Una monarquía protegida por la censura (15 page)
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Authors: Iñaki Anasagasti
Y es que ERC en el Congreso formulaba preguntas que el presidente Marín, erigido en defensor mayor de la Monarquía, como si en lugar de presidente del Congreso, una institución elegida, hubiera sido el Duque del Infantado, las rechazaba todas. A mí por lo menos me las publicaban en el Boletín Oficial del Senado. Y ahí están.
A continuación las expongo con su consabida respuesta. Huelgan los comentarios. La pregunta decía así:
Según informó el alcalde de la comuna de Batani en Rumanía, el Jefe del Estado español, D. Juan Carlos, participó el sábado 9 de octubre en una cacería de osos y jabalíes en los Cárpatos rumanos. El Rey pernoctó el viernes 8 en un pabellón de caza que perteneció al dictador Nicolae Ceaucescu y, al día siguiente, mató «cuatro o cinco osos y dos jabalíes».
Este hecho ha sido muy criticado por una organización rumana de protección de los animales y por uno de los grupos políticos de oposición rumano, que considera inconveniente que el jefe del Estado de un país extranjero viaje extraoficialmente a Rumanía a realizar tan dudoso deporte cinegético.
Ante este hecho tan anómalo y tan propio de etapas que creíamos superadas, este senador solicita del Gobierno que le dé respuesta a la pregunta de si considera adecuada la práctica de este deporte en un estado extranjero y si el Gobierno subvencionó el carísimo desplazamiento del Rey de España para su solaz personal, así como si tiene noticia de quiénes viajaron con él a cuenta del erario público.
Respuesta:
Según establece el artículo 64 de la Constitución, los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso por los Ministros competentes, siendo quienes los refrendan responsables de dichos actos. De este refrendo están excluidas, por razones obvias, las actividades privadas de los miembros de la Casa Real.
En cuanto al régimen de gastos, el artículo 65 de la Constitución establece que «el Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma».
Por las razones expuestas el Gobierno entiende que no forma parte del ámbito de respuesta al control parlamentario que cabe ejercer sobre su actuación, formular valoraciones sobre las actividades de carácter privado de los miembros de la Casa Real, como no lo debe hacer, en este trámite, de las que desarrollan los integrantes de otros órganos constitucionales del Estado.
Madrid, 24 de noviembre de 2004
LA OTRA CACERÍA
Ésta fue la segunda pregunta:
La televisión austríaca informó que la última semana del mes de enero el Rey don Juan Carlos participó en una cacería en la localidad de Burgenland.
El pasado mes de octubre el rey participó asimismo en otra batida de caza, esta vez en la región rumana de Transilvania, donde mató cinco osos y dos jabalíes. El viaje fue objeto de protestas por parte de asociaciones ecologistas y partidos políticos. En aquella oportunidad este senador realizó una pregunta parlamentaria recabando información sobre si el Gobierno consideraba adecuada esta práctica en un país extranjero, donde una parte de su población criticó tales matanzas y si el Gobierno subvencionó el carísimo desplazamiento del rey acompañado de amigos suyos a cuenta del erario público.
El Gobierno socialista contestó que las actividades privadas del rey no necesitan refrendo del Gobierno y que la respuesta a tal pregunta no entra dentro del ámbito de respuesta al control parlamentario que cabe ejercer sobre su actuación.
Tal respuesta del Gobierno amparando semejante y criticable actitud ha motivado que en el breve espacio de tres meses el jefe del Estado viaje a Austria y participe en otra matanza de animales sin que el Gobierno, al parecer, tenga nada que decir sobre lo que haga, nada menos, que el jefe del Estado, que no es un ciudadano particular y cuyos gastos, le guste al Gobierno o no, los pagan los Presupuestos Generales del Estado que son aprobados en sede parlamentaria, por lo que no es de recibo que un gobierno democrático en el siglo XXI responda al control parlamentario como si viviéramos bajo una Monarquía absoluta en el siglo XVIII.
Por todas estas razones este senador insiste en tratar de recabar la opinión del Gobierno por si cree de recibo que el jefe del Estado español viaje a un país extranjero a una matanza de animales pagando esta aberración con dinero público de todos los ciudadanos.
Palacio del Senado, 2 de febrero de 2005
Respuesta del Gobierno:
Se señala a S. S. la respuesta a su pregunta escrita, con número de expediente 684/4094, de 2.5 de noviembre de 2004, sobre el asunto interesado.
Se recuerda que el régimen de gastos del artículo 65 de la Constitución establece que «el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma».
En este sentido, el Gobierno entiende que no forma parte del ámbito de respuesta al control parlamentario que cabe ejercer sobre su actuación, formular valoraciones sobre las actividades de carácter privado de los miembros de la Casa Real, como no lo debe hacer, en este trámite, de las que desarrollan los integrantes de otros órganos constitucionales del Estado.
Madrid, 22 de febrero de 2005
El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes
LA EXTRAÑA VISITA DEL REY A PUTIN
Otra más:
Al parecer, y de forma poco institucional, teniendo en cuenta que los presupuestos de la Casa Real se aprueban en las Cortes Generales, lo más que se puede saber de los viajes oficiales que llevan a cabo el Rey D. Juan Carlos I y la Reina D.ª Sofía se reducen al discurso que se haya pronunciado en la ocasión, pero poco más. No se transmite sobre qué es de lo que se ha hablado en determinada reunión, ni qué acuerdos se han alcanzado.
El Rey, según la Constitución, en su artículo 56, «es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes».
De ahí la siguiente consideración: ¿está la Casa Real obligada por la Constitución a informar a la ciudadanía de los resultados de sus actividades? Bien es verdad que la Constitución no recoge la obligación de las instituciones a informar veraz y objetivamente de los resultados de las actividades realizadas, pero se sobreentiende (y así se recoge en la Declaración Universal de Derechos Humanos a la que se adhiere la Constitución española) que los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz y objetiva de las instituciones del Estado. Y, siendo tan sólo demócratas, el Rey, como Jefe del Estado, debería transmitir sus actividades ya que lo hace en nombre del Estado, no en nombre particular.
Sin embargo la realidad es bien distinta. Esta interpretación, muy particular, sobre las «obligaciones» de informar de la Casa Real no se corresponde con lo que sucede, lo cual lleva a la conclusión de que las actividades reales son a veces conocidas, pero no los resultados obtenidos. Y eso no debería ser el funcionamiento democrático de un país serio.
El pasado viernes 25 de agosto apareció en la prensa una fotografía del rey Juan Carlos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, como consecuencia de la estancia del Jefe del Estado español en la residencia estival de Sochi donde al parecer el rey ha pasado, en el mes de agosto, unos días de vacaciones dentro de sus larguísimas vacaciones veraniegas.
Al parecer, este tipo de agasajo obedeció, según el Sr. Putin, a que las relaciones entre España y Rusia están a muy alto nivel. Habida cuenta que la política exterior española no la diseña el rey sino el Gobierno, del que el rey es un protagonista más y habida cuenta que Vladimir Putin acaba de estar en España en visita oficial, ¿no ha sido esta la clásica visita de vacaciones del rey, en sus muy largas vacaciones con toda su familia subvencionada por el erario público y donde no ha habido ningún día para ocuparse de los incendios de Galicia o de los problemas de la inmigración ilegal en Canarias?
Por tanto, este senador desea que el Gobierno conteste a la siguiente pregunta: ¿conoce el Gobierno si en esa conversación del Rey con el Presidente Putin se habló de los derechos humanos en la región de Chechenia o del continuo cercenamiento de la libertad de expresión en Rusia o de alguna otra cuestión atinente a las relaciones entre los dos países?
Palacio del Senado, 12 de septiembre de 2006
Y, una vez más, la respuesta del Gobierno:
La visita a la que se refiere Su Señoría tiene su origen en la invitación cursada por el Presidente de la Federación Rusa con ocasión de la visita de Estado de éste a España en el pasado mes de febrero. Se encuadra dentro de una actividad habitual por la que dicho mandatario invita a Jefes de Estado extranjeros y líderes políticos en el transcurso del periodo veraniego, tanto en formato privado, como de reuniones internacionales.
En este caso, la invitación tenía un marco de actos privados que concluyeron el 24 de agosto. En lo que concierne a los contactos mantenidos con el Sr. Putin, mediaron conocimiento del Gobierno y asistencia de los servicios de nuestra Embajada. Concluidos aquellos contactos, S. M. Juan Carlos I viajó a Vologda con carácter estrictamente privado, por lo que no precisó la asistencia antes referida.
¿ACOMPAÑÓ EL EMBAJADOR DE ESPAÑA AL REY EN SU CACERÍA DEL OSO BORRACHO?
Seguí insistiendo sin éxito.
No contento con sus cacerías, se siguió informando de la hazaña de Juan Carlos I matando un oso borracho en Rusia. Un diputado de ERC le preguntó al Gobierno sobre lo que sabía de eso. La Mesa del Congreso se la rechazó porque decía que ese tipo de preguntas no son competencia del Gobierno. Y es verdad. La Constitución española dice que el Rey es «irresponsable», es decir, no se le pueden pedir responsabilidades. Pero como los embajadores dependen del Gobierno, ésta fue mi pregunta:
Este Senador realizó una pregunta parlamentaria sobre la reunión mantenida este verano entre el rey Juan Carlos y el presidente Putin. Aquello se presentó en plenas vacaciones estivales poco menos que como un viaje oficial para hablar de las magníficas relaciones entre España y Rusia cuando lo que se escondía era un viaje estival para una deplorable caza de osos.
Posteriormente, y no es la primera vez, nos hemos enterado del debate en la región de Vologda a cuenta del disparo a un oso que al parecer estaba previamente drogado. Si en Rumanía fue una osa en celo, en Rusia, un oso borracho.
Por todo ello y habida cuenta que el Rey es irresponsable a la hora de dar cuenta de sus actos ante una cámara legislativa pero un embajador no, ya que sigue las orientaciones del Gobierno, este senador desea saber si el embajador de España en Rusia participó en dicha cacería y si los responsables de la embajada española se pusieron al servicio de esta deplorable incursión cinegética.
Palacio del Senado, 27 de octubre de 2006
El Gobierno me contestó lo siguiente:
El Gobierno es informado puntualmente por la Casa Real de las actividades del Rey.
De acuerdo con el mandato constitucional, la responsabilidad de acción exterior corresponde al Gobierno, siendo Su Majestad el mejor embajador de la política exterior del Gobierno.
Las conversaciones de Su Majestad el Rey con el Presidente Putin tienen por su propia naturaleza, carácter reservado.
Que ante estas respuestas gubernamentales, alguien me diga si esto no es, una tomadura de pelo y algo impropio e indigno en un Estado que, diciéndose democrático, hurta al legislativo el control político obligatorio demostrando con cada respuesta la ínfima calidad democrática al proteger con la censura y la opacidad a una institución del Estado que, ante semejante permisividad, sabe que puede seguir abusando de su posición preeminente, del erario público sin presentar cuentas, y de la ligereza y frivolidad más absoluta porque el manto de impunidad, que el Gobierno le proporciona, le protege.
Sólo proclamar que estas son las únicas preguntas parlamentarias que sobre estos asuntos han sido formuladas en treinta años. Y ya se ve el éxito que han tenido.
UN COTO DE PERDICES PARA EL REY
Siempre he protestado cuando se comenta que la Monarquía española es de las más baratas del mundo y mucho más económica que los gastos de un presidente de la República. Se trata de una de las muchas manipulaciones que mantiene a la Monarquía en pie. Digo esto porque un ejemplo claro, uno más, es lo que ocurre con la Encomienda de Mudela, una enorme finca adscrita al Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Ciudad Real en la que el rey acostumbra a cazar perdices.
Desde 1999, gracias a un concurso negociado y sin publicidad, según informó
El
País, la gestión cinegética del coto la lleva Agrocinegética Modelo. Esta empresa pertenece al grupo Altube, del empresario Patxi Garmendia, líder en la cría de perdices y amigo del monarca. Allí se crían entre 5.000 y 10.000 perdices al año, dependiendo de la temporada. Los gastos salen del presupuesto de Parques Nacionales, aunque el uso es casi exclusivo de la Casa del Rey. El
catering
, por ejemplo, lo gestiona Paradores (otra empresa pública) por 105.600 euros, según la adjudicación del 16 de noviembre de 2006.
Pues nada. Que el rey vive a cuerpo de rey con coto de perdices a su servicio.
LE PROCUPA LA LEY QUE LIMITA LA CAZA CON PLOMO
Finalizando la VIII legislatura, el Gobierno remitió a las Cortes Generales un proyecto de ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la que se limitaba la caza con perdigones de plomo, que sirvió de argumento para que la Federación de Caza se manifestase contra el gobierno.
Sorpresivamente, la Casa Real confirmó que el rey se había interesado por el desarrollo de la norma, ya que «el Rey es cazador, pero también un gran defensor del medio ambiente y éste ha sido el sentido de su preocupación», precisó un portavoz. ¡Casi nada! Lo curioso del caso fue que dicho lo anterior, no se sonrojaron.
Pero el rey no se quedó en ésta iniciativa sino que también quiso pulsar la opinión de la industria armera y contactó con diversos agentes. Siempre, según un portavoz de la Casa del Rey, para propiciar que las municiones sean respetuosas con el medio ambiente.