Una monarquía protegida por la censura (18 page)

UN PROBLEMA DE ESTÉTICA

La explicación que le dan a Medina sobre el fracaso del golpe tiene todos los visos de ser verdad. En la página 352 lo resume así:

EL JUICIO DE CAMPAMENTO

Cuando ya está muy avanzado 1981, el comandante José Luis Cortina y el capitán Vicente Gómez Iglesias pasan a ser detenidos. En el entorno del primero se dice que se los acusa porque son la vía que «lleva al Rey», vía que eligen los abogados defensores de los acusados para exonerarlos de culpa a través del atenuante de «la obediencia debida»; los encausados, así, se hubieran limitado a cumplir «órdenes» que venían de la Zarzuela. Es cierto que durante la causa, inútilmente, los abogados defensores y los encausados intentarán demostrar que —título que, no por casualidad, da Pardo Zancada a su libro sobre el tema— el rey es «la pieza que falta» en el puzzle del golpe. ¿Se trataba tan sólo de una estrategia de defensa?

La investigación judicial del 23-F distó mucho de ser ejemplar. Y, sin duda, en ello tuvo que ver no poco aquella decisión que se tomó en los días inmediatamente siguientes al fracasado golpe: implicar al menor número de militares posible y a ningún civil, como si nunca hubiera habido otra «trama civil» que la que representaba el falangista García Garres en absoluta soledad. El que a menudo los eventos cruciales de la trama se desarrollaran en conversaciones con tan sólo dos protagonistas, es decir que acababan reducidas a un «yo digo, tú dices» sin, por tanto, valor probatorio, aún hizo más difícil desentrañar un laberinto en el que a veces parecía que lejos de derribarse muros, lo que se hacía era añadir nuevos rencores.

Todo esto se corrobora asimismo con meridiana claridad en la página 339 del libro de Josep Carles Clemente
El Pecado Original de la Familia Real Española
. Dice así:

Más claro, agua.

Sólo con estos dos testimonios, con estos dos libros, que se deberían haber discutido en universidades, en academias, en debates parlamentarios, en programas de radio y en televisión, en artículos de opinión, hay materia suficiente para que se termine esa patraña del rey salvador de la democracia.

Habiéndole escuchado a Antonio Carro lo que le escuché en el palacio de Oriente, habiendo conocido al rey, sabiendo de su ligereza, los puntos de éste puzzle me encajan y se resumen en la frase dicha por el general Milans del Bosch: «Yo soy monárquico —exclamaba—, pero esto no es tolerable, porque el rey nos ha engañado, porque nosotros hemos avanzado y él se ha echado atrás...».

Seguramente Milans del Bosch, que había hablado de todo esto decenas de veces con Armada y éste con el rey, estaba convencido de que todo lo que decía Armada era por boca del rey, y por eso sacó los tanques a la calle.

Milans del Bosch falleció. Armada cultiva camelias y no abre la boca, pero la modélica democracia española sigue teniendo como su clave de bóveda lo que hizo el rey aquella noche, que no fue más que ponerse el uniforme y decir a los suyos que volvieran a los cuarteles después de haber creado las condiciones para que todo aquello se produjera. Y, además, lo hizo muy tarde, de madrugada. ¿Por qué?

¿Por qué todos los complotados usaron el nombre del rey? ¿Por qué y en calidad de que fue Armada a negociar con Tejero al Congreso? ¿No sabía nada el rey de lo que ocurría en los Cuarteles?

¿Sabremos alguna vez la verdad?

¿Por qué no dejan de mentirnos con el equívoco papel del rey aquel lejano 23-F?

Me encontré con Manolo Núñez en La Moncloa en diciembre de 2007. Zapatero había organizado un acto en recuerdo de todos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado fallecidos en acto de servicio. Eran veintisiete personas, siendo los dos últimos los dos guardias civiles asesinados en Capbreton por ETA, pero los demás habían muerto o en refriegas con criminales de delito común o en accidentes. Me parecieron muchos en ese año 2007.

Pero allí estaba Manolo Núñez como presidente del Tribunal de Cuentas en labores de representación. Manolo, que ha sido diputado por León durante 24 años y ministro de Sanidad con Calvo-Sotelo, es una buena persona, de esas buenas personas de la época de UCD que a sus 74 años seguían en la brecha y escribiendo todos los días en su diario. Con él viajé a Ankara y a Estambul en tiempos de la presidencia de Félix Pons, cuando Ignacio Astarloa (secretario general del Congreso) estaba pasando suavemente de las simpatías hacia el PNV (había sido letrado mayor del Parlamento Vasco e hijo de un afiliado de nuestro partido) a una militante simpatía hacia el PSOE, que era quien mandaba. Cuando llegó Federico Trillo a la presidencia del Congreso y prescindió, con razón, de sus servicios, se fue un tiempo a la universidad, y, al rescatarlo de allí José María Michavila, se convirtió en un beligerante ariete del PP. Es el caso más flagrante de
saltimbaquismo
político que he visto en Madrid en estos años. Pinito del Oro a su lado, una aficionada.

Con toda esta confianza por detrás, estuve a punto de preguntarle aquella mañana de invierno al bueno de Manolo por las cuentas del rey. Ya sé que el rey es «irresponsable», pero en la Constitución española se dice claramente que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, dependiendo directamente de las Cortes Generales. Para darle mayor estabilidad al Tribunal de Cuentas, sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a la misma incompatibilidad que los jueces.

Pero no le pregunté para no poner a Manolo en un brete. Sabía que me iba a contestar eso de que la persona del rey es inviolable y no está sometida a responsabilidad. Pero también dice que de los actos del rey serán responsables las personas que los refrendan, y si bien, en el artículo 65, se recoge que el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa de los que dispone libremente, en ningún sitio se dice que este dinero público no pueda ser fiscalizado. Mas si el Tribunal de Cuentas lo hace con otras instancias e instituciones del Estado, ¿por qué no lo hace con su Jefatura? No dice que se haga, pero tampoco que no se haga. Un acuerdo del PP y el PSOE permitiría, como en Gran Bretaña, hacerlo. ¿Por qué no?

EL INTERVENTOR

A raíz de todo el lío de la revista
El Jueves
y de mis declaraciones, y antes de la quema de fotografías, apareció en una esquina de la prensa, como quien no quiere la cosa, una breve noticia el 3 de setiembre de 2007 en la que se decía que el rey había fichado como interventor de la Casa Real a un antiguo funcionario de Hacienda, ya jubilado, a quien le habían puesto un despacho en La Zarzuela, cuyo nombre era Oscar Moreno Gil y que tenía 72 años. Para darle mayor relevancia, comentaban que era una decisión burocrática de la mayor trascendencia, que dependería del jefe de la Casa Real, Alberto Aza; pero quedaba claro que no se trataba de un interventor delegado que debería rendir cuentas a un organismo superior, porque no hay un organismo superior de control sobre la Casa del Rey. La creación de este cargo, iniciándose aquel setiembre, no significaba por tanto que a partir de esa fecha se fuera a hacer público cómo se gestiona la partida de los Presupuesto Generales del Estado destinada a la Familia Real y que ese año 2007 ascendía a 8,29 millones de euros. Ni mucho menos.

Ese movimiento, tras aquel verano turbulento, de alguna manera venía a ser un reconocimiento mínimo a una situación absolutamente anómala. El debate ya estaba en la calle y con el tiempo terminará llegando al Parlamento, porque el nombramiento del interventor real no era tanto el de un fiscalizador como el de un gerente de las cuentas del rey. Una labor interna en la que, más que pronunciarse sobre la conveniencia de los gastos que realizan, la tarea de Moreno Gil consistió en comprobar si se ajustaban a la legalidad vigente. Lo curioso es que este alto funcionario obtuvo dos medallas de oro y mención especial del jurado del Salón Internacional de Invenciones de Ginebra por sus descubrimientos sobre la conducción de la luz a través de espejos y lentes cónicas. Con su invento, si se instala una lente inventada por él en una cámara fotográfica, ésta obtendría diez veces más de luminosidad.

Es curioso, pues, que un inventor de estas características tenga ahora el encargo de darle opacidad contable a las cuentas reales. ¡Inventar genialidades para esto!

Y otro dato. Óscar Moreno es un cazador de elefantes. Seguramente también de osos. Se inició en estas artes en Guinea Ecuatorial, donde estuvo destinado como funcionario colonial antes de la independencia. Allí consiguió, incluso, el título que permite acompañar, como responsable, en los safaris cinegéticos.

En definitiva, que la gran noticia democrática al iniciarse aquel mes de septiembre de los líos, era que la Casa Real había fichado un interventor, una especie de don Tancredo, figura que no había tenido en treinta años de funcionamiento a pesar de los miles de millones invertidos por el erario público en su mantenimiento. Un interventor que hasta lo tiene el ayuntamiento más pequeño. Otro dato más para engrosar la memoria de las peculiares características de la ejemplar transición española.

THE TIMES
CRITICA AL REY

Apenas mereció una breve nota en los medios, y alguno recogió las pocas reacciones políticas que generó la noticia. El nombramiento del interventor del Rey, durante los días inmediatamente posteriores al anuncio, no generó comentarios significativos ni debate en España. Tuvo que ser en el Reino Unido donde saltó la polémica sobre la falta de transparencia en las cuentas de don Juan Carlos, de la que dio amplia cuenta
El Siglo
. El diario
The Times
publicó un artículo muy crítico sobre el monarca y su estilo de vida, asegurando que «pierde el favor de sus súbditos». Un poco después, con menos virulencia, otros medios españoles volvieron a ahondar en el tema.

Ha sido idolatrado durante 30 años, navegando en yates caros, conduciendo motocicletas y disfrutando de la buena vida mientras recibía un trato que la reina Isabel II no habría podido imaginar. Ahora, sin embargo, hay señales de que Juan Carlos I está en peligro de perder la simpatía de sus súbditos. Bajo una presión cada vez mayor de los críticos, ha nombrado un auditor para supervisar los gastos de la Familia Real, que se mantiene oculto de la luz pública por ley.

Estas palabras pertenecen al mencionado artículo publicado en
The Times
, una de las principales cabeceras británicas pertenecientes al
holding
de medios de Rupert Murdoch, News Corporation —y donde José María Aznar es consejero—. La noticia, titulada «El Rey popular que aplastó un golpe de Estado pierde el apoyo de sus súbditos» y publicada a propósito de una serie de reportajes sobre las monarquías europeas coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte de Lady Di, aparecía en las páginas del rotativo días después de que se hiciera público el nombramiento del interventor del Rey, cuyo cometido era «el control de la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable» de la Casa Real. El tema, pues, condicionó en gran medida el artículo. El periodista recogía los testimonios de diputados nacionalistas como Joan Tardà, portavoz de ERC, que también la semana anterior había vertido su valoración sobre el nombramiento en las páginas de
El Siglo
, que ponía en portada: «No hay quien le pida cuentas». En
The Times
, el parlamentario de Esquerra aseguraba que «las finanzas de la Casa Real son un gran agujero negro», pero «el tabú sobre la Monarquía está a punto de desaparecer». Como recordó
El Siglo
, la Constitución permite al monarca distribuir «libremente» la asignación que recibe cada año de los Presupuestos Generales del Estado, pero nada le impide hacer público de qué forma y con qué fin distribuye el dinero, que en el ejercicio de 2007 ascendía a los 8,3 millones de euros. Desde ERC se lo habían pedido en numerosas ocasiones sin éxito: PSOE, PP y CiU no han permitido que prosperara su centenar de preguntas parlamentarias y su proposición no de ley para fiscalizar las cuentas de la Jefatura del Estado, por eso recurrieron al Tribunal Constitucional en el mes de junio a fin de levantar el bloqueo.

El artículo continuaba recordando otras cuestiones incómodas y comprometidas para la Familia Real. Es el caso de la polémica portada de
El Jueves
; de las opiniones vertidas por el senador del PNV, Iñaki Anasagasti, que en su
blog
les ha llamado «panda de vagos»; o del hecho de que el monarca fue nombrado por Franco, aunque reconoce que ayudó a desmontar el régimen y a frenar el 23-F, «ganándose el respeto de una generación de directores de periódico españoles que desde entonces le garantizaron una cobertura positiva».