La crisis financiera guia para entenderla y explicarla (6 page)

Mediante este proceso el banco vende los derechos de cobro del préstamo a una entidad (normalmente un fondo de inversión) denominada “vehículo” (generalmente creada por los mismos bancos) que a su vez emite unos títulos que posteriormente venderá a otros inversores.

El banco transfiere así los riesgos, y con el dinero recibido en la venta de los derechos de cobro puede continuar concediendo préstamos y volviéndolos a vender.

La entidad vehículo, por su parte, emite unos títulos que generan unos intereses fijos, compuestos por las amortizaciones del préstamo, en beneficio de los inversores que los compran.

Dicho de otra forma, cuando una persona solicita un préstamo en una entidad financiera, el flujo de dinero que va suponiendo la amortización periódica del préstamo, normalmente mensual, se va repartiendo a través de una pirámide de entidades con las que la persona no tiene nada que ver.

Como por lo general el banco mantiene la gestión de los préstamos, el cliente no suele llegar a percibir este proceso directamente.

Los inversores que compran los bonos emitidos por los vehículos suelen ser inversores institucionales y no inversores particulares por dos razones fundamentales: porque la complejidad de los bonos los convierte en el objetivo de únicamente agentes profesionales, y porque las ingentes cantidades de dinero necesarias para realizar la operación –desde 100.000 euros la suscripción- impiden el acceso de los particulares.

Los inversores institucionales incluyen bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversiones, hedge funds… y se caracterizan porque buscan permanentemente especular con las variaciones en el precio de los activos en los que invierten. Compran un producto financiero a un determinado precio y lo venden cuando éste sube. Con los beneficios compran otros activos y vuelven a venderlos, y así sucesivamente. Y, por supuesto, todo eso lo hacen sin mantener vinculación directa con la economía real o productiva.

La titulización de las hipotecas subprime ha sido cada vez más habitual. En el año 2001 se titulizaban el 46% de dichas hipotecas, mientras que en el año 2006 esta cifra alcanzaba ya un 75%. Los préstamos Alt-A, siguientes en la escala de riesgo y también fuertemente implicados en la crisis, eran titulizados en un 91% de los casos.

En total, a lo largo del año 2006 se titulizaron hipotecas subprime y Alt-A por valor de 814.300 millones de dólares, y en total (sumando también hipotecas jumbo y prime) se titulizaron hipotecas por valor de 1,938 billones de dólares
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Precisamente porque los bancos sabían que una vez suscritos podrían vender esos préstamos hipotecarios en el mercado financiero, traspasando de esta forma el riesgo a las entidades compradoras, no se preocuparon lo suficiente por las consecuencias de posibles impagos. No analizaron adecuadamente la calidad de los contratos suscritos, puesto que la pelota pasaba rápidamente a estar en tejados ajenos. Además, la mayoría de las hipotecas eran suscritas a través de los brokers, o comisionistas, quienes únicamente estaban preocupados en la cantidad y no en la calidad.

Los bancos hipotecarios estadounidenses vendían sus contratos hipotecarios a unos fondos (“vehículos”) que ellos mismos habían creado para tal fin. En realidad se los vendían a ellos mismos pero formalmente aparecían como si fueran otras empresas y eso les permitía que en sus balances el papel se sustituyera por dinero y así podían dar más créditos, que es lo que les proporciona rentabilidad.

Una vez se amplían las posibilidades de negocio para los bancos, y esto es lo que ocurre cuando se permite la titulización, éstos no tienen más remedio que acogerse a ellas empujados por la competencia capitalista. Aplicando estas nuevas fórmulas financieras los bancos ven incrementadas sus cifras de negocio. De esta forma consiguen mayores beneficios, con lo cual sus accionistas se muestran más contentos y mantienen la inversión financiera. Y para no ser barridos del mercado por los competidores, todos los bancos tienen que adaptarse a los nuevos límites reglamentarios, y situarse de nuevo en las fronteras de los mismos.

De hecho, en muchos casos la actividad financiera se instala en ubicaciones geográficas concretas para eludir todo tipo de leyes. Así, los bancos crean sus vehículos fuera del alcance de las autoridades, de tal forma que puede hacer todos los negocios de forma absolutamente opaca.

Tanto los hedge fund (un tipo de inversores institucionales) como los vehículos de titulización suelen instalar sus sedes en “Offshore Financial Centers” (OFC), es decir, en los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son territorios pequeños, bien países o bien espacios políticamente autónomos, que ofrecen diversas ventajas, tales como falta de transparencia y débil tributación, a las empresas allí instaladas. Las entidades buscan de este modo evitar las leyes nacionales de toda naturaleza, y en muchos casos también el blanqueo de dinero sucio proveniente de todo tipo de delitos (incluidos los de sangre y el tráfico de drogas.

Las características principales de un paraíso fiscal son las siguientes
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En primer lugar, tienen registradas en su territorio a un enorme número de instituciones financieras que mantienen negocios con personas e instituciones que no son residentes. En la mayoría de los casos niegan el uso de esta información al resto de países, de modo que mantienen una opacidad reinante que favorece el desarrollo de actividades ilícitas en otros territorios.

En segundo lugar, sus niveles de negocios son mucho más profundos y complejos de lo que sería necesario para mantener sus economías domésticas, que son muy pequeñas. En Liechestein, por ejemplo, se encuentran radicadas más de 40.000 empresas mientras que su población no llega a 30.000 habitantes
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En tercer lugar, y como hemos dicho, sus sistemas fiscales permiten que las entidades allí instaladas paguen muy pocos impuestos o ni siquiera lo hagan; carecen de todo tipo de regulación financiera y permiten plena libertad de movimiento de capitales; y el secreto bancario y el anonimato son reinantes.

Aproximadamente el 60% de los hedge funds tienen la sede en algún paraíso fiscal, y en general el 80% de la negociación de los productos financieros derivados tiene lugar también allí
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. Estos paraísos son un instrumento necesario y consustancial a la nueva lógica que gobierna la economía mundial desde finales de los años setenta. Son el resultado de la libertad de movimiento de capitales, y son también el espejo en el que gustan de mirarse quienes pretenden convertir el mundo en un inmenso paraíso fiscal.

Esos fondos de inversión vendían a su vez esos contratos a otros fondos, y estos a otros, y así esos contratos se fueron difundiendo por el sistema bancario internacional.

Desde los primeros gobiernos neoliberales de Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos se han venido dictando normas para facilitar todo este tipo de operaciones, eliminando controles, permitiendo la opacidad y en, en suma, dejando plena libertad para que los agentes financieros llevaran a cabo las operaciones de empaquetamiento y maquillaje que fueran necesarias para llenar los mercados de todo este tipo de productos financieros especulativos.

Gracias a ello, una vez los títulos financieros se iban emitiendo por los vehículos proporcionando altas rentabilidades, los agentes financieros e inversores de todo tipo (bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones…) se volcaron sobre ellos. La interdependencia financiera y las nuevas tecnologías hicieron que todos estos productos se distribuyeran a través de todos los sistemas financieros desarrollados del mundo.

Su doble consecuencia era, por un lado, que se diseminaban los productos financieros que luego resultarían ser pura basura. Y, por otro, que su alta y rápida rentabilidad atraía cada vez a más capitales, incrementándose así el divorcio entre la economía real y la financiera.

Así, mientras que el PIB mundial (que cuantifica el valor monetario de la producción de bienes y servicios) se multiplicaba por dos entre 1990 y 2005, los mercados de divisas (compra y venta de monedas) lo hacían por 3, el mercado de deuda pública (compra y venta de emisiones de los Estados) por 5, el de derivados por 4 y el de acciones por 9.

Para hacernos una idea de la magnitud de la desvinculación creciente, baste con saber que en 2004 el volumen de transacciones diarias en el mercado de divisas alcanzó un valor de 1’8 billones de dólares, lo que es una cifra 15 veces superior al PIB mundial, 60 veces superior al comercio mundial y 800 veces por encima de la inversión extranjera directa
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Como hemos señalado, para vender los préstamos hipotecarios, el banco tenía que transformarlos en un nuevo producto financiero mediante la titulización. Los activos resultantes se denominaron Mortgage Backed Securities (MBS), es decir, obligaciones garantizadas por hipotecas. Y estas obligaciones podían tener como garantía una hipoteca residencial, en cuyo caso se llaman Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), o una hipoteca comercial, por lo que entonces reciben el nombre de Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS).

Estos activos MBS eran vendidos por las entidades vehículo, que rápidamente los emitía y se desentendía de ellos y así se iba construyendo una gran pirámide invertida que tenía en la base lo que en la jerga económica se denomina el “activo subyacente”, en este caso, unos préstamos hipotecarios con gran riesgo de impago.

Como las hipotecas que iban concediendo los bancos (los activos subyacentes) eran cada vez más arriesgadas y peligrosas trataron de disimular el peligro que realmente llevaban consigo. Para ello inventaron unos “paquetes” de inversión en donde había varias hipotecas de las que habían concedido, unas buenas (prime) y otras malas (subprime). Y, además, contrataban a unas empresas especializadas (llamadas agencias de “rating”) para que “evaluaran” si esos paquetes eran buenos o malos. Les pagaban por ello, y esas no tenían mucho problema en decir que, por supuesto, eran de la mejor calidad financiera.

Los bancos centrales e internacionales aceptaron la existencia de estos paquetes aún a sabiendas de que se estaba poniendo en los mercados un producto de gran riesgo que en su interior mezclaba lo bueno con lo malo de manera disimulada, por no decir fraudulenta.

La connivencia y complicidad de las autoridades fue total. Sin hubieran actuado de otro modo, hubieran evitado lo que vino después, permitiendo estas operaciones, contribuyeron también a que más tarde se produjera la debacle.

En paquetes más desarrollados, como los ABS (“Asset Backed Securities”), los vehículos mezclaron activos de diferente tipo: préstamos hipotecarios, préstamos para el consumo de coches, préstamos para estudiantes, etc. Y en una vuelta de tuerca más, crearon los CDO (“Collateralized Debt Obligations”), que son unos complejos paquetes financieros que pueden contener muy diversos activos e, incluso, también otros paquetes ABS en su interior.

La titulización puede extenderse tanto como se quiera y, por ejemplo, existen los llamados “CDO square”, o “CDO al cuadrado” que son paquetes CDO que contienen otros CDO como garantía.

Con estos mecanismos piramidales y de empaquetamiento de deuda los bancos podían incluir en un mismo producto tanto activos de alto riesgo como de bajo riesgo. Con la ventaja de que estos productos finales son muy poco transparentes y es prácticamente imposible conocer su contenido.

Y precisamente como nadie puede saber a ciencia cierta qué hay de verdad en esos paquetes, es decir si son mejores o peores, más o menos seguros, se recurrió a las llamadas Agencias de Calificación. Estas son entidades privadas contratadas por las entidades emisoras de títulos para que valoren la calidad de sus emisiones. Si un producto financiero es de muy baja calidad, como podrían ser las hipotecas subprime, porque el riesgo de impago es muy grande, recibiría una baja calificación. En cambio, si el producto financiero es de gran calidad, puede llegar a recibir la máxima calificación (AAA).

Como se trataba de agilizar y facilitar el negocio, las agencias no tuvieron el menor escrúpulo en darle la mayor calificación a esos paquetes. Algo lógico si hablamos de entidades con un pronunciado conflicto de intereses, pues sus honorarios los reciben de quien les pide que califique sus productos.

Así, de todas las emisiones calificadas en EEUU a lo largo de 2007, el 62% obtuvieron una nota de AAA, es decir, la máxima calificación posible
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Pero era mentira.

Mientras el boom inmobiliario iba bien y mientras las familias pagaban las hipotecas no pasaba nada, pero cuando la burbuja empezó a desinflarse todo empezó a cambiar. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió subir los tipos de interés, y con esa política atrapó a muchas de las familias que habían contratado préstamos hipotecarios a tipo de interés variable. Las cifras de retrasos en el pago y ejecuciones hipotecarias comenzaron a aumentar.

Paralelamente, estalló la burbuja inmobiliaria y los precios de las viviendas comenzaron a descender, por lo que fueron muchas las personas que se vieron en la circunstancia de tener suscrita una deuda hipotecaria por un valor mucho mayor del que tenía su vivienda en ese momento. Esa situación se denomina en la jerga económica estadounidense “negative equity”, y ya en febrero de 2008 se calculaba que 8’8 millones de tenedores de hipotecas en Estados Unidos (un 17% del total) se encontraban atrapados de esta forma
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Y la legislación estadounidense es notablemente diferente a la española en este punto. En España si una hipoteca deja de pagarse, la institución financiera subasta la vivienda y en caso de que no recupere el total de la deuda hipotecaria también puede embargar otros bienes del prestatario original. En Estados Unidos, sin embargo, cualquier persona puede dejar de pagar la hipoteca en todo momento, y la entidad financiera lo único que puede hacer es subastar la vivienda. Por lo tanto, al producirse los impagos el problema empieza a formar parte de la entidad financiera, o de quien posea los derechos sobre el préstamo. Y los costes de ejecución pueden ser de hasta el 25% del valor de un préstamo, por lo que las pérdidas finales son mucho mayores.