Desahucio de un proyecto político (11 page)

Precisamente,
en la década de los setenta, comenzaron también a tomar fuerza las
“manifestaciones” para reclamar al “patrón Gobierno” los favores prometidos. La
primera bonanza petrolera se terminó pero no se terminaron las exigencias de la
población. Poco a poco, las manifestaciones se volvieron cada vez más
violentas. Exacerbados los ánimos por la izquierda radical “revolucionaria”,
los maestros, los trabajadores públicos y privados y los indígenas aprendieron
que se pueden lograr prebendas y beneficios del Estado con el eufemismo de
“derechos adquiridos” a base de quemar llantas, cerrar carreteras, romper
vidrios o a bala. Así, se fue abriendo el camino a la violencia hasta culminar
en una Constitución que institucionaliza la generosidad del Estado con plata
ajena.

Los
casi cuatro años de la Presidencia de Correa se han beneficiado de una segunda
bonanza petrolera. Esto ha permitido al Gobierno de Alianza País regar favores
a diestra y siniestra. La rebelión de la Policía no es un episodio nuevo ni ahí
terminará la historia. Los maestros han salido una y otra vez a protestar por
aumento de sueldos y, la última vez, porque se les exigía “evaluación”. Los
indígenas protagonizaron un gran levantamiento en 1990 y, recientemente, porque
no se permitía que controlen los recursos hídricos. Los estudiantes salen a las
calles cada vez que los dirigentes de la FEUE deciden que sus “derechos” han
sido violados y saldrán a las calles cuando se resuelva que “no hay almuerzo
gratis” ni educación universitaria gratis. Los taxistas cierran las calles y
paralizan la ciudad para que no se permita la competencia de los mal llamados
taxistas “piratas”. Igual sucederá cuando a los empleados públicos no se les
pueda reducir el sueldo sino que se les pagará con “condoritos” en lugar de
dólares; cuando a las amas de casa de clase media no se les pueda seguir
“subsidiando” con gas barato; cuando se acabe la plata ajena, ¿arderá Troya?

Las políticas de redistribución versus las de creación de riqueza

A pesar
de que la redistribución no tiene bases éticas para que se lleve a cabo, en la
práctica, no hay Gobierno que no las practique. Y, aunque la crítica de este
libro está enfocada a las
socialistas,
las contrastaré con algunas que sí han demostrado reducir el problema de la
pobreza.
Porque no es crítica a los
programas
sociales
, sino al
cómo
se realizan.

El sistema provisional
.
 
El sistema de ahorro privado
chileno es mucho más idóneo para proteger a los de la tercera edad que el
sistema de reparto, como el que existe en el Ecuador. En el chileno, los
trabajadores ahorran y contribuyen a un fondo del cual retiran ingresos cuando
se han jubilado. En el ecuatoriano, se quita a los trabajadores para dar a los
jubilados. ¿Será justo? En el chileno, lo contribuyentes son los dueños; en el
segundo, no hay dueños directos y el dinero de las pensiones sirve, a menudo,
para que el Gobierno gaste.

La apertura comercial
.
 
Nuevamente, Chile es un ejemplo
de cómo, abriéndose al mundo, reduciendo aranceles, conformando acuerdos de
libre comercio, se logra diversificar la producción, mejorar la competitividad
y crear fuentes de trabajo mejor remuneradas que cuando el país se cierra al
mundo.

Impuesto plano o proporcional
.
 
Un sistema tributario progresivo
(el que más gana más paga) desincentiva la producción e incentiva la evasión.
Países como Estonia y Nueva Zelandia han logrado despegar con un sistema simple
de tributación. Mientras más simple se hace pagar el impuesto, más recaudación.

Sistema de bono educativo
.
 
Este consiste en dar a cada
familia un bono
portable
de tal
manera que el jefe del hogar pueda elegir la mejor escuela para sus hijos, que
bien puede ser pública o privada. Este sistema ha sido implantado en Suecia,
emblema prominente del socialismo democrático.

Estos
pocos ejemplos ilustran que los remedios exitosos no van por el camino de la
redistribución, sino por el de la creación de riqueza. Es importante añadir que
no solo Regímenes de tendencia socialista utilizan medidas paternalistas como
subsidios y las transferencias a los más necesitados.

El asistencialismo como problema político social

Muchos
comprenden que los bonos a la pobreza son apenas un
alivio
mas no una medida que reduzca la pobreza a largo plazo. La
pobreza es un problema estructural que no se puede remediar con curitas o
parches. Se reduce creando empleos, incentivando la producción y dando un marco
jurídico que incentive la inversión.

El
problema estriba en que, desde el punto de vista social, el asistencialismo
alimenta la pasividad y la actitud de dependencia de las personas que reciben
los bonos al punto de no crear incentivos para que ellas puedan, por sí mismas,
abandonar la situación en la que se encuentran.

En el
plano político, los mandatarios olvidan muy pronto que los dineros que entregan
son ajenos, que provienen del resto de los ciudadanos, y actúan como si ellos
mismos hicieran una caridad generalizada, se arrogan la paternidad de esos
programas y, en muchos casos, disponen de los fondos públicos como si fueran
propios alimentando la creciente corrupción que afecta a nuestros países.

Por
último, y también en el plano político, se crea una situación de hecho que se
hace muy difícil de modificar, pues ningún político se atreve a censurar estos
programas ni, mucho menos, a proponer su reducción o su definitiva eliminación.

El Gobierno no puede ser buen samaritano ni
déspota benévolo

La
experiencia de América Latina es que reina una tremenda frustración con la
clase política, el empresariado, con los medios de comunicación, inclusive con
las organizaciones de la sociedad civil como las fundaciones. La frustración
surge ante el lento progreso económico, la abrumadora corrupción y un rampante
aumento de la delincuencia que impide a millones de personas llevar una
existencia normal y mejorar su nivel y su calidad de vida.

No por
nada, en aquel abril de 2005, se escuchó el grito “¡Fuera todos!”: es que era
generalizada la creencia de que ninguno valía, de que se necesitaba sangre
fresca. Desgraciadamente, repito una vez más, el problema radica en las
creencias, en las malas ideas y costumbres, que dan lugar a poner las
esperanzas en el Gobierno.

Las fallas de la democracia

La
democracia no es sólo un sistema electoral en el que la mayoría manda, sino que
es además un sistema de valores que incluye respeto a los derechos de la
minoría, tolerancia a la opinión ajena, participación libre a medios de
expresión y comunicación: es así como se ha definido la democracia
liberal
. A menudo, se concibe al
Gobierno como depositario de la soberanía popular, en el que las decisiones
fundamentales se toman por la regla mayoritaria, por lo que una manera de
pensar así de miope lleva a los Gobiernos a no ser más que dictaduras
disfrazadas de democracia. ¿No es por esto que Correa afirma que si sus
opositores no triunfaron en elecciones no tienen derecho a exigir nada?

Cuando
la economía se concibe sólo como un sistema electoral, no es extraño que las
mayorías pobres voten para que se les dé techo, pan, trabajo y se convierta,
como diría Frederic Bastiat hace más de 50 años, en “el saqueo de todos contra
todos”. Aquí radica el meollo del problema. Como dice Sabino (2010):

«A partir de este punto, del momento en el
que la democracia se concibe como una gigantesca máquina de redistribución
económica, comienza un ciclo que, retroalimentándose, termina generando graves
problemas que desafían aparentemente toda solución. Los más pobres, cobrando
conciencia de su fuerza electoral, reclaman cada vez con mayor intensidad que
se les otorguen beneficios de toda naturaleza; algunos políticos, evaluando
bien el peso numérico de estos sectores, comienzan entonces a hacer promesas
que son acogidas con entusiasmo pero que resultan imposibles de cumplir. Desde
el Gobierno, se toman medidas económicas de corte populista, de corto plazo,
que son bien recibidas por buena parte del público pero que lesionan la
economía y resultan por lo tanto completamente ineficaces. La oposición
política, por lo general, entra entonces a competir con los Gobiernos
ofreciendo aún mayores beneficios a la masa de los necesitados y formulando
promesas cada vez más amplias y, por lo tanto, más difíciles de cumplir. Las
campañas electorales se van convirtiendo en torneos en los que cada partido
trata de sobrepasar a los restantes en sus vanos ofrecimientos de proporcionar
más y mejor educación, mayor atención a la salud, subsidios directos a los más
pobres por medio de programas asistencialistas, viviendas, seguridad social…,
en fin, todo lo que la gente quiere recibir sin dar nada a cambio. Porque los
sistemas impositivos que tenemos en la región, por lo general, presentan una
peculiar característica: los impuestos directos son pagados sólo por las
personas con mayores ingresos, las empresas y los empleados del sector
económico formal; los pobres nada pagan, al menos directamente aunque, a través
del IVA y otros impuestos similares, ellos mismos contribuyen con no poco
dinero para que el Estado, luego, les otorgue “gratuitamente” lo que tanto
anhelan».

Como
los pobres son una proporción importante de la población (en el Ecuador, más de
una tercera parte, según el INEC) y son votantes, las promesas y los eslóganes
de combatir la pobreza no faltan en ninguna campaña electoral.

La
consecuencia es que los pueblos buscan una solución en donde no la hay. Dice
Walter Spurrier (2010b):

«En América Latina, los políticos exitosos
son los que ofrecen todo gratis, que evitan llamar al duro trabajo conjunto
para salir adelante. Aunque luego no cumplan.

»Hoy recorre Sudamérica una renovada ola de
pensamiento antidesarrollista que ofrece mediante la omnipresente intervención
del Estado en la economía tomar un atajo y mejorar de manera instantánea las
condiciones de vida de la población evitando el arduo camino recorrido por
otros países.

»En esa línea de populismo del siglo XXI, el
buen gobernante es el que sube los salarios a su nivel ideal, sin ponderar lo
que aguanta la economía; el que congela o baja a dedo los precios de los bienes
de consumo masivo, sin consideraciones de su impacto en la producción. El que
busca privar de rendimiento a los dueños de capital con fines redistributivos.
No es que se busca el progreso económico para alcanzar un mejor nivel de vida.
Las mejoras sociales se dictan por decreto, y se espera que la economía se
adapte. Un mundo al revés».

En el
Ecuador, al igual que en muchas otras partes del mundo, no se le pide, se le
exige al Gobierno que lleve bienestar a todos, que redistribuya la riqueza y
combata la pobreza, que dé empleo, salud, educación y hasta vivienda a toda la
colectividad. Y se ponen esperanzas en líderes que prometen acabar con todos
los males de un modo casi mágico enarbolando la idea de asambleas
constituyentes todopoderosas que permitan “refundar” el país pero que, en
definitiva, desembocan en Gobiernos personalistas que se apartan por completo de
la democracia liberal.

Resultado: el despotismo

Para
repartir la riqueza, se necesita un Gobierno todopoderoso que intervenga en la
actividad de todos los ciudadanos, que controle con un alto número de
funcionarios no sólo los ingresos, sino también la producción misma y hasta el
consumo. (Estimado lector: ¿Se acuerda de que hubo un funcionario que quería
desanimar la compra de “doras”: refrigeradoras, lavadoras…
obligando
a pagar una
mayor tasa de interés?).

Hay que
expropiar las tierras o las empresas “ociosas”, controlar precios, aumentar
impuestos y dar al Gobierno un poder decisivo sobre todo el quehacer económico.
En otras palabras, hay que usar la fuerza o la amenaza de la fuerza. Para
combatir el contrabando, hay que desplegar un gran número de funcionarios y
suponer que éstos son “honestos”. (¿Cuántas veces las aduanas han caído presa
de individuos inescrupulosos?). Para evitar o combatir los mercados negros, hay
que emplear la fuerza pública. Para imponer a la ciudadanía, hay que censurar
lo que los gobernantes desean, incautar, amedrentar, atemorizar, es decir,
convertir a los ciudadanos en siervos dóciles. Y cuando eso no se logra, se
procede a formar comités de Defensa de la Revolución, círculos bolivarianos,
asambleas populares, comités barriales, vestidos con camisas pardas, negras,
rojas o verdes. Esta es la mejor y más eficaz manera de esclavizar a los
pueblos.

El afán
distributivo desemboca irremediablemente en medidas cada vez más coercitivas y,
para implementarlas, requiere de personalidades y personajes atraídos por el
poder. Es por ello que, en países como Venezuela y Ecuador, han aparecido
Chávez y Correa. Ellos no son un fenómeno nacido de la mala identificación de
las causas de los problemas y de las políticas adoptadas. Y es en esta trampa
en la que ha caído gente de buen corazón, de buena voluntad y cordura.

Se
ignora que, para “distribuir”, hay que utilizar el poder del Gobierno. Pero el
poder es como un imán, es un atractivo semejante al dinero, al sexo o a la
glotonería. Con frecuencia, la ambición del poder político es más fuerte y
peligrosa que el afán de lucro. Dice Alfonso Reece (2009): “Se oye a menudo que
el poder económico es más poderoso que el político. Menuda estupidez. El poder
esencial es el político, porque consiste en la monopolización del uso de la
fuerza. El poder económico sólo tiene sentido si tiene un apoyo político”. Es
más, el poder político se puede lograr en menos tiempo, con menos riesgo y sin
temor de que algún día se le acuse de “pelucón”.