La Casta (18 page)

El presidente de la cámara vendió la medida como un logro político, una muestra de conciencia social en tiempos de crisis, pero aquello tenía también otra lectura. El recorte presupuestario dejaba en evidencia el exceso que los diputados llevaban consintiendo y disfrutando desde hacía años. Y es que pese a la reducción del gasto en diplomacia parlamentaria, la actividad política prácticamente no se resintió.

El 20 de mayo de 2009 el actual líder de los socialistas europeos, Juan Fernando López Aguilar, envió una misiva a su compañero de partido José Bono. En ella el diputado canario le solicitaba, como presidente de la delegación parlamentaria española ante la Unión Europea Occidental (UEO), que autorizara el viaje de trece delegados a París para asistir a la LVI Asamblea de la entidad.

El presidente del Congreso envió durante el mes de marzo una carta personal a todos los diputados explicando el plan de recortes en actividades internacionales aprobado por las Cortes Generales para combatir la crisis. En su escrito, Bono informaba oficialmente de que España no enviaría delegación alguna a la asamblea que la UEO pensaba celebrar en los primeros días del mes de junio, al considerar que el organismo está en desuso y que sus funciones son ornamentales. De hecho, el consejo de esta organización no se reunía desde 2002.

Pese a estos argumentos, la decisión de no mandar a nadie a la cita internacional llevaba meses borboteando en un caldo de rechazo. Diputados de distintos grupos mostraron su disconformidad con la medida —adoptada en sesión conjunta por las mesas del Congreso y del Senado— en diciembre de 2008. A los reproches se sumó incluso el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la UEO, el británico Robert Walter, pidiendo primero un cambio de postura al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y luego al presidente del Senado, Javier Rojo. Pero la retractación no llegó.

La LVI Asamblea de la UEO, en la que participaron delegados de veintiocho países, abrió sus sesiones el 2 de junio de 2009 en París. Y, pese a la negativa de las cámaras a sufragar el viaje, dos cargos electos acudieron al encuentro pagándolo de su propio bolsillo. El diputado de CiU Jordi Xuclà y el senador del PP Pedro Agramunt presentaron sendas ponencias en el encuentro diplomático y afrontaron los gastos de hotel y desplazamiento con su dinero. No hubo acuerdo. Mientras unos consideraron que su presencia era indispensable, otros optaron por no enviar a nadie al encuentro. ¿Quién tiene razón? Sin datos objetivos es imposible saberlo.

Ni siquiera la clase política tiene claro qué viajes son convenientes para la diplomacia española y cuáles resultan superfluos.

Ahora falta por conocer qué postura tomará España respecto a la utilidad de la UEO en 2010, cuando le toque presidir la entidad durante seis meses, coincidiendo con su turno al frente de la Unión Europea.

Los viajes diplomáticos no son patrimonio exclusivo de los políticos nacionales. Cargos electos de ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos baleares y las diecisiete asambleas autonómicas disfrutan también del privilegio de viajar en ocasiones a cargo del Estado. Cierto es que no viajan gratis por el país, como los diputados y senadores, y que no disfrutan de una asignación mensual para taxis o coche oficial como los altos cargos, pero también mantienen activa una intensa maquinaria diplomática que incluye traslados por todo el mundo. Y es imposible cuantificarla. Sin embargo, algunos han conocido ya medio mundo con gastos pagados.

Arrancaba 2009 cuando el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, almorzaba con varios periodistas españoles. Las caras eran conocidas, pero departían en un escenario poco común: el legendario edificio Rockefeller Center, ubicado junto a la Quinta Avenida de Nueva York. Era 23 de enero y allí, bajo los rascacielos de Manhattan, el gobierno catalán celebraba con una fiesta la apertura de su cuarta embajada fuera de España. Antes, el ejecutivo catalán había abierto oficinas diplomáticas en Berlín, Londres y París.

Todo parecía idílico. Manhattan estaba tranquilo, el presidente Barack Obama firmaba el cierre oficial de la prisión de Guantánamo y la gente patinaba todavía entre círculos y cabriolas en la mítica pista de hielo que adorna los bajos del Rockefeller Center. Sin embargo, la escena de película no se escuchaba desde la planta 26 del edificio principal del complejo, en una de las zonas más caras de la ciudad, y donde la Generalitat decidió plantar su oficina. A los pies del edificio departía Carod Rovira con los periodistas. Uno de ellos hizo la pregunta que todo el mundo estaba esperando: cuánto costaría el alquiler de la sede. La respuesta fue recogida por la agencia Europa Press: «Esto cuesta lo que tiene que costar».

Así zanjó el vicepresidente de la Generalitat el derecho lógico de todos a conocer el coste de mantener una embajada autonómica en la Gran Manzana. Para afianzar su postura, el líder de Esquerra Republicana aseguró que no quería empañar «una noticia institucional potente» con cuestiones de dinero. Era el momento de la propaganda: «Los países tienen la obligación de abrirse al mundo y aprovechar todas las oportunidades para ser un actor internacional», puntualizó.

Desde luego, el vicepresidente de la Generalitat se toma sus palabras al pie de la letra. En dos años, desde que comenzó la legislatura hasta agosto de 2009, el máximo responsable de Esquerra Republicana había realizado veintitrés viajes por medio mundo, enarbolando la bandera de potenciar la imagen de Cataluña a escala internacional. Israel, Jordania, Mozambique, Cuba, Costa Rica, Francia o Estados Unidos son sólo algunos destinos. Además, la administración autonómica mantiene cuatro delegaciones permanentes, las ya citadas de Berlín, londres, parís y Nueva York. Y todas dependen directamente del político independentista por medio de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Sin embargo, el afán viajero de Carod Rovira no es aleatorio. Es simplemente otra de las técnicas de la Casta. Tras la implantación de las democracias modernas, los Estados han sido tradicionalmente reconocidos como los principales actores de la política exterior. Son ellos quienes, desde instituciones como el G-8, se reúnen para marcar los designios del planeta. Son ellos quienes componen las Naciones Unidas. Fueron los cuarenta y cuatro Estados representados en las conferencias de Bretton Woods quienes establecieron en 1944 las reglas para controlar la economía mundial. Y fueron sus sucesores al frente de la Casta quienes, a lomos del G-20, se reunieron en noviembre de 2008 en Washington para refundar el sistema económico tras una crisis financiera que ha dejado España por encima de los cuatro millones de parados.

Con ese planteamiento, además de la voluntad promocional de Cataluña, la política de expansión internacional controlada por Esquerra Republicana conlleva también una estela de reclamación.

Reclamación de independencia y de que el territorio catalán sea reconocido como un Estado, uno de los puntos del ideario básico del partido. De hecho, varios de los viajes de Carod Rovira han tenido como destino zonas con movimientos independentistas emergentes, entre ellas Irlanda del Norte. En Nueva York, cataluña comparte planta en las instalaciones del Rockefeller Center con la delegación de Quebec, una provincia francófona de Canadá con un importante movimiento separatista.

En 2008 el departamento de la Generalitat controlado por Carod Rovira gastó 120.000 euros en rotular en catalán las calles de la localidad francesa de Perpiñán. La ciudad es la capital de la región del Rosellón, que hasta 1659 estuvo integrada en Cataluña junto con parte de La Cerdaña. La ciudad rotulada con dinero público es considerada por los nacionalistas como la capital de «Cataluña Norte». El término fue acuñado en 1937 por el político francés Alfons Mias. Considerado el padre del catalanismo en territorio galo, alfons Mias propugnó durante su vida la unión de Cataluña con el Rosellón y el derecho de autodeterminación de la zona como una nación independiente junto con el resto de las regiones que componen los Países Catalanes: Andorra, Comunidad Valenciana, Baleares y la Franja de Poniente en la zona oriental de Aragón.

Vistos estos mimbres, la excusa de incentivar la imagen de Cataluña en el extranjero tiene también una pretensión partidista, ya que la independencia de la región no es una meta que persiga la administración catalana en ninguno de sus idearios. Pero es ella la que paga las facturas. Sin entrar en valoraciones políticas, ¿cuánto les cuesta a los catalanes esta maquinaria de promoción? Las cifras son certeras. Rovira y sus colaboradores gastaron 15.136 euros en viajar a Berlín; 19.958 en Londres; 80.939 en Nueva York; 43.000 en Ecuador; 52.000 en Mozambique; 38.789 en Israel y Jordania…

Y la lista se alarga hasta abarcar los veintitrés destinos elegidos por el líder de Esquerra Republicana y su cuantioso séquito.

Como ejemplo, en su viaje a la India en 2007, Carod Rovira fue acompañado por una delegación de veintiún personas que también pagó el Estado. Allí se encontraba un representante de las universidades catalanas, el secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat, el presidente de BioRegió —dedicada a la investigación biomédica—, la directora de Asuntos Interdepartamentales de la administración autonómica, el comisionado del Programa de Investigación, el director de Asuntos Científicos, el responsable internacional de Medio Ambiente de la Generalitat, el director general de Cooperación, un técnico de asuntos interregionales, dos técnicos de exportación mercantil, dos personas de Prensa, dos de Seguridad, un fotógrafo y una intérprete de inglés. Ahí es nada.

Según los presupuestos de la Generalitat para 2009, el organismo gastará 2,2 millones de euros en delegaciones, oficinas y misiones exteriores. La cifra creció un 63 por ciento en un año, pese a que España se encontraba en plena crisis. En 2008 el departamento controlado por Esquerra Republicana aprobó partidas presupuestarias para viajar a Nueva Gales del Sur, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México. En 2010 la Generalitat tiene previsto abrir nuevas embajadas en Buenos Aires y la ciudad de México.

Para moverse por el mundo, los técnicos de la Agencia Catalana de Cooperación cuentan con veintinueve tarjetas de crédito expedidas a cuenta del erario público, puestas a nombre de dos personas que se encontraban en excedencia. Todas las tarjetas estaban guardadas en un cajón, sin más seguridad. El dato fue revelado por un informe de la Sindicatura de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar los gastos de la administración pública catalana. La entidad alertó a la Agencia Catalana de Cooperación el 11 de junio de 2009 de que había falta de control en sus cuentas de 2007. Desde el gobierno catalán restaron importancia al documento asegurando que las irregularidades se centran en 53.000 euros en un organismo que tiene 52 millones de euros de presupuesto.

El documento elaborado por la Sindicatura de Cuentas relata, sin embargo, pagos duplicados, anticipos a trabajadores que no han sido retornados o un control deficiente en los vales para el comedor. Según el informe, la Comisión de Dirección de la Agencia Catalana de Cooperación realiza reuniones periódicas a la hora de comer. Un total de 2.300 euros de los 12.000 gastados en almuerzos protocolarios corresponden a comidas de directivos pagadas con dinero público. Parece que no hay otra hora para hacer las reuniones. Además, en veintitrés ocasiones algunos directivos duplicaban beneficios. Se quedaban también con el Ticket Restaurant
^®
que les da la Agencia Catalana para sus comidas, pese a que la factura completa del restaurante era abonada por otro lado como reunión de trabajo. Si pasa una vez, el gesto puede ser calificado como un despiste. Si pasa veintitrés veces, comer a cargo del Estado y además quedarse un vale de comida no deja de ser algo ruin e innecesario.

EL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO

Cuando una ventana de la Xunta de Galicia es más cara que una vivienda pública para cuatro personas

P
oco podía imaginar Melchor Antonio Portocarrero que su palacio en Madrid, construido en 1642, se convertiría trescientos años después en la residencia oficial del presidente del Gobierno. El aristócrata y militar, apodado
Brazo de Plata
por la prótesis de su mano derecha, ostentó en sus últimos años el título de virrey del Perú, concedido en 1689 por sus méritos militares bajo el reinado de Felipe IV. Por herencia, Portocarrero era ya en derecho el tercer conde de Monclova. Y aunque la historia le devoró, su nombre ha pasado de generación en generación ligado a su residencia, construida en los terrenos heredados de los condes de Pozas a las afueras de Madrid.

Fue tras la muerte de su propietario en la ciudad de Lima en 1705 cuando el palacio de La Moncloa pasó a manos del Estado. Primero fue Carlos IV quien lo compró para su esposa, la reina María Luisa, por 80.000 reales. La finca perteneció al patrimonio de la Corona hasta que la reina Isabel II la donó al pueblo. Con una extensión de 58.000 metros cuadrados, el palacio de La Moncloa y sus jardines fueron cedidos en 1954 a Patrimonio Nacional, que es el organismo público que suscribe los bienes ligados a la Casa Real. Desde aquel momento, las instalaciones —que quedaron reducidas a escombros por los bombardeos de la Guerra Civil— fueron reformadas para hospedar a los jefes de Estado que se desplazaban en visita oficial a España. En La Moncloa durmió, por ejemplo, Saddam Hussein, que en 1974 visitó el país como vicepresidente del Consejo del Mando Revolucionario de Iraq. El futuro dictador iraquí se reunió entonces con Francisco Franco y acudió a rezar a la mezquita de Córdoba. Eran otros tiempos.

En la actualidad, el llamado Complejo Moncloa acoge la residencia oficial del jefe del Estado y todas las dependencias que tienen que ver con el Ministerio de Presidencia, el Consejo de Ministros y la oficina del Portavoz del Gobierno. Allí trabajan los 82 asesores personales que colaboran directamente con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en las decisiones que atañen a todo el país, además de otras 562 personas dedicadas a las tareas más diversas: administración, limpieza, seguridad… Todos los edificios están unidos entre sí por un búnker subterráneo construido tras el fallido golpe de Estado de febrero de 1981. Este refugio cuenta con una sala de prensa para que el jefe del Ejecutivo pueda dirigirse a la nación desde allí en caso de emergencia.