La Casta (14 page)

Bitel cobró nombre en Baleares en el año 2000, cuando el primer ejecutivo del socialista Francesc Antich denunció una intromisión en el correo electrónico del dirigente socialista Francesc Quetglas, fallecido en 2006. La Casta estaba de nuevo jugando a los espías y el caso terminó en el juzgado.

El Partido Popular preparó la defensa de sus correligionarios. El técnico Damià Vidal fue contratado por el ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, según recoge la prensa de la época. Vidal fue contratado como perito y su informe sobre seguridad informática fue determinante para dejar a Matas fuera de las acusaciones de espionaje.

En 2003 Jaume Matas recuperó el poder al frente del Govern balear y recurrió a su antiguo perito para que se encargara de Bitel, una empresa tecnológica controlada por la administración balear y Telefónica hasta 2005, año en que pasó por completo a titularidad pública. Damià Vidal se hizo cargo de la empresa y allí se mantuvo hasta que fue detenido.

Su valedor, el
president
Matas, perdió el sillón de mando balear en las siguientes elecciones. Volvió a darse la vuelta la tortilla. Y tras el nuevo cambio de gobierno, los socialistas detectaron en 2007 varios descuadres en las cuentas de Bitel, siempre relacionados con los encargos realizados a cuatro sociedades. La tesis policial —pendiente de juicio— es que estas cuatro empresas sirvieron de cortina para detraer fondos públicos por medio de la contratación de informes que, en varios casos, se bajaron de Internet. En otras ocasiones los trabajos ni siquiera se realizaron, pero sí se cobraron.

En su declaración judicial Damià Vidal reconoció que utilizó una tarjeta de crédito con fondos públicos para abonar gastos personales. En siete meses empleó la tarjeta doscientas veces, hasta cargar 23.738 euros, según publicó
El País
. Según la querella presentada por el fiscal Pedro Horrach, sus gastos ascendieron a 83.559 euros en cuatro años. En sólo doce meses el hombre de confianza contratado por Jaume Matas sacó 33.000 euros en efectivo de esa misma tarjeta por medio de cajeros. Y pagó fármacos, joyas, libros… Por poner algunos ejemplos, gastó 200 euros en juguetes para sus hijos, 400 más en una famosa camisería de Palma, otros 700 en muebles de Ikea, y hasta 1.400 euros en cafés y hoteles de Niza, Mónaco o Cannes.

El escrito del fiscal considera que Vidal pudo desviar fondos de esta manera «aprovechándose de la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros sobre su gestión». A día de hoy el empresario ha sido procesado por su conducta, pero nadie ha sido acusado, sancionado o reprimido en forma alguna por la falta de controles públicos que propiciaron sus actuaciones.

El 1 de septiembre de 2004 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares archivó el llamado caso Rasputín. El proceso judicial se abrió meses antes, cuando la asociación Dones de Mallorca interpuso una denuncia por malversación de caudales públicos contra el director del Instituto Balear de Turismo, Juan Carlos Alía, que resultó absuelto. El escándalo saltó cuando Alía intentó por equivocación que la administración le abonara varias entradas a un local erótico llamado Rasputín durante un viaje oficial de varios miembros del ejecutivo autonómico de Jaume Matas a Moscú.

Fue a principios de 2004 cuando una delegación de políticos baleares se desplazó a la capital rusa para promocionar la Olimpiada de Ajedrez que se celebraba ese año en la localidad balear de Calvià. Las fechas del viaje, del 24 al 26 de febrero, coincidían además con la celebración de un encuentro futbolístico entre el Mallorca y el Spartak de Moscú. Así que los políticos baleares se fueron a ver el fútbol, pagando, por supuesto, con dinero público. El entonces presidente del Govern, Jaume Matas, encabezaba la expedición junto con el
conseller
de Turismo, juan Flaquer. Con ellos viajó también el citado Juan Carlos Alía, José Negrón Nevado, jefe de Prensa de la Consejería de Turismo, francisco Salas Santos, jefe de Gabinete del organismo, y Julián Valencia Gutiérrez, escolta del presidente. El viaje para seis personas tenía previsto un gasto total de 19.154 euros.

A la vuelta de Moscú el director del Instituto Balear de Turismo justificó mediante facturas los gastos que había abonado de su bolsillo, a la espera de que la administración le devolviera el dinero. Entre los comprobantes se encontraban siete entradas del club Rasputín, descrito bajo el eufemismo de «teatro erótico». El Rasputín tiene fama de ser uno de los prostíbulos más modernos y caros de Moscú, con cinco salas de
striptease
, varios reservados con
jacuzzi
y la posibilidad de disfrutar de bebidas alcohólicas sobre los cuerpos desnudos de las señoritas que allí trabajan, además de un suculento menú sexual con distintas opciones, entre ellas el sadomasoquismo.

Juan Carlos Alía, que dimitió tras los hechos, aseguró que pasó por error los 129 euros en facturas del Rasputín, ya que los comprobantes estaban escritos en ruso con caracteres cirílicos. En cualquier caso, llama la atención que el responsable político guardara a buen recaudo las entradas del prostíbulo de siete personas cuando no pensaba darle más utilidad a las facturas. Además, los delegados baleares debieron de encontrar amigos con los que compartir la velada, ya que según la versión de Alía, tanto Jaume Matas como su escolta y el consejero de Turismo se marcharon al hotel antes de que la delegación entrara en el Rasputín. En cualquier caso, la delegación balear estaba compuesta por seis personas, pero al Parlamento regional llegaron siete entradas. Buena fiesta.

El 23 de julio de 2004 la Fiscalía abrió diligencias informativas sobre el caso a raíz de la denuncia presentada por la citada plataforma feminista mallorquina. Sin embargo, dos meses después dio por buenas las explicaciones del responsable político y archivó la denuncia. Alía ya había dimitido y repuesto los 129 euros de la discordia, pero su conducta generó un intenso debate. Las asociaciones feministas se preguntaron de qué sirven las políticas para luchar contra la explotación sexual cuando algunos políticos frecuentan este tipo de locales.

En julio de 2002 la Audiencia Provincial de Alicante condenó al ex alcalde de Dolores, Antonio Ruiz Meroño, a seis meses de prisión y otros tantos de inhabilitación por abonar la factura de un club de alterne con la tarjeta de gastos protocolarios del ayuntamiento. Los hechos se produjeron el 22 de octubre de 1998, cuando el entonces alcalde pagó 597 euros en el club Nancy, situado en la localidad alicantina de Orihuela. El primer edil se dirigió allí con otros siete comensales tras una cena que costó 760 euros y que se abonó también con los fondos de la misma tarjeta. El banquete se celebró en el restaurante El Cruce, de Almoradí, para despedir al secretario del ayuntamiento, que cambiaba de trabajo. Parece ser que estas ocasiones merecen ser pagadas por el contribuyente.

Además de cargar la cena al presupuesto municipal, Ruiz Meroño tiró de tarjeta a las tres de la madrugada para abonar 104 euros en el club de alterne y otros 493 euros cuarenta y cinco minutos después. El concejal fue condenado a la pena mínima que la ley prevé para estos casos, ya que se declaró culpable, confesó los hechos y repuso el dinero. No fue el único.

El sumario de la Operación Astapa —todavía en fase de instrucción— recoge el supuesto soborno solicitado por un concejal de Estepona a los propietarios de un club de alterne de la localidad. Según la documentación policial, el edil Manuel Reina solicitó 42.000 euros a repartir con otros dos imputados a los propietarios del club Oasis, con el objetivo de que el ayuntamiento les facilitara una licencia de apertura. La excusa utilizada fue, según las conversaciones intervenidas, que la apertura del local generaba mucho rechazo entre los vecinos. La siguiente conversación fue intervenida el 3 de octubre de 2005 a dos socios del local. Uno de ellos acababa de salir de una reunión en el ayuntamiento:

Cabas: […] tienen problemas por el hotel Kempinski, porque tiene mucho peso en el ayuntamiento y por la urbanización de arriba, porque viven dos vecinos que también trabajan para el ayuntamiento. Ninguno quiere un negocio así al lado. Solución: siete kilos la broma. Siete kilos. Cuatro ya y tres al permiso… a la licencia del arquitecto. […] El recado es de Ana [en referencia a la abogada municipal]. Ana me dijo que era para ella, para un político y para el arquitecto. Yo, si quieres, cuando venga, que te lo dé a ti en persona. No quiero líos con los socios. […] ¿Y qué hacemos? ¿Qué? ¿Te vas a poner a discutir? […] ¿Qué vas a discutir cuando te quieren denegar la licencia con todas las de la ley?

Al parecer no discutieron. El Oasis Club Plaza, con treinta y ocho habitaciones individuales y construido como un motel, obtuvo sin mucha dilación su licencia de apertura. En mayo de 2006 la Dirección General de la Policía informó sobre la desarticulación de una organización criminal acusada de blanquear más de 360 millones de euros procedentes del tráfico de droga. La operación se saldó con veintiún detenidos, acusados de lavar capitales por medio de transferencias a empresas fantasma en China, Corea del Sur, alemania y Estados Unidos. El cabecilla de la red en España era, según los informes de la Audiencia Nacional, Manuel de la Cruz Higuera, uno de los socios del Oasis, valorado por los agentes en 12 millones de euros. Según el Ministerio del Interior, el dinero lavado por la red sirvió para la compra y explotación del club de alterne. El mismo club de alterne que los políticos locales autorizaron con el interés de cobrar bajo mano. Cuando se habla de corrupción, todo está conectado.

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S
iempre hay una secretaria malquerida que ayuda a la oposición, un funcionario afín a ideologías contrarias o simplemente un trabajador sin ganas de ser explotado. Siempre hay alguien que canta. La Casta necesita subalternos. Necesita una cuadrilla que lleve su agenda, que le sirva de tapón informativo frente a la prensa, que frene las visitas incómodas. Alguien que vista su vida con el boato propio de un alto cargo. Es decir, no hay casta sin un buen séquito. Y esa cohorte de ayudantes, colaboradores, secretarios, asistentes personales, escoltas, coches oficiales y conductores sale también del bolsillo de los españoles.

Los trapos sucios se lavan en casa. Ésa es una de las máximas de la clase política, que mantiene dentro del vestuario todos sus problemas y una sonrisa hierática siempre de cara a la galería. Y aún más cuando se trata de abusos, privilegios y corruptelas. Sin embargo, en su mundo de salarios abultados, de gastos injustificados, de blindajes y pactos inconfesables, siempre hay algún fallo de seguridad.

En España no hay datos reales sobre lo que cuesta mantener la flota de automóviles oficiales. No sabemos cuánto ganan grandes marcas como Audi, volkswagen o Volvo por llevar a nuestros políticos. Ni siquiera hay un registro que aglutine todos los vehículos que se mantienen con dinero público. Cada ayuntamiento, diputación y gobierno autonómico tiene su propio parque móvil, al margen de la flota de vehículos que sirve para mover por todo el país a los altos cargos de la administración central. Así que las cifras se vuelven una vez más exorbitantes.

Según la legislación, todos los altos cargos del Estado tienen derecho a que la administración facilite su transporte. Y son más de quinientos. El listón se frena en los secretarios de Estado. De ahí para arriba, todo el mundo con coche oficial. La flota de la administración central se aglutina en el Parque Móvil Ministerial, que tiene una sede central en Madrid y otras cincuenta y una en las capitales de provincia. En total, el organismo atesora 1.200 coches oficiales. A eso hay que sumar al menos otros tantos en poder de las comunidades autónomas, y todos los vehículos comprados por los más de 8.000 ayuntamientos españoles. Según los presupuestos que cada año publica el Parque Móvil Ministerial, el valor de los vehículos que allí se mantienen alcanza los 89 millones de euros. Y cuesta otros 50 millones mantenerlos anualmente. En este grupo se engloba desde la última tartana hasta el Mercedes blindado con que se mueve el presidente del Gobierno. El organismo se alimenta en su mayoría de una partida de los Presupuestos Generales del Estado, de 54 millones de euros, destinada al transporte de los distintos ministerios. De ese dinero, la mayoría —40 millones de euros— sirve para pagar a los conductores de la flota y al personal que trabaja en el organismo.

Llegados a este punto, hay una pregunta clave: ¿cuánto cuesta el transporte de un alto cargo? ¿Cuánto gasta la Casta en sus viajes por carretera, en su ir y venir a velocidades prohibitivas con cristales tintados? La administración central tiene 670 coches disponibles para el transporte de sus gerifaltes. Juntos realizan 10,2 millones de kilómetros al año, con un consumo medio de 11,5 litros de gasolina por kilómetro. Son 15.268 kilómetros al año para cada vehículo, con un gasto de combustible que dista mucho de la media de cualquier utilitario. En total, 1.176.424 litros de gasolina se usan cada año para alimentar los coches oficiales y los egos de altos cargos de la administración central.

El caso de los ministros es todavía más sangrante. Los coches asignados a su transporte —doscientos ochenta en total— hacen la mitad de kilómetros al año que el resto de la flota. Eso se debe a que la mayoría de los miembros de la Casta que están en lo alto del escalafón tienen asignados varios vehículos oficiales para sus desplazamientos. Siempre hay un coche de lujo vacío esperando por si un ministro necesita ser trasladado con urgencia. Y otros tantos para trasladar a su séquito. Un par de veces al año, el Parque Móvil Ministerial renueva parte de su flota y se quita de encima los vehículos considerados vetustos en una subasta pública, abierta a todos los compradores, pero a la que únicamente pueden acceder aquellos que depositen una fianza previa, como sucede en muchas pujas de la administración para evitar ofertas erróneas y manipulaciones. Cualquier ciudadano puede comprar de segunda mano el coche de un ministro.

El transporte en coche oficial está tan ligado a la vida política que incluso se cambian leyes que afectan únicamente a una persona entre los más de cuarenta millones de españoles. Todo para mantener ese privilegio. El 1 de junio de 2008 se reunió en Madrid el Consejo de Ministros y aprobó un Real Decreto para modificar el Estatuto de los ex presidentes del Gobierno. El nuevo texto establece que, en caso de que los ex mandatarios nacionales fallezcan, su cónyuge «o persona con análoga relación afectiva» puede seguir disponiendo de un coche oficial y de los «servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estime necesarios». Es decir, si un ex presidente muere, su esposa sigue teniendo derecho a moverse por España en un coche oficial. En aquel momento la medida afectaba únicamente a una persona, Pilar Ibáñez Martín, viuda del ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo. El segundo presidente de la democracia española falleció en Madrid el 3 de mayo de 2008. Tres meses después el Gobierno ya había aprobado una ley para que la esposa del difunto mantuviera a su disposición un automóvil de representación. En el momento de aprobar la medida los portavoces del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se escudaron una vez más en una frase vacía. Aseguraron que el decreto aprobado era necesario para revisar el estatuto de los ex presidentes, que data de 1992, por «la necesidad de adecuar la normativa a las circunstancias y nuevas situaciones que se van produciendo». En resumen, nada.