La Casta (12 page)

El 16 de noviembre de 2006 encararon esa cuesta los concejales del PSOE de Estepona Cristina Rodríguez Alarcón y David Valadez López. Los socialistas hicieron el camino a media mañana, y subieron cargados de documentos. Una carpeta amarilla era su mayor tesoro. Eran exactamente las 12.31 cuando comenzaron a prestar declaración. Las primeras líneas de su denuncia ya son demoledoras:

Yendo de lo genérico a lo concreto, debemos comenzar asegurando que en el Ayuntamiento de Estepona existen tres cajas de contabilidad: A, B y C.

Los concejales relataron a la Policía en diecinueve folios cómo funcionaba el Ayuntamiento de Estepona gracias a las aportaciones irregulares de las constructoras, cómo sus cargos electos recibían dádivas constantes para disfrute personal y cómo se financiaba con ellas también a las fuerzas vivas del pueblo, aquellas que garantizan votos: asociaciones vecinales y religiosas, equipos de fútbol, etc. El problema era tan acusado que el dinero B se les quedó corto. Tuvieron que tirar de otra letra del abecedario; dinero C. Allí había algo más negro que el dinero negro.

La contabilidad A registraba las cuentas oficiales del ayuntamiento. La caja B recibía cheques o dinero en efectivo de las constructoras y se utilizaba para pagar gastos irregulares e, incluso, para la financiación irregular de partidos, según recogen los informes policiales:

Generalmente de todo el dinero que entra de esta forma, la mitad va destinada al Partido de Estepona [PES] y la otra mitad al Partido Socialista.

La caja C, la última y más privada de todas, controlaba según la declaración el dinero que se repartían los políticos implicados.

En 2007, Antonio Barrientos, alcalde de Estepona, entregó 2.000 euros a la Hermandad de San Isidro de Cancelada, 3.000 euros a la Asociación de Cazadores El Zorzal, 3.000 euros a la Asociación de Fibromialgia y 6.000 euros a la Hermandad de San Isidro de Estepona. Los informes policiales constatan que todo esto fue pagado directamente con dinero de las constructoras, porque nada salía del presupuesto municipal.

El flujo de dinero extra era tan evidente que había que enmascararlo. Así que el PSOE local pidió a los quince primeros miembros de su candidatura que suscribieran un préstamo personal de 6.000 euros en Solbank para tratar de justificar la capacidad económica del partido; vallas publicitarias, coches, motos,
quads
, cuñas en radio, anuncios de prensa, almuerzos, meriendas… Todo era poco para buscar el voto. Pero ¿de dónde salía el dinero? Según la tesis policial, todo procedía de empresas privadas con intereses en la zona.

El 17 de abril de 2007, el Servicio de Intervención Telefónica del Ministerio del Interior registró la siguiente llamada entre el socialista José Flores Simón, jefe del gabinete del alcalde, y un trabajador municipal llamado Antonio Moro. Hablan de la inminente campaña electoral:

A—: ¿Has oído las declaraciones del PP?

J—: No.

A—: Que ellos van a auditar todas sus cuentas de la campaña, que están muy mosqueados sobre todo por el PES y el PSOE.

J—: ¿Ha dicho el PP de aquí? Sobre todo el PES y el PSOE.

A—: Y Antonio ha contestado, que le ha hecho la tele… Ha dicho «bueno, ellos también tendrían que dar explicaciones, que tienen más sedes en Marbella que en todo Madrid, así que no voy a entrar en ese tipo de valoraciones». Vamos, que lo ha despachado bien.

J—: Que nos vengan hablando desde Marbella… Es que tiene cojones.

A—: De todas maneras José, el tema del préstamo para cubrirte las espaldas.

J—: Ya, ya ya.

A—: Que no sean éstos tan hijos de puta que metan en la Fiscalía alguna historia y nos enteremos con sorpresas a última hora. Luego te comento cositas del PES que me han contado, pero por teléfono no.

Los políticos locales tienen miedo de que la Justicia audite sus cuentas. Normal. Incluso hablan con cautela por si el teléfono está pinchado. El 22 de mayo de 2007, cinco días antes de las elecciones municipales, vuelve a aparecer el asunto del préstamo. Hace falta algo para enmascarar las cuentas del PSOE:

J—: ¿Están dando caña en la prensa con el tema de la financiación?

A—: Es fundamental que se firme el préstamo. Paco [en posible referencia a un concejal del PSOE llamado Francisco Zamorano] me ha dicho que es muy fácil salir, ya que el partido, al ser nacional, sólo hay que dar cuentas a nivel regional. El PSOE en Sevilla es el que da cuentas de la financiación. Paco dice que así es como se ha salido siempre del tema.

A—: Pues Paulino Plata [candidato del PSOE en Marbella y ex consejero de la Junta de Andalucía] se metió ayer contra el PP, que se ha gastado tres millones de euros en Marbella. Eduardo Alarcón va a sacar las cuentas públicamente y se las va a mandar a la Fiscalía. Para cubrirte le diré a la gente que el jueves tiene que estar todo firmado, que con eso es con lo que se paga todo, y a tomar viento. […] Como se está hablando tanto del tema, a ver si la Fiscalía va a decir «vamos a coger un chivo expiatorio» y nos toca a nosotros.

J—: Tienen que pillar a mucha gente antes que a nosotros.

A—: Yo lo digo por ti. Digo que tienes 60.000 euros ahí metidos y que has hecho la campaña con sólo 60.000.

J—: Y también con el dinero que había en el grupo.

A—: Con eso y la gente que ha hecho aportaciones, por ejemplo militantes a través de la web.

J—: La historia está también en Granada y en otros sitios.

A—: Está en todos sitios, pero que no nos toque a nosotros.

J—: El crédito hay que firmarlo.

A—: Con eso ya se cubre todo y después paz y gloria. Lo que menos hubo tras aquella conversación fue paz y gloria.

Así describen los agentes los métodos de financiación irregular para las delegaciones municipales:

En el Ayuntamiento de Estepona, la mayoría del dinero que se entrega a colectivos como Cruz Roja, alcohólicos Rehabilitados, entidades deportivas, eventos culturales, gastos ordinarios, etc., se realiza con cheques al portador, en la mayoría de los casos emitidos por las empresas constructoras con las que el Ayuntamiento firma convenios, y otras veces el dinero se entrega en metálico […], es decir, un dinero que no controla nadie. De esta forma es fundado plantearse la cuestión de si los empresarios de Estepona son como hermanitas de la caridad o más bien están entregando el dinero a cambio de algo.

La reflexión policial es tan desalentadora como acertada. Y se puede aplicar a la mayoría de los casos en los que las empresas colaboran con los partidos políticos. ¿Empresarios como hermanitas de la caridad? Suena tan bonito como absurdo.

El 25 de septiembre de 2003, el Grupo Prasa, una de las constructoras más importantes de Córdoba, remitió una carta al Ayuntamiento de Estepona. En ella, la empresa privada solicita «que la transferencia por importe de 300.000 euros realizada en favor de este ayuntamiento se destine como donación a financiar única y exclusivamente el capítulo 1 de Personal». ¿Una constructora pagando de su bolsillo las nóminas municipales? Por supuesto, Prasa tiene muchos intereses en la zona. Tiempo después, el presidente de la constructora, José Romero, terminó imputado por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, bajo fianza de 300.000 euros. Todavía está a la espera de juicio.

El reguero de millones aportado bajo mano a los partidos políticos de la Costa del Sol llegó también a las arcas del Partido de Estepona (PES). Formado por ex miembros del GIL, el grupo local gobernaba Estepona en coalición con el PSOE. Con mil afiliados, la agrupación pagó de su bolsillo en sólo unos meses subvenciones de 30.000 euros a clubes de fútbol y baloncesto, comidas, viajes al circuito de Jerez, instalación de una sede con todo tipo de lujos o viajes al Santiago Bernabéu para ver con militantes los partidos del Real Madrid. Y se supone que todo eso se hacía con los 1.800 euros que el PES recibía del ayuntamiento. Los responsables del partido mantienen que ellos se limitaban a funcionar como enlace entre las empresas donantes y las asociaciones que necesitaban financiación. Los agentes hacen una reflexión en sus informes:

En este sentido habría que preguntarse si no tienen nada que ver la presión que este partido hace sobre los promotores para poder construir en la localidad y a cambio los promotores hacen este desembolso económico.

Además, el PES se dedicó a colocar a muchos de sus militantes a dedo en el ayuntamiento, que contrató a trescientas personas en sólo tres años. Los agentes son explícitos en sus escritos:

En el Ayuntamiento de Estepona hay dinero para lo que se quiera, cuando se quiera y como se quiera. Y además todos lo cogen y nadie pide explicaciones. No hay nada de intervención, fiscalización ni sometimiento de normas. El dinero se paga en maletines o en metálico y en estas ocasiones se destina a financiar actividades municipales, pero no se sabe lo que se pierde en el camino y puede ir al bolsillo de los particulares.

La declaración de los dos ediles socialistas contra su propio partido fue la primera piedra de las Diligencias Previas 1030/2007. Para el trabajo policial, el caso se bautizó como Operación Astapa, y estalló año y medio después con 25 detenidos y 63 imputados. La investigación sigue abierta.

En 2008 la crisis económica azotó de lleno los bolsillos más débiles y casi 60.000 familias españolas perdieron su casa, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, que aglutina todas las ejecuciones de embargo dictadas por los magistrados en el último año. A la luz de estos datos,180.000 personas se quedaron en doce meses sin vivienda por falta de liquidez. Sus casas fueron embargadas y pasaron a manos de los bancos. No hubo excusas. No hubo renegociación. No hubo otra salida que acudir al juzgado y que las casas cambiaran de dueño.

Pero la historia no siempre se repite. Al menos no con los partidos políticos, que encuentran en los créditos concedidos por las entidades bancarias una importante fuente de financiación. Los partidos gozan de numerosos tratos de favor, hasta el punto de ver deudas millonarias perdonadas. Valga como ejemplo la celebración de las últimas elecciones generales. Según el informe del Tribunal de Cuentas, que se encarga de auditar los gastos de los partidos políticos españoles en cada proceso electoral, los miembros de la Casta invirtieron en total 66,6 millones de euros en la celebración de las elecciones generales del 8 de marzo de 2008, una cantidad similar al presupuesto anual de los 623 ciclos formativos que componen la enseñanza de Formación Profesional. De ese dinero, 44 millones de euros fueron prestados por bancos españoles para financiar campañas publicitarias megalómanas, mientras los partidos aportaron únicamente 6 millones de euros, entre todos, de sus propias arcas. El resto se completó con subvenciones de las distintas administraciones públicas, que sirvieron para llenar España con pancartas, contratar anuncios en prensa, sufragar los envíos de propaganda y organizar mítines en toda la geografía nacional.

El Tribunal de Cuentas se encarga además de controlar las cantidades que cada partido político recibe en subvenciones públicas, pero lo hace con un retraso de tres años. Una parsimonia preocupante si tenemos en cuenta que los delitos fiscales prescriben pasados cinco ejercicios. Según los últimos datos, la deuda de las agrupaciones presentes en el Congreso de los Diputados con los bancos asciende en total a 144, 8 millones de euros.

Un 45 por ciento de esa deuda corresponde al PSOE, que debe 62,3 millones de euros a la banca y que es con mucha diferencia el partido más endeudado del país. Esa cifra incluye también las deudas contraídas por el Partido Socialista de Cataluña, que ha de pagar 10 millones de euros a los bancos y que vio en 2004 cómo la Caixa le perdonaba literalmente 7,15 millones de euros en intereses. Hace ahora cinco años, la principal caja de ahorros del país condonó al PSC todos los intereses acumulados por sus deudas con la entidad crediticia desde 1989. El acuerdo entre la caja de ahorros y los responsables socialistas quedó firmado el 29 de diciembre de 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llevaba ocho meses en La Moncloa como jefe del Estado y el líder de los socialistas catalanes, José Montilla, ocupaba la cartera de Industria, Comercio y Turismo.

La operación fue detectada por el Tribunal de Cuentas en su auditoría de 2004. Los funcionarios del organismo consideraron la condonación de la deuda como una donación directa de la Caixa al partido por valor de 7 millones de euros, algo que excede por completo los límites legales. Según los términos del acuerdo, el PSC sólo tendría que abonar los 7,8 millones de euros que eran la base del crédito concedido hace años. Y tendría facilidades para devolverlo, a un tipo fijo del 3 por ciento durante quince años.

Los socialistas de Cataluña recurrieron la decisión de los auditores del Tribunal de Cuentas y aseguraron que la entidad bancaria había decidido libremente perdonar la deuda al PSC tras una negociación. Un argumento legal pero parvulario. Según la versión de los socialistas, la principal caja de ahorros del país decidió, libremente y en contra de cualquier lógica mercantil, renunciar sin más a cobrar los 7 millones de euros que se le adeudaban. Entonces ¿qué ofreció el PSC a cambio en aquella supuesta negociación? Sobre el papel, absolutamente nada.

El mecanismo se repitió el mismo año pero con distintos protagonistas. Esquerra Republicana de Catalunya vio también cómo la Caixa le condonaba una deuda de 2,7 millones de euros por un acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2004. En aquellas fechas el partido de Josep Lluís Carod Rovira formaba parte desde hacía un año del tripartito que gobernaba la Generalitat junto con los socialistas del PSC e Iniciativa per Catalunya. Se trataba de otra operación comercial sin sentido aparente, que se saldó con una cifra millonaria perdonada a la Casta. Pese a carecer de argumentos comerciales y con el único pretexto de recuperar de alguna manera parte del dinero prestado a ambas formaciones, la renuncia de la Caixa a cobrar sus adeudos fue ratificada públicamente por el Consejo de Administración de la entidad un año después.

La condonación de deudas astronómicas a los miembros del gobierno catalán se convirtió pronto en arma arrojadiza entre los principales partidos nacionales. Tanto que el PSC contraatacó con la misma medicina. Con los regalos de la banca sobre la mesa, todos tenían algo que callar. Los miembros del PSC se estudiaron al dedillo los informes del Tribunal de Cuentas y la táctica del «y tú más» funcionó de nuevo.