piedra del edificio destinado a ser la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. El aforo de 1.840 localidades se llenó por primera vez la noche del 2 de enero de 1929 para ver la proyección de la película
Los pecados de la carne
. Desde aquel día el edificio sufrió dos importantes remodelaciones, pero ninguna tan sonada como la que preparaba casi un siglo después el Partido Socialista de Madrid, y que desató una auténtica batalla entre los miembros de la Casta.

Fue en enero de 2009 cuando el PSOE solicitó al ayuntamiento una licencia de obra para acondicionar el edificio. El partido, que en ese momento ejercía la oposición en la Comunidad de Madrid, quería reformar tres plantas del inmueble para su nueva sede. Y no tuvo más remedio que solicitar un permiso oficial a la administración local, controlada por su eterno rival, con Alberto Ruiz Gallardón como alcalde. El palacio de la Prensa se encuentra tipificado como Bien de Interés Cultural, por lo que cualquier cambio en su estructura o en el uso que se hace de cada vivienda tiene que estar autorizado por el ayuntamiento. Entre otras reformas, el partido necesitaba instalar un nuevo aire acondicionado.

Pasaron dos meses desde que el PSOE requirió autorización para hacer obras en el edificio, pero el papel no llegaba. Para evitar gastos innecesarios, mientras realizaban las reformas, los socialistas madrileños firmaron con la Asociación de la Prensa, propietaria del edificio, una carencia de seis meses. Es decir, que tenían de plazo hasta septiembre antes de empezar a pagar 13.000 euros al mes en concepto de alquiler, aunque ya disponían de las oficinas para empezar los trabajos. La urgencia por comenzar las obras llevó a los albañiles dentro del edificio, pese a que el ayuntamiento todavía no se había pronunciado. Según los responsables del PSOE, los obreros accedieron al lugar solamente para trasladar muebles y preparar el terreno antes de comenzar la reforma. Había que empezar cuanto antes.