Don Alfredo (61 page)

A comienzos de 1999, Dinamarca envió una carta-documento a Daniel Enz, director de la revista
Análisis
de Paraná, intimándolo a rectificar una información publicada muchos meses antes, donde se hacía constar lo que había dicho, en tiempos de poder e impunidad, en un campo de Yabrán: que él, personalmente, había ejecutado a treinta y ocho "subversivos". El autor de este libro escuchó personalmente esa frase de boca de un testigo presencial, varios meses después de haberse publicado el artículo en la revista entrerriana. Algún tiempo antes de la carta-documento, Dinamarca le había hecho llegar a Daniel Enz una advertencia indirecta a través de un conocido: "Ese pibe Enz tiene tantos enemigos, que no va a saber quién apretó el gatillo". A Enz le llamó la atención que Dinamarca reaccionara ante la publicación con tantos meses de tardanza. En esos días, este libro estaba en plena elaboración y mucha gente sabía que el director de
Análisis
colaboraba activamente en la investigación. ¿Era una presión anticipada que buscaba la autocensura? ¿O simplemente "la defensa del mango", que Donda había invocado ante Edi Zunino?

Cuando Exxel compró las empresas de Yabrán, incluyendo las que éste no reconocía como propias, designó como jefe de seguridad a Frank Holder, el oficial de inteligencia de la embajada norteamericana que había asesorado a Todman y Cheek. Según el periodista de
Noticias,
Roberto Caballero, el exuberante Holder, asociado ahora al "caza corruptos" Jules Kroll, habría considerado conveniente limpiar los establos de la seguridad y llamó a Dinamarca para despedirlo:

—Tú eres Dinamarca, ¿no? Bueno, "machou", tu patrón murió. Espero no verte más. Tu indemnización está en Personal. Buenas tardes.

Según le revelaron a Caballero, el que más se habría enojado fue Donda Tigel, quien habría amenazado de muerte a Holder y recibió, en tono jocoso, una respuesta no menos contundente:

—¡Eh, "chicou", no te pongas así! Acuérdate que tengo por detrás a los
marines.

Si Argibay tenía razón y algunos cerebros ocultos pensaban utilizar el crimen de Cabezas para hundir a Yabrán, la existencia de personajes como Dinamarca en las inmediaciones del
Cartero
les vendría de perillas a los presuntos conspiradores. Al cabo, había sido el
Pollo
el que le había dado trabajo a Gregorio Ríos en Bridees, en el lejano 1985, cuando el oscuro suboficial, al que Cavallo atribuía también un pasado en la represión clandestina, aún integraba las filas del Ejército.

El 10 de febrero de 1997, pocos días después de la sugestiva charla de Argibay y Yabrán, un oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense elevaba a sus superiores un informe confidencial que llevaba como título "ASUNTO: ALFREDO ENRIQUE NALLIB YABRÁN
",
donde había datos de las empresas y se reproducía una conocida denuncia del diputado radical Raúl Vicchi, efectuada en noviembre de 1994, que decía: "Alfredo Yabrán está vinculado con el tráfico internacional de heroína y la producción y elaboración de tal droga, que se realiza en el Valle de Bekaa" (que está en Siria y no en el Líbano, como sostenía erróneamente el legislador). El informe no era importante por lo que decía, sino por la fecha en que fue emitido: veinticuatro horas antes de que el investigador Fogelman y el juez Macchi metieran presos como supuestos autores del crimen de Cabezas a la
madama
Margarita Di Tullio y su combo marplatense de los
Pepitos.
Cuando todos, aparentemente, se habían olvidado de Yabrán, el documento fue anexado al legajo 142 que la Dirección de Inteligencia le había abierto el 14 de diciembre de 1994. Apenas dos días después, el juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, dirigía un exhorto al entonces interventor en la Policía Bonaerense, el abogado Luis Lugones, solicitándole "fotocopia certificada del legajo de inteligencia confeccionado respecto de Alfredo Enrique Nallib Yabrán". No siempre las cosas de palacio van despacio.

La investigación policial y judicial del caso Cabezas ha sido, desde los primeros minutos hasta los últimos, una mezcla insuperable de torpeza y mala fe, que hasta el momento dejó en la oscuridad las razones verdaderas que motivaron el crimen, pero confirmó las peores sospechas de la sociedad sobre el estado de impunidad y no de derecho que impera en la Argentina finisecular. La autonomía del juez Macchi, un oscuro magistrado de provincia, al que
Coco
Mouriño tildó de "borracho", estuvo sometida desde el principio a las presiones encontradas de la Casa Rosada y la gobernación de La Plata. O mejor aún: a las de Olivos y la quinta de San Vicente. Menem y Duhalde, enfrascados en una dura contienda por la Presidencia y la jefatura del justicialismo, operaron abiertamente en distintos tramos de la instrucción, buscando réditos políticos o tratando de evitar que ciertas revelaciones inoportunas les estallaran en el despacho. Menem lo hizo de manera indirecta, a través de operadores como Carlos Corach o el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez; Duhalde, abiertamente, como un
sheriff
pampeano que se veía con el juez y los testigos y ofrecía gruesas recompensas (primero de cien mil y enseguida de trescientos mil pesos) que poblaron de mitómanos y sinvergüenzas buena parte de la prueba testimonial. Su convicción de que la Bonaerense podía investigarse a sí misma no se compadecía con sus publicitados afanes de reformar y purgar a la fuerza que algunos hombres designados por él, como De Lazzari o Luis Lugones, se tomaron en serio. Y esto explica por qué, en cierto momento, hubo de remplazar a De Lazzari por el sumiso Carlos Brown, que desaceleró los cambios y dejó la reforma dentro de los marcos "sensatos" de la cosmética.

Los pocos policías que sí se habían animado a investigar a otros policías quedaron indefensos (cuando no ensuciados o amenazados) ante una organización muy similar a la Camorra napolitana que, aun con varios de sus jefes fuera de sus antiguos despachos oficiales, seguía controlando la calle, el territorio. Conservaban imprescindibles lazos con ciertos cómplices que continuaban, de modo oficial, en actividad, y podían escamotear o "plantar" pruebas y "dibujar" sumarios a su antojo. Una organización criminal que falsifica dólares, trafica droga, "protege" el juego y la prostitución, organiza robos, atrapa a los asaltantes, les saca la mayor parte del botín y, luego de dos o tres atracos, cuando chorros y buchones cuentan con demasiada información, los acribilla en supuestos "enfrentamientos" —ejecuciones sumarias que, lejos de contener la alarmante inseguridad (como pretenden los partidarios de la mano dura), parecen haberla disparado de manera exponencial. Una organización que mantiene la ley de la
omertá,
ejecuta bocones, intercambia
killers
y hace "vaquitas" de miles de dólares para sobornar a jueces y camaristas que se vuelven ciegos, mudos y sordos ante las sucesivas masacres del "gatillo fácil", o frente a las casas, veleros, boliches y empresas de seguridad que poseen descaradamente oficiales que apenas ganan entre ochocientos y dos mil pesos por mes. Una organización que articula poder político y judicial con policía corrupta y lumpenaje de los barrios marginales, en una amalgama poderosa que va minando el sistema político, y constituye una de las peores amenazas contra la democracia.

Esa organización, según algunos informantes, habría asomado el hocico tras la llamada "pista policial" del caso Cabezas, que se insinuó en los primeros días de la investigación y fue prolijamente dejada de lado por los
Fogelman
boys
y el juez Macchi, entusiasmados primero con los
Pepitos
y luego con los "Prellezos" que instalaron la Pista Yabrán y ayudaron a convertirla en tesis oficial. En feliz coincidencia con las intenciones políticas de Duhalde, que necesitaba debilitar a Menem; fortalecer a su esposa
Chiche
con vistas a las elecciones legislativas de octubre y presentarse ante las capas medias progresistas que se disponían a votar por la Alianza, como un campeón de los derechos humanos.

Argibay tenía razón: fuera culpable o inocente, daba igual, las horas de Yabrán estaban contadas. Por eso, la cronología de la investigación es, a la vez, la cronología de su desplome; mucho más espectacular y vertiginoso aún que su increíble ascenso.

El juez José Luis Macchi demoró veinte horas en llegar desde Dolores hasta la cava. Tiempo más que suficiente para que los "Patas Negras" pisotearan convenientemente el lugar y llevaran a cabo sus tareas de encubrimiento. Las cosas no mejoraron cuando él llegó: el cadáver fue sacado del auto sin tomar elementales recaudos y aguardó horas, sin custodia, en espera de la autopsia; el Ford Fiesta fue arrastrado por una grúa a la comisaría de General Madariaga; del lugar del hecho fueron sustraídas pruebas importantes (algunas de las cuales quedaron registradas en un video de la policía) y, por si fuera poco, la primera autopsia dijo que le habían pegado un solo tiro, confundió el orificio de entrada con el de salida, erró la trayectoria y descartó que hubiera sido torturado. La segunda autopsia revelaría que los balazos fueron dos, que se los habían pegado por atrás y que había sido brutalmente golpeado. Algunos pesquisas sospechan que las primeras declaraciones de los
Horneros
fueron diseñadas por su elegante abogado Fernando Burlando, sobre la base de la primera necropsia, según la cual el disparo —presuntamente efectuado por el policía Gustavo Prellezo— se había producido de derecha a izquierda y de arriba para abajo.

En aquellas primeras horas convivieron, no sin disputas y competencias, tres clases de policías: los de Madariaga y Pinamar, que tenían a su cargo la instrucción, bajo el mando del comisario Carlos Rossi; el grupo especial de investigadores que conducía el comisario Víctor Fogelman y los hombres de las direcciones de Inteligencia y de Asuntos Internos, que debían controlar a sus propios colegas.

El 26 de enero, cuando llegó a la cava, Fogelman le preguntó ansioso, a uno de los oficiales de inteligencia:

—Y, ¿cómo la ves?

—Fuimos nosotros, Jefe —respondió sin hesitar el oficial Marco Di Julio, observando el cadáver esposado hacia adelante y carbonizado. Como una siniestra marca de fábrica que venía de los tiempos de la dictadura.

Lo mismo pensaba, con conocimiento de causa, uno de los "instructores" de aquel momento: el comisario Gómez, el buen paisano que el Jefe Klodczyck dejó siete años en Pinamar porque lo protegía el intendente Altieri y nadie "se había quejado". La
Liebre
se dedicó en sordina a presionar a Miguel Bogado, uno de los custodios de Andreani, para que no hablara de los infructuosos llamados a su comisaría, ni de los múltiples autos que rondaron la casa la noche de la fiesta. Dos frases cínicas iluminan su psicología. "Perdé cuidado que no se equivocaron", le contestó al principal Hugo Federici cuando éste le preguntó si los asesinos no habían confundido a Cabezas con Michi. Luego, en un alarde de gentileza con la prensa, les dijo a los periodistas Santiago O'Donnell y Gabriel Viñals: "¿Qué siguen buscando ustedes si saben que detrás de esto está la revista
Noticias
para vender más?".

Un espeso terror reinaba en ese momento entre los periodistas de
Noticias.
Nadie sabía quién podía ser el próximo. El domingo 26 llegó a Pinamar un grupo de audaces voluntarios que debían cubrir la edición especial, lo que después sería el famoso número de "la tapa negra" de la revista. El equipo periodístico, que contaba con el apoyo de cuatro fotógrafos, estaba integrado por el subeditor de Información General, Carlos Russo; el redactor Carlos
Memo
Dutil (que preparaba un libro con Ricardo Ragendorfer sobre la Bonaerense); Carla Castelo y su compañero Leo Álvarez, que ya no trabajaba en el semanario pero se sumó, por su cuenta y riesgo, "para dar una mano".

Cuando llegaron, encontraron un ambiente enrarecido, con señales rojas a cada paso. Había, como suele suceder, "policías buenos y policías malos". Los "malos" les dejaron una caja con esposas de juguete en el subsuelo del edificio donde se alojaban, un aviso de procedencia inequívoca que sería denunciado por Antonio Fernández Llorente, el enviado especial de Canal 13 que unos meses más tarde debería ser retirado de Dolores por las amenazas y agresiones permanentes que padecieron él y su familia. El "bueno" era el comisario Mario
Ñoño
Naldi, uno de los "porongas" que había caído en la depuración, después de ocupar destinos estratégicos en la repartición, como la Dirección de Narcotráfico Norte, ubicada en lo que fue el pozo de
Coti
Martínez durante el terrorismo de Estado. Allí campeaba por sus reales Raúl Guglielminetti, el ex represor devenido informante de la CIA y la DEA. El
Ñoño
llamó a los enviados de
Noticias
para ofrecerles sus servicios, a nombre de "los muchachos de 25 de Mayo" para los que ahora, presuntamente, trabajaba. "Hombres, dinero, lo que necesiten", dijo el obeso comisario. Y no se desalentó ante la primera negativa de los periodistas: mandó un emisario para tratar —inútilmente— de convencerlos. A pesar del rechazo anduvo después un tiempo jactándose de su presunta colaboración con los enviados del semanario, a quienes intentó orientar, con insistente grosería, hacia "los novios que tuvo esta chica Cristina antes de conocer a Cabezas".

Naldi, obviamente, descartó cualquier posible intervención de los "porongas" en el crimen.

—Este fue un crimen pasional, querido —les dijo el
Ñoño,
a quien los propios "Patas Negras" consideraban un personaje nada confiable. "Está más solo que Naldi en el Día del Amigo", era una de las ironías más suaves que circulaban sobre él.

Sin ayudas peligrosas, siguiendo su propio olfato, Memo Dutil llegó una noche con Leo Álvarez hasta un pequeño departamento de Las Toninas, para verse con Pedro Avio, sargento primero de la Bonaerense, que había prestado servicios en La Matanza a las órdenes del
Chorizo
Rodríguez, al que debía haberle fallado, porque estaba en situación de "disponibilidad preventiva" y refugiado en la Costa. Allí vendía encendedores y datos que le pasaban sus buches. Temiendo cada noche que otros dos suboficiales vinculados al
Chorizo,
Daniel
Tribilín
Leguizamón y el
Lagarto
Vargas lo vinieran a "cortar". Dos expertos en periodismo y en los vericuetos del Mercado Central, que en 1993 habían dirigido los aprietes y las golpizas al periodista Hernán López Echagüe.