Anatomía de un instante (8 page)

Así que en los últimos días de 1980 y los primeros de 1981 la realidad en pleno parece conspirar contra Adolfo Suárez (o Adolfo Suárez siente que la realidad en pleno conspira contra él): los periodistas, los empresarios, los financieros, los políticos de derecha, de centro y de izquierda, Roma y Washington. Lo hacen incluso algunos líderes comunistas, que se manifiestan en público o en privado a favor de un gobierno de concentración presidido por un militar. Lo hacen incluso los líderes de los principales sindicatos, que hablan de situaciones límite, de situaciones de emergencia, de crisis no de gobierno sino de estado. Lo hace incluso el Rey, que intenta a su modo librarse de Suárez y que espolea a unos y a otros contra él.

Con todos esos materiales se fabricó el golpe: las maniobras políticas contra Adolfo Suárez fueron el humus del golpe; con todos esos materiales se fabricó la placenta del golpe. Dicho esto, quizá la palabra conspiración pueda parecer inadecuada para definir la campaña de acoso político contra Adolfo Suárez; de otro modo: en los meses previos al golpe Suárez sentía sin duda que la realidad entera conspiraba contra él, pero ¿no era ése el simple sentimiento sin respaldo en los hechos de un hombre políticamente acabado y personalmente roto? ¿No fue lo realmente ocurrido en España durante esas fechas una simple confluencia de estrategias políticas, intereses y ambiciones legítimos orientados a extirpar del poder a un presidente inepto? Lo fue, pero eso es exactamente una conspiración política: la alianza de un conjunto de personas contra quien ostenta el poder. Y eso es exactamente lo que se produjo en España en los últimos días de 1980 y los primeros de 1981. Repito que esta conspiración era en el fondo legítima, pero no lo era en la forma, y por lo menos en la política española de entonces, tras cuarenta años de dictadura y menos de cuatro de democracia, la forma era el fondo: estirar hasta el límite las formas fragilísimas de la democracia, levantando una densa polvareda política mientras se acudía a unos militares permanentemente tentados de destruir el sistema político como recurso para terminar con la presidencia de Suárez, suponía entregarles a los enemigos de la democracia el instrumento con que terminar con Suárez y con la democracia. Pocos rechazaron participar en ese galimatías suicida; entre ellos estaban el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, dos de los escasos políticos de primera fila que no se sumaron al asedio presidencial y que de ese modo evitaron el error común a una clase dirigente cuya pasión conspirativa contra Adolfo Suárez la llevó consciente o inconscientemente a conspirar contra la democracia. En cuanto al propio Suárez, era desde luego un político puro, y como tal, pese a que estuviese políticamente acabado y personalmente roto, continuaba en esos meses peleando por mantenerse en el poder, peleaba por sí mismo, pero al pelear por sí mismo y pelear por mantenerse en el poder también peleaba por sostener el edificio que había construido durante los años en que ejerció la presidencia: aunque desde el principio los militares golpistas consideraron a Suárez la encarnación de la democracia —y por eso cuando por fin se lanzaron al golpe éste fue para ellos un golpe contra Suárez antes que un golpe contra la democracia—, quizá nunca Suárez encarnó de verdad la democracia hasta los días previos al golpe, y quizá nunca la encarnó con plenitud hasta la tarde del 23 de febrero, mientras sentado en su escaño de presidente zumbaban a su alrededor las balas en el hemiciclo del Congreso, porque nunca como en aquel instante pelear por sí mismo y por mantenerse en el poder equivalió con tanta precisión a pelear por la democracia.

He escamoteado al conspirador principal: el ejército. El golpe del 23 de febrero fue un golpe militar contra Adolfo Suárez y contra la democracia, pero ¿quién conspiraba en el ejército durante el otoño y el invierno de 1980? ¿Y con qué finalidad conspiraba? ¿Conspiraban también los servicios de inteligencia, que eran por entonces una parte del ejército? ¿Conspiraba también el CESID, que era el organismo que agrupaba a la mayor parte de los servicios de inteligencia? y, si lo hacía, ¿conspiraba para echar a Adolfo Suárez del poder o conspiraba en favor del golpe? ¿Participó el CESID en el golpe del 23 de febrero? Este último es uno de los puntos más controvertidos del golpe y, por razones obvias, sin duda el que mayor cantidad de especulaciones ha suscitado: explorarlo permite también explorar las maniobras golpistas que fraguaban en el ejército durante los meses previos al golpe.

El juicio por el 23 de febrero encausó únicamente a dos miembros del CESID: el comandante José Luis Cortina, jefe de la AOME, la unidad de operaciones especiales del centro, y el capitán Vicente Gómez Iglesias, subordinado de Cortina. El comandante fue absuelto; el capitán fue condenado: la verdad judicial del 23 de febrero afirma por tanto que el CESID como institución no participó en el golpe, y que lo hizo por iniciativa propia uno solo de sus miembros. ¿Es la verdad judicial la verdad de los hechos? Naturalmente, los responsables de los servicios de inteligencia de la época —su jefe, el coronel de infantería de marina Narciso Carreras, y su secretario general y hombre fuerte, el teniente coronel Javier Calderón han negado siempre no sólo que el CESID participara en el golpe, sino haber tenido el menor indicio previo de que se preparaba, lo que por otra parte equivale al reconocimiento de un fracaso estrepitoso, porque una de las misiones primordiales que el gobierno había asignado a los servicios de inteligencia —si no la misión primordial— consistía en prevenirle de la eventualidad de un golpe. ¿Dicen la verdad Carreras y Calderón? ¿Fracasó realmente el CESID el 23 de febrero? ¿O, por el contrario, no fracasó y conocía los preparativos del golpe y sin embargo no puso en guardia al gobierno, porque estaba implicado en la rebelión? Dos hechos parecen de entrada incuestionables: uno es que, aun suponiendo que no conociera con antelación los detalles exactos del golpe —el quién, el cuándo, el cómo y el dónde—, el CESID tenía noticias fidedignas de la conspiración contra Adolfo Suárez y de las tramas militares que de una u otra forma acabarían desembocando en el 23 de febrero; el otro es que informó de ello al gobierno. Eso es al menos lo que se desprende de un informe habitualmente atribuido al CESID, fechado en noviembre de 1980 y titulado «Panorama de las operaciones en marcha», un informe que según una versión aceptada por quienes años más tarde lo han publicado en diversos libros fue enviado al Rey, a Adolfo Suárez, al general Gutiérrez Mellado y al ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún.

Se trata quizá del documento más útil de que disponemos para entender los antecedentes directos del golpe, porque contiene una descripción contemporánea, detallada y en gran parte veraz de las conspiraciones políticas y militares de la época y un anuncio bastante exacto de lo que ocurriría el 23 de febrero. El informe está dividido en un prólogo y tres partes; cada una de las partes examina un tipo de operación: la primera examina las operaciones civiles; la segunda, las operaciones militares; la tercera, una operación mixta, cívico-militar. El prólogo se limita a exponer una obviedad y una cautela: la obviedad afirma que el común denominador de las operaciones que en adelante. se exponen es el deseo de derribar a Adolfo Suárez para acabar con «el clima de anarquía y el desbarajuste sociopolítico existentes»; la cautela señala que, dada la anarquía y el desbarajuste existentes, «no hay razón alguna para pretender que no haya más operaciones en marcha», y más bien «nos tememos que estas últimas pudieran ser casi infinitas». La primera parte del informe describe cuatro operaciones civiles, es decir cuatro operaciones políticas, tres de ellas articuladas en el interior del partido del presidente y la cuarta en el del partido socialista: el informe minimiza la viabilidad de las primeras, pero subraya el interés de cada uno de sus organizadores —democristianos, liberales y azules de UCD por la operación cívico-militar; mucha más importancia concede a la operación socialista. Ésta debería ponerse en práctica en los meses de enero o febrero de 1981 y consistiría en la presentación de una moción de censura por parte del PSOE, previo pacto con un numeroso grupo disidente de UCD, de resultas de la cual Suárez sería expulsado del poder y se formaría un gobierno de concentración presidido por un militar de talante liberal y bien visto por la Corona, lo que neutralizaría las tentaciones golpistas del ejército y, suponiendo que sus promotores contasen con un militar adecuado y dispuesto y con la aprobación del Rey, dotaría al proyecto de «una credibilidad casi total». El perfil del militar adecuado y dispuesto era el perfil del general Armada o el perfil que solía atribuirse al general Armada, quien, según sabía sin duda el autor del informe, acababa de reunirse en Lérida con dirigentes socialistas. En este apartado se anota también el interés del PSOE por la operación cívico-militar que se expondrá al final, y que no es más que una variante de la operación socialista.

La segunda parte del informe examina tres operaciones militares: la de los tenientes generales, la de los coroneles y la de un grupo al que denomina «los espontáneos». Aquí la información del autor es especialmente nutrida y fiable. Según él, las tres operaciones son autónomas aunque no carecen de puntos de conexión, y en cualquier momento pueden unirse; las tres son además altamente viables y peligrosas. La operación de los tenientes generales, cuyo civil de referencia es Manuel Fraga, consistiría en un pronunciamiento colectivo de las capitanías generales —los centros de poder del ejército en cada una de las regiones militares en que se hallaba dividido el país—, lo que, a semejanza de lo ocurrido dos meses atrás en Turquía, dotaría al golpe de un tono o apariencia institucional; el informe omite el nombre de los tenientes generales involucrados en la operación (y entre ellos el del más conspicuo: Jaime Milans del Bosch, capitán general de Valencia), pero considera «más que probable» que el golpe se produzca si continúa el deterioro político. Como la anterior, la operación de los coroneles no está aún del todo madura; a diferencia de la anterior, la de los coroneles, que son «fríos, racionales y metódicos», está siendo planeada con cuidado y por eso-y por «la calidad humana y profesional» de los organizadores una vez activada «sería irreparable»; también a diferencia de la anterior, esta operación desdeña la Corona: los coroneles poseen una mentalidad social «avanzada, rayando en un socialismo muy nacionalista y nada marxista» y su ideal político no es la monarquía sino una república presidencialista. De nuevo el informe vincula el nombre de Manuel Fraga a esta operación; de nuevo omite el de sus promotores, tal vez uno de los cuales fuera el coronel José Ignacio San Martín, jefe del principal servicio de inteligencia del tardofranquismo y por esa época jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete. En cuanto a la tercera operación, la de los llamados espontáneos, se trata según el informe de la más peligrosa: no sólo porque es la más violenta e inminente, sino también porque carece de la menor vocación monárquica. Los espontáneos consideran que la única forma de galvanizar al ejército entorno a un golpe consiste en lanzar sobre un punto neurálgico del país un ataque demoledor («no excluyéndose ejecuciones fulminantes si se encontrasen resistencias o negativas de dimisión»): el informe no menciona el Congreso de los Diputados, pero sí el palacio de la Moncloa, ministerios decisivos, centros de comunicación; de acuerdo con las previsiones de los espontáneos, una vez consumado el golpe de mano «el resto de las Fuerzas Armadas se sumaría a él o al menos no lo impediría mediante la fuerza» y, una vez eliminada «totalmente» la clase política, los jefes de la operación «se pondrían a las órdenes de mandos militares contrastados, los cuales darían forma definitiva al golpe militar total». Según el informe, el plan de los espontáneos tuvo un precedente en «la famosa Operación Galaxia», que es como la prensa bautizó el golpe que dos años antes había proyectado y no había conseguido ejecutar Tejero, con lo que el autor está señalando al teniente coronel como protagonista de esta nueva intentona.

Hasta aquí las operaciones civiles y militares en marcha; a continuación el informe pasa a considerar la operación mixta, cívico-militar. Ésta viene a ser un golpe blando destinado a conjurar el riesgo de los tres golpes duros recién descritos; sus promotores son un grupo de civiles sin militancia pero con experiencia política y un grupo de generales en activo, «de brillantes historiales y capacidad de arrastre»; su mecanismo de puesta en práctica es formalmente constitucional, «aunque tal formalidad no pasaría de cubrir las apariencias legales mínimas para evitar la calificación de golpismo»: consistiría en forzar la dimisión de Suárez mediante una serie continuada de presiones de procedencia diversa (partidos políticos y medios financieros, empresariales, eclesiásticos; militares y periodísticos) que culminaría con la presión del Rey, quien acto seguido y con el apoyo de los principales partidos propondría como presidente del gobierno a un general «con respaldo del resto de la estructura militar», que formaría un gobierno «de gestión o de salvación nacional» integrado al menos en un cincuenta por ciento por civiles independientes o propuestos por UCD, PSOE y Alianza Popular. Además de suprimir el terrorismo y levantar la economía, este gobierno —cuyo mandato acabaría en principio con la legislatura— reformaría la Constitución, eliminaría los gobiernos autonómicos, reduciría el poder de los partidos e ilegalizaría a comunistas y nacionalistas. No se trata en principio de destruir la democracia: se trata de recortarla o restringirla o encogerla y convertirla en una semidemocrácia. Siempre según el informe, esta operación mixta no sólo contaba con el apoyo de líderes de UCD y del PSOE, a quienes se habría convencido de que era la única alternativa al golpe duro; también buscaba la conformidad de los promotores de las operaciones militares, asegurándoles que, si la mixta fracasase, el campo quedaría libre para su intento («en el cual encontrarían la colaboración que ellos hubieran prestado a ésta»). El informe concluía afirmando: «La viabilidad de esta operación es muy alta»; arriesgaba incluso una fecha: «Su plazo de ejecución se estima podría culminar antes de la primavera de 1981 (salvo imponderables)».

Éste es en síntesis el contenido del «Panorama de las operaciones en marcha». Al final hubo imponderables, pero no demasiados: en lo fundamental las noticias que ofrecía el informe eran exactas; sus previsiones también: después de todo el golpe del 23 de febrero resultó ser un ensayo improvisado de llevar a cabo la operación cívico-militar al amparo de las cuatro operaciones civiles y con el concurso de las tres operaciones militares; o dicho con todos los nombres: un ensayo frac a…, sado de entregar el poder al general Armada usando la fuerza de los conspiradores militares —los tenientes generales de Milans del Bosch, los coroneles de San Martín y los espontáneos de Tejero— para obligar a aceptar esta solución de emergencia a los conspiradores civiles —a UCD, a Alianza Popular y al PSOE—. Así que, si es verdad que el CESID redactó ese informe, no hay duda de que —aunque no conociera con exactitud el quién, el cuándo, el cómo y el dónde del golpe— el servicio de inteligencia poseía en noviembre de 1980 información tan solvente sobre las tramas golpistas como para ser capaz de predecir sin demasiado margen de error lo que acabaría sucediendo el 23 de febrero. Ocurre sin embargo que, pese a que suela atribuirse al CESID, el informe no es obra del CESID: su autor es Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre, por entonces teniente coronel del ejército y jefe del gabinete de prensa del Ministerio de Defensa. Fernández-Monzón era un antiguo miembro de los servicios de inteligencia que conservaba múltiples conexiones entre sus antiguos compañeros y que durante años vendió informes político-militares a una selecta clientela de políticos, financieros y empresarios madrileños, además de ser en aquella época asesor de Luis María Anson en la agencia de noticias EFE. Su informe —que fue remitido al ministro de Defensa y efectivamente llegó hasta el Rey, hasta el presidente del gobierno y hasta su vicepresidente, y que sin duda circuló por el pequeño Madrid del poder en el otoño y el invierno de 1980— constituye un resumen feliz del enjambre de conspiraciones que hervía en vísperas del 23 de febrero, sobre todo en lo relativo a las conspiraciones militares. Aunque algunas de ellas eran de dominio público, la mayor parte de las noticias que contenía el informe procedía del CESID, cosa que demuestra que el servicio de inteligencia conocía el diseño general de las operaciones en marcha, pero no que conociera con exactitud, en los días previos a la asonada militar, el quién, el cuándo, el cómo y el dónde de ésta. ¿Lo conocía? ¿Fracasó el CESID en su misión de informar y prevenir al gobierno? ¿O no fracasó y no previno al gobierno porque estaba del lado de los rebeldes? El interrogante más controvertido sobre el 23 de febrero continúa de momento en pie: ¿participó el CESID en el golpe de estado?