Desahucio de un proyecto político (13 page)

Si las
justificaciones para la recaudación son para el “bien común”, para obra social
o “aceras y bordillos”, ¿no se llegaría a un punto en que el sistema sería tan
enmarañado y confuso, campo propicio para que florezca y acreciente la
corrupción? Porque el proceso solo termina cuando se termina la plata ajena.*

*
Se atribuye a Margaret Thatcher la máxima que “el socialismo funciona hasta que
se acaba la plata ajena”.

Aun
más, el pueblo no sólo se empobrece porque el Estado le quita recursos, sino
que se desperdicia también enorme cantidad en el proceso mismo. Los
“contribuyentes” dedican recursos para evitar la pérdida, por eso, la lucha
para impedir que suba el precio de los combustibles o contra la creación de
nuevos impuestos. El cabildeo legislativo, las huelgas, los paros, empobrecen,
porque los recursos empleados se habrían dedicado para producir. Por otro lado,
los “destinatarios” emplean también recursos para conseguir su “cuota”. Los
paros de los maestros, de los judiciales, de los médicos, de las provincias y
ciudades, son también parte del proceso. Pero si no lo hacen, no consiguen su
parte, aunque así nos empobrezcamos todos. Y qué decir de los intermediarios,
los políticos de turno para quienes es fácil ser generoso con lo ajeno. Las
“reivindicaciones” políticas, la “obra de..”, la enorme lista de “obras
públicas” de todos los Gobiernos (porque de esto no se salva nadie), a la
postre, solo sirven de propaganda electoral.

EI
proceso de utilizar el Estado para beneficiarse personalmente se conoce como “
búsqueda de rentas
”. Cuando se utiliza
la Ley para distribuir riqueza en lugar de propiciar su creación, se confina el
papel del Gobierno y de las instituciones a reconciliar los intereses de grupos
favoreciendo a aquellos que se consideran “merecedores” del favor estatal. Cada
vez que el Gobierno otorga a una industria una exención de impuestos, subsidia
un crédito a un sector económico, concede derechos “inalienables” a ciertos
sectores de la población, se crea automáticamente una estructura de costos
sociales cuya incidencia fundamental es disminuir los incentivos y
oportunidades a todos.

La desigualdad ante la Ley

El
sistema de redistribución obliga a los gobernantes a favorecer a unos y
perjudicar a otros.
 
Como esto tiene que
hacerse de una manera legal, sea a través del Presupuesto o a través de
concesiones especiales otorgadas por la Legislatura se viola el principio de la
igualdad ante la Ley, porque ésta favorece a unos cuantos y perjudica a muchos
(el pueblo en general).

El daño
más grave ocurre cuando los beneficiados están protegidos por la Constitución.
La de Montecristi permite que se cree todo tipo de leyes que violen la
igualdad, porque cada legislador busca “llevar el agua hacia su molino”.

El cabildeo y el tráfico de influencias

Cuando
cada legislador tiene el poder de contribuir a la obtención de un privilegio
para determinado grupo, se lo puede tentar o con dádivas directas, con
contratos públicos para familiares o con legislación “facturada” para sus
electores. En países como los Estados Unidos, hay empresas especializadas en
cabildear; la razón es otra vez muy simple: la Ley es para favorecer o proteger
a particulares.

Esta es
una grave falla de la democracia mayoritaria. Los privilegios particulares se
disfrazan como buenos para el interés general o para la mayoría de votantes
pero no son más que un sistema favorecedor de grupos. La fragmentación, el
canibalismo político, ese saqueo de todos para todos, tienen su origen en el
abuso del poder. Mientras el Estado en su conjunto se ha debilitado, los
allegados al poder se han fortalecido y han extraído prebendas y recursos a su
antojo. Las democracias más exitosas son las que han logrado, por un lado,
limitar el poder de los grupos (como se hizo en Nueva Zelanda) y, por otro
lado, consolidar el poder en las áreas en las que el Gobierno tiene
necesariamente que actuar. Sólo cuando “se acaba la torta, se acaban los
comensales”.

El
Código de la Producción es un buen ejemplo de favoritismo. Unos cuantos
empresarios, llamados por Rómulo López Sabando: “empresaurios”, esperan que
este tipo de legislación les beneficie.

La
inventiva humana ha creado cientos de fórmulas para obtener
rentas y favores.
Basten algunos
ejemplos, porque estoy seguro de que el lector conoce muchos más. El sistema
arancelario para “proteger” la industria nacional, las licencias y las cámaras
de profesionales (que Correa eliminó, y se le debe agradecer por ello), la
dedicación de impuestos para las FF.AA., etc.

Los
ministerios son los administradores de las dádivas. Y mientras más ministerios
haya, mayor el tráfico de influencias y la participación de grupos de poder. Al
final, los beneficiados son pocos y los perjudicados son la mayoría. ¿No será
esta la razón por la cual hay tantos pobres?

Es que
hacemos lo contrario de lo que deberíamos hacer. Deberíamos reducir el número
de ministerios, controlar el Presupuesto de tal manera que los dineros del
Erario sí vayan a beneficiar a la mayoría y, sobre todo —quizá lo más difícil—,
reducir la capacidad del Gobierno para conceder favores y privilegios. Esto
implica menos poder discrecional al Gobierno y los legisladores, con visiones
distintas a las que han tenido hasta ahora.

Más causas del fracas
o

Le
í en alguna revista marxista que
la Constitución de Montecristi no era socialista, porque permitiría la
propiedad privada.
 
Aunque, como explica
Gabriela Calderón (2010a): “La Constitución de Montecristi establece siete
tipos de propiedad privada confundiéndose lo que es y lo que no es propiedad
privada. Lo que no está claramente definido no será fácil de defender.
Adicionalmente, promueve la ´igualdad formal, igualdad material´, lo cual,
junto con muchos otros artículos (como ´asegurar una distribución adecuada del
ingreso´), da lugar a leyes de redistribución de ingresos y de restricciones a
la propiedad privada”.

El
fracaso de la Unión Soviética, Cuba y Corea del Norte se debe casi
exclusivamente a la desaparición de la propiedad privada. Los chinos, aún
cuando mantienen el control político, deben su progreso acelerado a que han ido
aumentando la esfera privada de la producción. Es tan importante que me permito
incluir las siguientes frases célebres:

“Lo que
nuestra generación ha olvidado es que el sistema de propiedad privada es la más
importante garantía de la libertad”, F.A. Hayek.

“La
diferencia más importante entre un salvaje y un hombre civilizado es que el
salvaje no reconoce los derechos de propiedad”, Adam Ferguson.

“La
historia y la experiencia demuestran que en regímenes políticos que no
reconocen a los particulares la propiedad, incluida la de los bienes de
producción, se viola o suprime totalmente el ejercicio de la libertad humana en
las cosas más fundamentales, lo cual demuestra con evidencia que el ejercicio
de la libertad tiene su garantía y, al mismo tiempo, su estímulo en el derecho
de propiedad”, Papa Juan XXIII.

El
surgimiento de déspotas y tiranos se puede atribuir fácilmente a la falta o a
la debilidad de los derechos a la propiedad privada. Es que solo cuando los
ciudadanos tienen garantías de poder hacer con lo propio lo que más crean
conveniente, pueden desarrollar sus mejores cualidades.

La libertad de expresión y los derechos a la propiedad

¿Sin
derecho a la propiedad, sería posible tener libertad de expresión? La respuesta
es un claro no. Cuando se debate la Ley de Comunicación, pocos argumentan que,
si todos los medios de comunicación fueran públicos, muy pocas garantías
existirían para que el Gobierno de turno no restrinja, reprima y censure lo que
se publica.

Ser
dueño implica poder
disponer
del
bien,
excluir
a los no dueños y que
la autoridad los haga
respetar
. Se
armó un escándalo cuando Correa dijo que la prensa debería ser propiedad de
organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque el derecho a la propiedad
está atenuado por la legislación, según ésta no son verdaderamente
dueños
, pueden ser administradores,
pueden devengar sueldos, pero, en última instancia, no pueden disponer de las
ganancias que podrían generar.

La
animadversión del socialismo hacia la libertad de prensa no es de ahora. Dice
Carlos Jijón (2010), a propósito de la Ley de Comunicación: «… existen indicios
suficientes para tener muy claro que el control de los medios de comunicación
es fundamental para el proyecto político que ha esbozado… el Gobierno de AP: la
instauración de un modelo
socialista
que sacrifique las libertades con la promesa de justicia social».

Según
Gustavo Cangiano (1993): «Sólo la nacionalización y el traspaso a la propiedad
social de los medios de comunicación sentarán las bases para la libre
información, el florecimiento cultural y la recreación sana». Alfonso Reece
(op. cit.) afirma sin ambages: «La libertad de expresión y comunicación es un
pilar manifiesto para la libertad de los ciudadanos. La prensa es la mejor y la
más eficaz institución de control social. Su
obligación
es señalar los
desaciertos y delitos cometidos desde el poder, y hablo de todo tipo de poder,
político, económico, ideológico, estético, etc.».

Si
todos los poderes se concentran en el presidente, ¿quién sino la prensa podrá
informar de los abusos, iniquidades y otras “linduras” a las que están
inclinados nuestros políticos? Y, como hemos visto, el proyecto político de la
Revolución Ciudadana obligadamente es también el guión para Gobiernos
despóticos. Es semilla de su fracaso la animosidad hacia la propiedad privada.

El socialismo debilita los derechos a la propiedad

Como
hemos dicho que, para “redistribuir” hay que quitar a unos y dar a otros,
entonces, hay que legislar. Esto implica leyes que permitan al Gobierno
apropiarse del fruto del trabajo y del esfuerzo de los ciudadanos. Si la
propiedad es precaria, no existen incentivos para producir ni mejorar, ni
innovar ni preservar. Cuando el Gobierno puede quitar a uno a través de
impuestos onerosos, por muy buenas intenciones que tenga o para financiar
programas maravillosos, poco a poco, se va perdiendo el sentido del esfuerzo,
de la iniciativa y se va reemplazando con esquemas fraudulentos, doble
contabilidad para evadir impuestos, sobre o subfacturación en el comercio
internacional y otras prácticas perversas. Si el Gobierno no respeta la
propiedad privada, tampoco lo van a hacer los ciudadanos, y un pueblo que no
respeta el derecho a la propiedad de otros, es un pueblo en el que cunden la desconfianza,
la deshonestidad y la corrupción.

El
socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez es el mejor ejemplo de lo que decimos.
Cuando el Estado se convierte en el verdadero dueño de la economía, los
estímulos para producir se pierden: los que tienen dinero no lo desean
invertir, porque saben que su capital o sus beneficios pueden ser expropiados;
los pobres comienzan a asumir enseguida una actitud pasiva, porque todo lo
esperan del Estado y saben también que de nada les servirá esforzarse y
trabajar para mejorar su situación.

Las leyes del mercado no se pueden derogar con decretos

Los
derechos a la propiedad dan lugar a la oferta y a la demanda. Un empresario,
dueño de su producción, busca cobrar por su producto el precio que más crea
conveniente. Por su parte, el consumidor, dueño de su dinero, busca pagar lo
menos que pueda. Estos intereses contrapuestos dan lugar a los precios del
mercado. Asimismo, en el mercado del trabajo, el obrero —dueño de su capital
humano— busca emplearse en aquella ocupación que más le satisfaga monetaria y
emocionalmente. Pero el empleador —dueño de su dinero— busca contratar al mejor
trabajador al menor salario posible. Nuevamente, estos dos intereses
contrapuestos se equilibran en el mercado laboral a través del salario determinado
por la oferta y la demanda. El socialismo pretende eliminar estas leyes
naturales porque, supuestamente, lo que ganan los pobres no les alcanza para
pagar los precios impuestos por el mercado, es decir, su salario es menor que
el necesario para sobrevivir. Pero no hay peor receta para un fracaso económico
que el control de precios por parte del Gobierno. El control oficial genera
mala calidad de productos, mercados negros accesibles sólo a los ricos,
desabastecimiento de productos esenciales, y no hay producto más caro que aquel
que no existe. Entonces, es de esperarse que en los mercados negros operen
individuos con pocos escrúpulos.

El proyecto político está lleno de incentivos perversos

“En
arca abierta, el justo peca”, dice el refrán. Como el dinero que administran
los gobernantes no es de ellos, es fuente fácil de corrupción. Y como la
Revolución Ciudadana busca redistribuir, también se aplica aquello de “el que
parte y reparte se lleva la mejor parte”. Por eso, no hay programa estatal que
no sufra de sobreprecios para la compra o subprecios para la venta. No hay
empresa estatal que rinda como una empresa privada, porque no hay “accionistas”
a los que responder. En la Cuba socialista, al igual que en la antigua Unión
Soviética, el pueblo vive a base de ingenio para evadir la autoridad. Los
incentivos que crea el Gobierno son verdaderamente perversos y crímenes de lesa
humanidad.