La Casta (29 page)

Las principales fundaciones políticas reciben cada año una subvención de 7 millones de euros del Ministerio de Cultura para su funcionamiento. El PSOE y el PP acaparan el 70 por ciento de las ayudas. FAES recibe 2,8 millones de euros, cantidad similar a la de la Fundación Pablo Iglesias. En total, el PSOE recibe más financiación, ya que los socialistas de Cataluña cuentan con su propia fundación, Rafael Campalans, que tiene concedido casi 500.000 euros. A esto hay que sumar las aportaciones de las distintas administraciones autonómicas, y otras ayudas ocasionales sacadas a concurso por la administración. El 8 de junio de 2006 el Ministerio de Cultura aprobó una nueva partida para financiar estudios destinados a «elevar el nivel de formación que permita el desarrollo de la capacidad de participación política» de las personas adultas. Es decir, más dinero para ellos. Diez partidos políticos se repartieron así 500.000 euros.

La expresión «
think tank
» no aparece todavía en el diccionario de la Academia de la Lengua. De hecho, en castellano hay una forma más sencilla para referirse a estos «tanques de pensamiento»: «laboratorio de ideas». Pero la moda es la moda, así que el término se utiliza en todo el mundo para definir a los grupos de pensadores que se dedican a teorizar sobre la marcha del planeta.

Profesores de universidad, economistas, sociólogos, líderes empresariales, especialistas en análisis históricos y científicos de cualquier rango y materia se concentran en torno a fundaciones de partidos políticos e instituciones afines. Su función es avanzar en el pensamiento global. No obstante, ¿se trata de un progreso libre? En la mayoría de los casos, no. Cada partido político sufraga por medio de fundaciones los estudios científicos que avalan sus propias tesis, fijadas de antemano. Las fundaciones del PSOE no pagan estudios que duden del cambio climático. Ni al revés. Las investigaciones científicas de las fundaciones sirven así para reforzar la postura defendida por los distintos grupos de la Casta y dotarlas de contenido. Es sencillamente una instrumentalización de la ciencia al servicio de la política. Y el fenómeno se da a escala planetaria.

En febrero de 2008 el Instituto de Investigación de Política Exterior de Filadelfia realizó un extenso estudio sobre la implantación de los
think tanks
en todo el mundo. El organismo, en cuyo patronato figuran varios altos cargos de la administración estadounidense, concluye que son 5.080 los laboratorios de pensamiento influyentes en todo el planeta, de los cuales 1.198 se hallan en la Unión Europea y, en concreto, 49 están en España, que ocupa el puesto vigésimo en la clasificación mundial.

El informe coloca a cinco entidades españolas entre los
think tanks
más influyentes: el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, creado en 1979 como fundación privada; FAES; la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE); el Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed); y el Real Instituto Elcano, considerado el más influyente de todos. Creado en Madrid en 2001 y con el príncipe de Asturias como presidente de honor, el Real Instituto Elcano tiene como director a Gil Carlos Rodríguez Iglesias, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta 2003.

El organismo se define como no partidista, pero tampoco es neutral. Financiado al 70 por ciento por bancos y grandes empresas, el laboratorio de ideas ha sido también objeto de las peleas de la Casta, que llegan incluso al sector académico. En 2005 el Partido Popular amenazó con abandonar el patronato si la elección del sucesor del sociólogo Emilio Lamo, que ocupaba en ese momento la presidencia, no se hacía de forma consensuada. Había miedo de que el organismo, que ganaba fama internacional, se escorara hacia las tesis del PSOE. Un año antes, Elcano publicó un estudio muy crítico sobre la presencia de José María Aznar junto a Tony Blair y George W.Bush en la cumbre de las Azores. En aquella reunión, celebrada en marzo de 2003, los tres jefes de Gobierno, junto con el primer ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, que ejercía de anfitrión, lanzaron un ultimátum de veinticuatro horas al gobierno iraquí de Saddam Hussein para que se desarmara. La negativa del dictador derivó en una invasión de Iraq sin el respaldo explícito de Naciones Unidas.

La posición de Aznar fue muy criticada por los pensadores del Real Instituto Elcano, que acusaron al ex presidente de tomar «un perfil muy alto en la génesis de la intervención de Iraq, cuando la mayoría de la población estaba en contra». El estudio, desarrollado por el analista Juan Avilés, considera que los atentados del 11-M, en los que fallecieron casi doscientas personas, fueron consecuencia directa de la política exterior de Aznar, que puso a España en la diana de los radicales islamistas.

El proceso de renovación de la cúpula del Real Instituto Elcano se enquistó de tal forma que el candidato propuesto por el Gobierno, el periodista Andrés Ortega, columnista del diario
El País
y director de la edición española de
Foreign Policy
, tuvo que renunciar al cargo para no interferir en el consenso entre PP y PSOE, tal y como él mismo explicó en una misiva enviada a los miembros del comité de selección de la entidad. Hasta la Casa Real tuvo que llamar la atención a PP y PSOE. La brecha en el primer
think tank
español se cerró en junio de 2005 con la candidatura consensuada de Gil Carlos Rodríguez Iglesias, que contó con el apoyo de todos los grupos e instituciones.

EL PRECIO DE LA DEMOCRACIA

Así se reparten cada año los partidos 184 millones de euros del bolsillo del contribuyente

L
a situación era tensa, muy tensa. El submarino nuclear
USS Alabama
tenía órdenes de patrullar por el océano Pacífico y estar disponible ante un posible ataque preventivo. Un grupo de ultranacionalistas rusos había tomado una base militar repleta de misiles nucleares y amenazaba con lanzarlos contra Estados Unidos. Al mando del submarino, el capitán Frank Ramsey recibe la orden de atacar con sus misiles territorio enemigo. La información de los satélites indica que los terroristas han armado varias cabezas nucleares y se preparan para su lanzamiento.

Sin embargo, una segunda orden llega al submarino, aunque está incompleta. Nadie sabe lo que dice y el
USS Alabama
tiene las comunicaciones cortadas para evitar ser detectado por el enemigo. ¿La primera orden sería un error? ¿Habría que abortar el ataque? ¿Hay que lanzar o no los misiles? Acabar con los terroristas y comenzar una guerra nuclear… El dilema llena de gritos el puente de mando.

El capitán Ramsey discute la decisión con su segundo. El capitán de corbeta Ron Hunter se muestra contrario a iniciar el ataque, pues no hay confirmación absoluta y los riesgos son muy altos. Al final, el oficial de menor rango recuerda al jefe de la nave que tiene que haber unanimidad entre ellos para lanzar los misiles nucleares, y sus votos son contrarios. La respuesta llegó en privado: «Hemos venido aquí a defender la democracia, no a practicarla».

La frase, pronunciada en la película de 1995
Marea roja
, ha quedado como axioma de la función que cumplen muchos cuerpos de seguridad frente al Estado. El ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional son cuerpos piramidales, autoritarios y con un mando centralizado. Y, sin embargo, son utilizados para mantener el orden dentro de la sociedad, el orden democrático. Son fuego para luchar contra el fuego.

Esta contradicción es también aplicable a la clase política española. Ellos también defienden la democracia, pero en muchos casos no la practican. A lo largo de este libro hemos analizado cómo la Casta se blinda, legisla en ocasiones a su favor, obliga a sus miembros a mantener una disciplina interna, coloca a su cantera, se financia de forma oficial e irregular y controla asignaciones de la sociedad que no son de su competencia, como la banca o la justicia. Son un grupo homogéneo y endógeno. Y su democracia no es siempre la democracia del Estado.

Como organizaciones independientes, el PP, el PSOE, Izquierda Unida, los grupos nacionalistas, los partidos locales o los distintos parlamentos, todos persiguen objetivos propios que no se identifican necesariamente con el fin común de todos los españoles. Unas veces quieren poder, otras dinero y otras simplemente notoriedad. Y son esas peleas internas, esos objetivos particulares de cada partido, e incluso de cada persona dentro del partido, las que llevan a la Casta a cometer sus principales abusos. Es ahí cuando la política se pone al servicio del político.

¿Cuánto cuesta al año este sistema? ¿Cuánto dinero reciben los partidos políticos del Estado para funcionar? La Casta ingresa 184,7 millones de euros al año en subvenciones, entregadas desde el gobierno estatal, las administraciones autonómicas, las Cortes Generales, las diputaciones y los ayuntamientos. Un dinero que mantiene la columna vertebral del sistema.

Según los datos oficiales presentados por el Tribunal de Cuentas, el Partido Popular es la formación que más dinero público recibe, con 62,4 millones de euros, seguida del PSOE, que acumula 3 millones de euros menos. Lejos de estas cifras están Izquierda Unida y Convergència i Unió, que rondan los 7 millones de euros. La diferencia entre ambas está en que el partido nacionalista acapara la mayoría de su financiación —hasta 5 millones de euros— del parlamento y las diputaciones de Cataluña, donde ejerce mucha más influencia y forma parte de los equipos de gobierno.

Todos los partidos políticos tienen la obligación de rendir cuentas sobre sus ingresos y gastos al Tribunal de Cuentas, pero el organismo, dependiente de las Cortes Generales, lleva cierto retraso. Tres años en concreto. Así que en la actualidad sólo se pueden conocer las cuentas presentadas por PP y PSOE en 2005. Y encima están incompletas porque la mayoría de los partidos evita informar sobre las cuentas de muchas de sus agrupaciones locales, que gestionan la mayoría de sus gastos. Es una maraña donde los datos concretos se difuminan. Y la falta de información siempre beneficia a los mismos.

Entre las maniobras financieras de los partidos políticos hay de todo: extensas deudas con entidades financieras, falta de información, omisión de entregas y subvenciones, inversiones cuestionadas, altas donaciones anónimas… Todo vale para seguir amasando. Como ejemplo, los galleguistas del BNG se llevaron una grata sorpresa al ver que su número de la lotería de navidad en 2004 terminaba en cero, igual que el primer premio. Les había tocado el reintegro: 20 euros por cada décimo. Sin embargo, la mayoría de la gente no reclamó la devolución del dinero al partido. El BNG cobró los décimos y se embolsó así 22.300 euros para su funcionamiento. Otro ejemplo: los nacionalistas de Coalición Canaria se olvidaron en sus cuentas de presentar una ayuda de 1 millón de euros concedida por el gobierno local y otros 831.870 euros procedentes de los ayuntamientos. Curioso olvido para una formación que ingresa sólo 22.000 euros por las cuotas de sus afiliados. La formación vasca Eusko Alkartasuna, que recibe 2,3 millones de euros de la administración, ha colocado las sedes de su partido, valoradas en 1,5 millones de euros, a nombre de la Fundación Elkartu S. A. Por su parte, Izquierda Unida ha sido señalada por presentar sus cuentas incompletas de forma reincidente. En el último informe faltan los datos de Madrid y Valencia, además de muchas corporaciones locales y de su delegación en el Parlamento Europeo.

Los auditores del Tribunal de Cuentas constatan, por ejemplo, que la mayoría de los partidos políticos deriva a su propia actividad las subvenciones entregadas por las diputaciones, las asambleas autonómicas o las Cortes Generales, lo que va en contra de la normativa. El Congreso de los Diputados da dinero a los partidos para mantener su actividad parlamentaria, no para que lo gasten en pagar sedes locales, anuncios publicitarios o trabajadores externos. Para eso ya reciben una subvención estatal, dependiente del Ministerio del Interior. Pero nunca es suficiente. Como era de esperar, ningún partido político ha sido sancionado nunca por este motivo.

El Partido Socialista también ocultó información a los auditores en 2005. El PSOE no aportó datos sobre muchas de sus delegaciones locales y de sus gastos en el Parlamento Europeo. Los socialistas son el grupo que atesora mayor patrimonio, con 94 millones de euros inmovilizados. Tienen además 23.000 euros invertidos a largo plazo y casi 500.000 euros en depósitos. Según sus cuentas, los socialistas ingresan al año 4 millones de euros en servicios externos, que pueden deberse, por ejemplo, a la venta de artículos publicitarios. También reciben 15 millones de euros por donaciones y cuotas de sus afiliados.

En 2005 el Partido Popular tenía 10 millones de euros en efectivo ingresados en varias cuentas, gastaba 1 millón de euros en informes y estudios, 4 millones en alquileres, 1,2 millones en transporte, más de 6 millones en publicidad y casi 20 millones en salarios. Ésta es con mucho la partida más alta de su presupuesto, al igual que sucede en el resto de los partidos. Entre sus ingresos, el PP financia menos de un 15 por ciento de su actividad gracias a las cuotas de sus abonados y los donativos, que suman juntos 13 millones de euros, frente a los 56 millones que recibe del Estado.

Para rentabilizar su dinero, el partido conservador, que tiene una deuda con las entidades bancarias de 16 millones de euros, colocó en 2005 un total de 1,2 millones en renta fija a corto plazo y otros 30.000 euros en adquisiciones de deuda pública. Las filas de Mariano Rajoy ingresaron ese año más de 3 millones de euros en donaciones anónimas. Un dinero que llegaba al PP sin nombre ni apellidos.

El problema venía de lejos. En 2001 el Tribunal de Cuentas ya advirtió que las donaciones anónimas eran una importante vía de irregularidades para los partidos políticos. En esencia, eran imposibles de controlar. El organismo elaboró una serie de recomendaciones para mejorar la Ley de Financiación de Partidos, pero no fueron atendidas. Durante años no hubo acuerdo. Mientras PSOE, Izquierda Unida y Esquerra Republicana se mostraron a favor de prohibir este tipo de regalos entregados por una mano negra, el PP y los nacionalistas del PNV y CIU se negaron. Según su propia contabilidad, este último partido recibía al día 5.500 euros de forma opaca desde hacía doce años. El segundo en la lista, con 3.700 euros diarios, era el PNV. Y el tercero, tanto en recaudar fondos como en rechazar la propuesta, fue el Partido Popular. Otra casualidad.