La Casta (15 page)

En cualquier caso, sería absurdo discutir la necesidad de transporte de la clase política. No se trata tanto del cuánto, sino del cómo. Mientras la mayoría de los españoles viaja en utilitarios de tipo medio, gran parte de los altos cargos lo hace en coches que valen más de 60.000 euros. Un gasto sangrante, y más si cabe en época de crisis. Entre los preferidos de la Casta se encuentran los Audi A8, que no bajan en su versión más sencilla de los 75.000 euros, los Volkswagen Phanteon, con 80.000 euros de media, o el Lexus GS-450, que sale al mercado con un precio de 67.000 euros y que se utiliza por ejemplo en el gobierno de la Junta de Andalucía.

El 20 de enero de 2009 el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, encaró con su coche oficial la avenida de Pensilvania. Allí, entre parques y jardines, con el Capitolio a la izquierda y la sede del Banco Mundial a escasas manzanas, en pleno centro de Washington, se encontraba su nueva residencia. Aquel día, este abogado nacido en Honolulu se convertiría en el primer presidente negro de los Estados Unidos. Y en aquel momento rodaba en dirección a la Casa Blanca. Para su puesta de largo eligió el que sería uno de los símbolos de su nuevo mandato, su coche oficial. El vehículo, apodado en clave
Cadillac One
, cuenta con las mayores medidas de seguridad desarrolladas hasta el momento. Las puertas tienen un blindaje de veinte centímetros. Y además no se cierran: se sellan de forma hermética para evitar la entrada de gases nocivos ante un hipotético ataque químico o biológico. El coche tiene incluso reservas de sangre del presidente para facilitar una intervención quirúrgica in situ en caso de atentado. Todo para proteger a la que posiblemente sea la persona más amenazada de la Tierra. Y todo por algo más de 330.000 euros. El coche oficial de Barack Obama es el más desarrollado del planeta. Pero desde luego no el más caro. Sólo hay que mirar las posaderas de políticos españoles como el alcalde de Madrid, alberto Ruiz Gallardón, para descubrir vehículos más caros que el
Cadillac One
. El primer edil de la capital se mueve en un Audi A8 blindado que cuesta al Ayuntamiento de Madrid 591.624 euros. El coche fue contratado con la marca alemana por un servicio de arrendamiento y mantenimiento que dura cuatro años (2008-2011). Así que el alcalde de Madrid gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus ciudadanos en su transporte personal. En su defensa alega públicamente motivos de seguridad. Pero ¿de verdad le hace falta tanto coche? Ni el cuero, ni los asientos con calefacción, ni las maderas nobles aportan seguridad alguna al vehículo. Y basta un sencillo análisis para comprobar el uso que se le da. El alcalde de Madrid tiene un coche asignado para facilitar su trabajo, pero como mucho se mueve en un radio de cien kilómetros. Como norma general no sale siquiera del área metropolitana, donde reside y donde tiene su despacho, en el antiguo Palacio de Correos, junto a la glorieta de Cibeles. A un kilómetro escaso se encuentra el Congreso de los Diputados. Y a menos distancia todavía, la sede de la Comunidad de Madrid, en plena Puerta del Sol. Además, la mayoría de los organismos oficiales tienen también sede en la capital, por lo que no debe desplazarse a otra ciudad para acudir a reuniones en ministerios u otros organismos oficiales. Como mucho, acude al aeropuerto, ya que, por supuesto, cuando viaja fuera de Madrid lo hace en avión. Así que Alberto Ruiz Gallardón gasta 150.000 euros anuales para moverse por la ciudad, acudir al aeropuerto, visitar municipios aledaños y poco más.

El ex presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, tenía ya tres coches asignados a sus desplazamientos cuando compró un nuevo Audi A8 por 430.000 euros: había que sustituir otro coche antiguo. En aquel momento 130.000 gallegos estaban en paro. Para salir al paso de las críticas, los responsables de prensa del PSOE en el gobierno gallego aseguraron que el vehículo que se había sustituido tenía más de 500.000 kilómetros, pero este dato fue rebatido por la oposición sin miramientos. Los dos Audi A8 propiedad de la Xunta tenían 180.000 y 190.000 kilómetros respectivamente. En cualquier caso, en lugar de ser retirados de la circulación, ambos vehículos siguieron a disposición del presidente de la Xunta junto con su nueva adquisición y otro Audi A6. Este último era utilizado para trasladar a la esposa de Pérez Touriño, Esther Cid, desde la residencia oficial del presidente autonómico en el palacio de Montepío, en Santiago de Compostela, cuando ella tenía que desplazarse a actos oficiales.

La administración gallega tiene en sus garajes 335 coches oficiales que suponen un gasto medio de 166.000 euros al mes, según sus propias cuentas. Y consumen cada día 2.230 euros en combustible, unos 800.000 euros al año. A eso hay que sumar 500.000 euros más en pólizas de seguros y otros 600.000 en gastos de mantenimiento para toda la flota gallega. Dos millones y medio de euros al año cuesta la caballería de la Casta en Galicia.

La compra del Audi de lujo de Pérez Touriño fue utilizada incluso como arma política entre las distintas facciones de la Casta en las recientes elecciones gallegas, celebradas el 1 de marzo de 2009. En esta ocasión las urnas decidieron un cambio de gobierno en Galicia, y el socialista Pérez Touriño fue sustituido en Montepío por el popular Alberto Núñez Feijóo. Lo primero que hizo este jurista nacido en Orense fue intentar deshacerse del coche comprado por su antecesor. Deshacerse de aquel coche que los socialistas defendieron como imprescindible para la seguridad de su cabeza de lista. Deshacerse de un vehículo que costaba casi 500.000 euros y que se hacía insostenible en época de crisis.

Cinco días después de las elecciones, la administración gallega colgó en Internet la oferta de venta del Audi de la discordia. El precio: 354.000 euros. Así que la Xunta, y por lo tanto todos los gallegos, perdieron más de 100.000 euros en seis meses con la magnífica jugada comercial de sus mandatarios.

La falta de seguridad es el principal argumento que utilizan las distintas entidades que se nutren de dinero público para optar por coches de lujo con precios estratosféricos. ¿Tanto cuesta la seguridad en un coche? Y, sobre todo, ¿qué grado de seguridad necesita cada cargo electo? El principal problema deriva de que son las marcas las que tienen que blindar el coche y homologarlo antes de que salga al mercado. No se puede blindar cualquier modelo. Y el proceso no puede ser encargado por un particular. El aumento de peso del coche hace que sea necesario un motor potente para moverlo. El Audi comprado por Pérez Touriño alcanza los 450 caballos, la misma potencia que la limusina de lujo que traslada al papa Benedicto XVI. Además, estos vehículos están equipados con inhibidores de frecuencia que evitan la activación remota de artefactos explosivos, y también llevan ruedas a prueba de pinchazos. Un proceso costoso pero que en total no supera los 100.000 euros. Así que, en casos como el del Audi del alcalde de Madrid, todavía quedan 400.000 euros de factura achacables al precio de los lujos del coche y su mantenimiento.

En total, catorce de los diecisiete presidentes de gobiernos autonómicos han elegido Audi como marca para sus coches oficiales. El presidente valenciano Francisco Camps tiene varios a su disposición. Y lo mismo sucedía con Manuel Chaves mientras estaba al frente de la Junta de Andalucía, institución que cuenta con 234 coches oficiales. José María Barreda, presidente de Castilla La Mancha, tiene asignados a su departamento cuatro Audi de distinta cilindrada y un Peugeot 607. El presidente vasco cuenta con un A6 y un Mercedes S560 y el extremeño Guillermo Fernández Vara se mueve con un A8 y un Volvo S80. En el último peldaño del escalafón de gasto descansa el castellano leonés Juan Vicente Herrera, que compró un Renault Vel Satis por 39.000 euros para sus desplazamientos, además de otros 12 vehículos iguales para sus consejeros. En total, Castilla y León cuenta con otros 100 coches oficiales a un precio medio que ronda los 25.000 euros. Un gasto mucho más comedido, desde luego. En la Comunidad Valenciana atesoran 200 vehículos de representación para sus altos cargos. Y gran parte de ellos son precisamente Volvos S80, que salen al mercado por 40.000 euros. Ceuta y Melilla tienen el menor número de vehículos oficiales. La primera tiene tres coches para seis altos cargos, mientras que la segunda tiene otros tres para sus diez consejeros.

Como vemos, hay compras para todos los gustos. Pero ¿por qué la mayoría elige Audi? La empresa alemana se ganó la confianza de los cargos electos en abril de 1995 cuando el entonces líder de la oposición, José María Aznar, salió ileso de un atentado de ETA en Madrid gracias al blindaje de su coche. Un coche bomba con veinticinco kilos de explosivos detonó al paso del vehículo de José María Aznar en la esquina entre las calles de José Silva y Arturo Soria en Madrid, junto a la maternidad de la clínica Belén. La explosión alcanzó de lleno el coche del ex presidente —un Audi V8— cuando viajaba junto con el conductor y su escolta hacia la sede central del PP en la calle de Génova. Ni siquiera llegaron a romperse los cristales. El ex presidente del Gobierno y sus compañeros de viaje resultaron ilesos.

Otros no tuvieron la misma suerte: diecisiete viandantes resultaron heridos de distinta consideración mientras se dirigían caminando al trabajo. Eran las ocho y media de la mañana y nadie avisó de la colocación de aquel artefacto. Junto al coche de Aznar, un edificio aledaño de una sola planta quedó prácticamente destrozado.

Aquel día, la seguridad del modelo quedó completamente confirmada, pero su compra sigue suscitando polémica, más por los extras que por su blindaje. En octubre de 2008, el presidente del Parlament de Cataluña, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Ernest Benach, compró un nuevo Audi por 100.000 euros y además gastó otros 9.276 en extras como un escritorio en maderas nobles con reposapiés eléctrico, una televisión, una entrada para reproducir música en mp3 y una conexión Bluetooth. En las mismas fechas la cámara, inmersa en plena crisis económica, aprobó una congelación de los sueldos y una reducción de gastos del 5 por ciento en sus presupuestos para el próximo año.

En un primer momento, Benach se defendió de las críticas por medio de su blog personal. Y allí, en la tribuna cibernética que lleva su nombre, aseguró que los gastos realizados en el vehículo no fueron un capricho, sino una necesidad propia del cargo. No sería muy sólido el argumento cuando dos días después se presentó en rueda de prensa. Pidió disculpas públicas a los electores y aseguró que retiraría los extras añadidos a su vehículo, similar al del presidente de la Generalitat de Cataluña.

Prácticamente todos los códigos de conducta firmados por los políticos españoles recogen la necesidad de que los cargos electos se abstengan de hacer ostentación con el dinero público. Y prácticamente todos se incumplen de forma sistemática.

Ya es complicado hacer que los miembros de la Casta acaten las leyes, que en ocasiones cambian a su antojo, pero todavía lo es más cuando se trata de cuestiones morales. Cuando las buenas palabras se tienen que manifestar en hechos que afectan a su bolsillo o a su posición de privilegio, se quedan siempre en eso: buenas palabras. Papel mojado que deja perplejos a los votantes pero impasibles a los profesionales de la política.

El 3 de abril de 2009 los partidos con representación en la Asamblea de Extremadura consensuaron los primeros quince puntos de lo que sería su código de buenas prácticas políticas. El documento, nacido a la luz del aprobado un año antes por el gobierno del PSOE, es el segundo de este tipo en España, e intenta poner coto con un código de conducta moral a los salarios de los cargos públicos, al uso de la publicidad institucional o al empleo de coches oficiales. Sólo Galicia cuenta con un documento semejante. Llama la atención que, pese a que la cámara tiene posibilidad de legislar, regule los derechos y deberes de los políticos locales por medio de un compromiso ético. Cierto es que el gobierno autonómico no puede interferir en la capacidad de los ayuntamientos y diputaciones para fijar sus propios gastos o sueldos, pero también lo es que de esta forma los miembros de la Casta que se salten el código —como pasa constantemente— no podrán ser perseguidos por la ley. Y lo mismo pasa con los códigos deontológicos aprobados por el Gobierno o los ayuntamientos. Los jueces no pueden castigar a los políticos infractores, ya que estos documentos recogen únicamente recomendaciones sin carácter vinculante. Si un alcalde se pone un sueldo superior al recomendado, no pasa nada. Si un ayuntamiento compra a los medios afines con publicidad institucional, no pasa nada. Si un consejero compra un coche suntuoso con dinero público en época de crisis, tampoco pasa nada. Así que para eso sirven los códigos de buen gobierno: para nada.

El código de buenas prácticas aprobado por la Junta de Extremadura establece que los miembros electos y altos cargos autonómicos cambien de coche como mucho cada 300.000 kilómetros. Y que el precio del vehículo no supere los 30.000 euros en el caso del presidente de la Junta y sus consejeros, o de los 18.000 para el resto de los altos cargos. Así queda claro que el coche se convierte únicamente en una cuestión de estatus. Una diferencia más entre los miembros de la Casta. ¿O acaso los subalternos tienen menos derecho a viajar seguros que los consejeros? Si el coche responde a una necesidad real, ¿no sería más lógico que todos viajaran en vehículos de la misma clase? Si el vehículo cumple las necesidades de los asesores, se supone que cumplirá también las necesidades de sus jefes. Al fin y al cabo, todos trabajan para el electorado. Pero parece que no es así. En cualquier caso, si el presidente de la Junta de Extremadura cumpliera su propio código ético, se podrían comprar quince coches con lo que cuesta el coche del alcalde de Madrid. Pero claro, eso sería
si
cumpliera su propio código.

En noviembre de 2008 la Junta de Extremadura anunció la compra de un nuevo vehículo para la Consejería de Economía. El coche, un Lexus que costó 68.000 euros, iba destinado al transporte de la vicepresidenta autonómica, María Dolores Aguilar. Pronto llovieron las críticas sobre el ejecutivo extremeño, controlado por el socialista Guillermo Fernández Vara. En un primer momento, el presidente de la Junta argumentó que el coche, con motor híbrido, se había comprado por estricta necesidad y que aportaba un ahorro considerable de combustible. Lo único comprobable es que el precio del vehículo doblaba las recomendaciones de ese código ético, que se aprobó con posterioridad.